Yolanda Díaz rescatará las ayudas que las empresas ya rechazaron para sacar adelante su reducción de jornada

El proyecto de ley de reducción de jornada laboral llega este martes al Consejo de Ministros después de más de dos meses de espera. Lo hace con el aval del Consejo Económico y Social (CES), en un documento en el que los agentes sociales consiguieron mantener el equilibrio entre las críticas al proyecto y la necesidad de reducir la jornada. Desde entonces, el texto ha estado congelado a la espera de vislumbrar algún apoyo para el trámite parlamentario.

Díaz está dispuesta a usar la bala de las ayudas directas de hasta 6.000 euros para las empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, hostelería, limpieza, peluquerías y agricultura con un coste aproximado de 350 millones de euros. Así pretende convencer a los grupos parlamentarios. En su momento, puso sobre la mesa estos apoyos económicos con subvenciones con las que se podrían llegar a beneficiar unas 470.000 empresas de estos cinco sectores.

Pero finalmente Trabajo finiquitó la mesa de negociación tripartita en noviembre para la reducción de la jornada laboral tras retirarse CEOE y Cepyme de forma definitiva del posible acuerdo y rechazar la propuesta elaborada por el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Gobierno dio así por finalizadas las conversaciones con las patronales y además anuncia que retirará el paquete de ayudas para las empresas. En cualquier caso, las patronales siempre criticaron estos programas de apoyo porque solo iban dirigidos a empresas que contratasen a más trabajadores para cubrir los huecos de la nueva jornada laboral, y no para solucionar el problema de gestión de plantillas actuales que se les plantea con la medida.

La tramitación parlamentaria puede ser más corta de lo que Díaz esperaba. Ayer mismo, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, anunció que su partido presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana porque la propuesta actual «es un ataque frontal a los autónomos y a las pymes catalanas«.

Así lo indicó Nogueras en rueda de prensa de prensa desde la sede de Junts, donde aseguró que la propuesta actual supone «un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña», que representan el 99,8% del tejido empresarial de esta comunidad autónoma.

Nogueras aseguró que esta ley «no cuenta con el consenso social suficiente», ya que «solo se ha negociado con los sindicatos españoles» y lamentó que en Junts «nos encontramos la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar, aunque fuese, una coma de este texto», por lo que es un documento que se ha hecho «dando la espalda al tejido productivo y laboral de Cataluña».