El Gobierno ignora el varapalo del BCE a los límites al efectivo

Un diputado del Partido Popular formuló una pregunta escrita al Ejecutivo sobre el impacto que tiene esa limitación en la exclusión financiera, citando expresamente los argumentos contrarios de la institución con sede en Fráncfort. Mes y medio más tarde contestó el Ejecutivo, reafirmándose, sin hacer referencia a la cuestión y obviando al BCE.

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Daniel Caballero

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«En España, tras casi una década desde la implantación de límites a los pagos en efectivo, no ha existido ninguna distorsión destacable en el funcionamiento de las empresas ni en el de los hogares, habiendo sido pacífica la aceptación de la norma», defiende el Gobierno en su escrito, al tiempo que incide en que con la crisis del Covid-19 se ha reducido el uso del dinero físico.

Así las cosas, el Ejecutivo sostiene que no es habitual realizar transacciones en metálico en España superiores a los 1.000 euros, donde está fijado el límite. «El pago de cualquier transacción con dinero en efectivo por valor mayor a 1.000 euros es raramente realizado por cualquier ciudadano y se limita a las operaciones inmobiliarias o a las de bienes de consumo duradero. Es en estas, precisamente, en las que se quiere incidir para limitar el posible efecto de economía sumergida que esos pagos supondrían, sin limitar, por otra parte, los pagos ordinarios o de la vida cotidiana», añade el documento.

Se apunta, de esta manera, a que tanto en el sector inmobiliario como en las adquisiciones de bienes duraderos se da un problema de economía sumergida que buscan atajar.

El discurso del Gobierno choca, pese a la omisión en su respuesta, con la postura del supervisor. Actualmente no se pueden realizar pagos en efectivo entre empresarios, ni entre un particular y un empresario, superiores a 1.000 euros. Y eso el BCE no lo ve con buenos ojos. «El BCE considera que es desproporcionado reducir a 1.000 euros el límite del pago en efectivo en las operaciones en que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional. Tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros. Además, este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago», señaló la institución en un dictamen el 15 de marzo de este año.

Ese dictamen, que fue emitido a iniciativa propia del supervisor, es decir, sin que el Ejecutivo español haya consultado, también apunta a que «el régimen sancionador establecido en la ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25% del importe pagado parece desproporcionadamente elevada». Y añade, acto seguido, que límites de esta índole «no deben ir más allá de lo necesario para lograr sus objetivos y que cualquier efecto negativo de las limitaciones propuestas debe sopesarse con cuidado».

La normativa española, con todo, amplía el límite hasta los 10.000 euros cuando el pago en metálico se hace por personas físicas que no tienen su domicilio fiscal en España. Un extremo que tampoco aprueba el BCE: «La aplicación de una norma distinta a los pagos hechos por no residentes no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes».

El hecho de haber ignorado al BCE en este asunto sienta un primer precedente ante lo que puede estar por venir con respecto al nuevo impuesto a las entidades financieras. El nuevo gravamen está ya en tramitación en el Congreso y el Gobierno, como gesto, ha decidido pedir opinión al BCE sobre la idoneidad de este impuesto. Aunque, según las fuentes consultadas, la intención de Hacienda es que el tributo salga adelante pese a que haya una dura oposición del supervisor, como se espera.

Lo que busca el Gobierno consultando al BCE es tratar de ablandar al supervisor en su análisis para evitar una condena radical como ya ocurrió con un impuesto similar en Lituania, como publicó ABC. Por lo pronto, el supervisor ya tiene sobre la mesa la petición para analizarlo.