El 'think tank' de Hacienda agita el debate sobre la legalidad de los límites al pago en efectivo
Un informe difundido desde la institución, clave en la configuración de la política fiscal, insta a revertir el límite legal que penaliza las transacciones en metálico por encima de los 1.000 euros
Los informes independientes pedidos por Hacienda sobre su ley de medidas contra el fraude fiscal ponen también este asunto en el punto de mira
Un informe solicitado por Bruselas denuncia excesos en la lucha de Hacienda contra el fraude fiscal
«Parece claro que, para estar en consonancia con la política del BCE y con los postulados del Derecho de la Unión Europea, la medida debería de modificarse o reformularse en el sentido apuntado en el mencionado dictamen». La 'medida' hace referencia al tope legal de 1.000 euros impuesto por el Gobierno ... para las transacciones en efectivo en las que una de las partes es una empresa o profesional desde julio de 2021, el 'dictamen' se refiere a un célebre posicionamiento del BCE que cuestionó ese límite legal con el argumento de que podía llegar a poner en peligro la viabilidad del efectivo como medio de pago y el entrecomillado está extraído de una investigación patrocinada por el Instituto de Estudios Fiscales -el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda- sobre el proceso de digitalización de la Agencia Tributaria.
Hasta ese órgano, clave en el proceso de toma de decisiones del Ministerio de Hacienda, ha llegado el debate sobre los límites al uso de efectivo en España, que en menos de una década han pasado de los 15.000 euros en que estaban antes de 2012 a los 1.000 euros en que están desde julio de 2021 a horcajadas del argumento de estrechar el cerco al fraude fiscal.
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El proceso impulsado desde las autoridades fiscales se ha ejecutado a costa del prestigio del efectivo como medio de pago, al que se ha teñido de una sombra de sospecha por amparar supuestamente prácticas de fruade fiscal que organizaciones como la Plataforma Denaria tildan de injusta y tratan de limpiar.
El debate sobre la legalidad de los límites al efectivo
«Nos preocupa y nos irrita que se utilicen los límites al efectivo como una respuesta al fraude. No vamos a decir que no haya fraude fiscal en la utilización de efectivo, pero hay mucho menos del que existe en otros ámbitos de los que no se habla tanto», asegura Javier Rupérez, presidente de Denaria, una plataforma que agrupa a organizaciones sociales en defensa del uso del efectivo y de sus ventajas.
La Agencia Tributaria tiene el uso de efectivo en su punto de mira desde hace tiempo. Los planes anuales de control tributario señalan de forma sistemática a los sectores que utilizan de forma intensiva el efectivo como objetivos de las actuaciones de la Inspección y al actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se le ha oído decir en más de una ocasión que «en la medida en que se consigamos limitar el uso de efectivo conseguiremos reducir el espacio al fraude».
Hacienda, de hecho, explica parte del caudal histórico de recaudación ingresada en los últimos dos años por el mayor uso del pago con tarjeta y la consiguiente reducción de los pagos en efectivo. Es más una intuición que una certeza contrastada, porque como recuerdan desde Denaria Hacienda admitió en una reciente respuesta parlamentaria que sería muy osado asignar una parte específica de los ingresos de la lucha contra el fraude a las restricciones al efectivo. No hay datos que avalen la eficacia de la medida.
Una falta de evidencias que las evaluaciones independientes sobre las medidas incluidas en la ley de lucha contra el fraude aprobada por el Gobierno realizadas por Fide y la Fundación Impuestos y Competitividad han puesto de manifiesto para cuestionar las limitaciones legales al uso de efectivo y plantear posibles cambios.
El presidente de Denaria asegura que la plataforma está manteniendo contactos con Gobierno y partidos al objeto de reubicar ese límite en los 5.000 o los 10.000 euros.
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