Trabajo anuncia que no habrá ayudas por la reducción de jornada para las empresas tras retirarse la CEOE de la negociación

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció tras los que fue la última mesa a tres bandas que arranca ahora una negociación exprés con UGT y CC.OO. para cerrar los términos del texto del anteproyecto de ley que llevará al Congreso lo antes posible. De hecho, el número dos de Yolanda Díaz confirmó que desde este viernes se inicia el proceso de audiencia pública, como el primer paso del trámite legislativo de la medida.

En este punto, como se había avanzado desde este medio, la primera de las consecuencias del rechazo de las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva es la retirada del paquete de ayudas económicas para las empresas. Entre ellas, las bonificaciones para la contratación de empleados en empresas de menos de diez trabajadores que se vieran obligadas a reforzar las plantillas para tapar los huecos generados por el recorte horario y las ayudas directas de hasta 6.000 euros para las empresas de menos de cinco trabajadores destinadas a la digitalización de los negocios.

«El texto cambiará, hay aspectos que solo tenían sentido con la patronal dentro», reconocía Pérez Rey al término de la reunión mantenida este jueves deslizando que los propios sindicatos ya se habían pronunciado en este sentido durante el encuentro y asegurando que «las ayudas o apoyos a las empresas no parecen de recibo en la búsqueda de un acuerdo con las organizaciones sindicales».

Este sentido de la negociación bilateral que arranca desde este momento -aún sin fecha confirmada para la primera reunión entre trabajo y los sindicatos- fue igualmente atestiguado por el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, asegurando que la incorporación de ayudas para las empresas en el perímetro de la reducción de jornada es una cuestión que debía de ser atendida por CEOE y Cepyme, y señalando que no es responsabilidad de los sindicatos proteger esas ayudas en la negociación bilateral con el Gobierno.

Con todo, desde el Ministerio de Trabajo cargaron duramente -pese a agradecer la labor de los negociadores de las organizaciones empresariales- contra CEOE y Cepyme, asegurando que es «una tomadura de pelo» que once meses después del inicio de las conversaciones las patronales hayan expuesto como argumento a la negativa que la distribución y fijación de las jornadas de trabajo deben quedar sujetas al ámbito de la negociación colectiva.

«Expreso mi perplejidad de que once meses después del inicio de la negociación las organizaciones empresariales nos digan que solo se puede reducir la jornada por negociación colectiva», señalaba Pérez Rey negando este extremo y asegurando que «la jornada máxima solo se puede reducir por Estatuto de Trabajadores». «Es una tomadura de pelo. Hasta aquí ha llegado la mesa, la damos por concluida», sentenciaba el secretario de Estado.

De hecho, en esta nueva fase, de la que Pérez Rey aspira a un acuerdo «inminente», parece que UGT y CC.OO. centrarán sus demandas en las garantías de aplicar un registro horario efectivo del que la Inspección de Trabajo pueda hacer un seguimiento remoto. Y también endurecer las sanciones económicas para las empresas que incumplan, tanto con un incremento de las cuantías a considerarse las infracciones como muy graves como una multiplicación de las mismas al atribuir a las empresas una falta por cada uno de los trabajadores afectados.

En este punto, los sindicatos apuntan a una vuelta a los términos de la negociación establecidos antes de verano. Precisamente, en este momento el Ministerio de Trabajo aún no había desplegado la artillería de ayudas para las empresas de menos de diez trabajadores con las que trató de sumar a las patronales a un acuerdo que ya en las últimas semanas se había asumido como imposible tras el pronunciamiento de los órganos de dirección de CEOE rechazando la última oferta.

Fuentes patronales y sindicales de la negociación consultadas por ABC ya advertían justo antes del encuentro, tal y como publicó este medio, del resultado de la última reunión -con la cierre final de la mesa tripartita- aventurando que el paquete de ayudas para las empresas caería en saco roto sin el concurso de la patronal en el acuerdo final de reducción de jornada. Eso sí, le queda aún al Gobierno labrar el árido terreno de la negociación parlamentaria, un pulso que ya se ha comenzado a tomar con las diferentes formaciones políticas según desliza el Ministerio de Trabajo.

Precisamente, es aquí donde los agentes sociales -empresarios y sindicatos- no descartan que el Gobierno vuelva a poner encima de la mesa algunas de las ayudas para las empresas de menor tamaño, que serían las más afectadas por el inevitable incremento de costes que acarrea la reducción a 37,5 horas, con el objetivo de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley en el Congreso. «Formaciones como PNV y Junts podrían intentar rescatar parte de las ayudas», señalan fuentes de la negociación.