Cataluña amenaza con ir a los tribunales si no se rebaja el objetivo de déficit

El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha anunciado hoy que el ejecutivo catalán presentará un requerimiento al Estado al considerar que incumple la ley de estabilidad presupuestaria y que, si «aplicara correctamente la normativa, el objetivo de déficit que correspondería a las autonomías para 2013 sería del 1,7 % del PIB y no del 0,7 % vigente».

Homs ha señalado que este diferencial de un punto porcentual permitiría a la Generalitat evitar la aplicación de recortes por valor de 2000 millones de euros.

Homs ha reconocido que la Generalitat no confía en que el Estado atienda sus reivindicaciones, por lo que el próximo paso sería acudir a los tribunales.

El Govern ha autorizado al departamento de Economía a formular un requerimiento al Ejecutivo central contra los objetivos de déficit fijados para las comunidades autónomas al entender que estos objetivos vulneran puntos de la ley de estabilidad presupuestaria, aprobada por el Gobierno en abril de 2012.

Según explica el gobierno catalán, el déficit presupuestario de las administraciones públicas tiene un componente estructural y un componente cíclico, que depende de la situación de la economía, y la Ley orgánica 2/2012 estipula que las administraciones públicas alcanzarán la estabilidad presupuestaria cuando no incurran en déficit estructural.

En su disposición transitoria primera, dicha ley fija el año 2020 como límite para que todas las administraciones estén en situación de equilibrio o superávit estructural.

Sin embargo, indica el Govern, los objetivos fijados para las comunidades implican que las autonomías tienen que lograr un superávit estructural en el año 2014, seis años antes del horizonte establecido de 2020, y también antes de que lo haga la Administración central.

Además, agrega el Govern, el Ejecutivo de Mariano Rajoy incumple la obligación de repartir los objetivos de déficit estructural a 1 de enero de 2012, ya que los objetivos fijados otorgan a las autonomías una fracción decreciente del déficit estructural cada año.

El acuerdo aprobado hoy por el gobierno catalán establece que si transcurrido el límite legalmente previsto el Gobierno no ha atendido su requerimiento, el departamento de Economía «tendrá la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo por incumplimiento de la ley».