Yolanda Díaz mete en la agenda del Gobierno la subida de impuestos a la sanidad y la educación privada

«Esto no va de quién paga qué, sino que va de servicios públicos y por eso vamos a hacer una propuesta que conocerán ustedes y que vamos a negociar y a llegar a un acuerdo con el PSOE», ha asegurado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De paso la ministra de Trabajo ha vuelto a situar en el foco una vieja aspiración de su formación: la derogación de la exención de IVA de que disfrutan los servicios sanitarios y educativos prestados por empresas privadas, enmarcada dentro de la exención general en este impuesto sobre todos los servicios educativos y sanitarios con independencia de la naturaleza de quien los preste.

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La iniciativa, una propuesta que tanto Podemos como posteriormente Sumar han incorporado con regularidad a sus propuestas políticas sobre fiscales y que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a estudiar de cara a la fallida presentación del proyecto de Presupuestos de 2019, plantea discriminar entre los servicios sanitarios y educativos prestados desde lo público y los prestados desde lo privado, estableciendo un tipo de IVA del 10% o el 21% sobre aquellos que no se prestan desde la esfera de lo público.

Parte del argumentario en defensa de esta medida se sostiene sobre la evaluación de beneficios fiscales realizada en su día por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que estimó en 2019 en 3.457 millones de euros el coste conjunto de un incentivo diseñado con el objetivo de reducir los precios para facilitar el acceso a educación y sanidad, y descongestionar del sistema público, según relataba el propio informe, y cuya efectividad calificó como «no concluyente».

Las dudas del informe de evaluación de la Airef se basaban en que «de levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público«.

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