La unidad de mercado, una asignatura todavía pendiente

Madrid permitirá operar en su territorio con licencias obtenidas en otras autonomías. De nuevo gana enteros para atraer negocios e inversiones e impulsar el crecimiento y el empleo

27/12/2021 a las 03:14h.

Parece mentira que, a estas alturas, la unidad de mercado siga siendo una asignatura pendiente en España. La Constitución, en su artículo 139, asegura que «ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y ... la libre circulación de bienes en todo el territorio español». Y hace ya casi una década, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una ley de unidad de mercado. Cuatro años más tarde, el Constitucional avaló la norma recurrida por el Parlamento de Cataluña, pero exigió un estándar normativo común para aplicar el principio de eficacia en todo el territorio nacional. El fallo del TC, sin embargo, declaraba inconstitucionales y nulos los arts. 19 y 20 y la Disposición adicional décima de la Ley de Unidad de Mercado que establecía el denominado «principio de eficacia en todo el territorio del Estado de los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades del lugar de origen». Es decir, que bastaría con cumplir las normas en una comunidad para que fueran válidas en toda España, algo que fue entendido por algunos gobiernos autonómicos, y en concreto, por el catalán, como una invasión de sus competencias.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una norma, que entrará en vigor el próximo año, la Ley de Mercado Abierto, que permitirá precisamente eso que preveía la ley que diseñó el equipo de Luis de Guindos, que empresas y autónomos de cualquier punto de España puedan operar en Madrid sin necesidad de tener que sacar una nueva licencia de actividad o de obtener un nuevo permiso nuevo. Bastará con el que haya expedido Cataluña, País Vasco, Galicia... Se trata de una importante reducción de las trabas burocráticas en un país en el que, según la Comisión Europea, está entre los diez Estados miembros que más restricciones imponen a la apertura de establecimientos minoristas y el segundo más restrictivo en cuanto a su explotación.

Una de las principales quejas de los emprendedores que quieren abrir un negocio, pero también de empresas consolidadas en una comunidad que quieren trasladarse a otra, o que quieren vender sus productos fuera de su lugar de origen, es la excesiva regulación y burocracia. No tiene sentido que tengas que cumplir reglas distintas dentro del mismo país, en función de si estás en una u otra autonomía, pero pesa demasiado el interés de algunos gobiernos regionales de dejar su impronta, aunque eso suponga mermar la competitividad, la actividad económica y la creación de empleo de tu territorio.

España se sitúa en el puesto 114 de 141 países en cuanto al nivel de carga regulatoria al que deben hacer frente las empresas

Para acabar con esas divergencias regionales, los expertos plantean dos opciones:el autonomismo, –con el principio de que cualquier legislación de una autonomía debería ser respetada en el resto del Estado–, que es lo que quiere hacer Madrid, y lo que incluyó la ley de 2013 el PP, pero que cercenó el Constitucional; –y la armonización, según la cual el Estado establece las bases de cualquier legislación desarrollada desarrollada después por los parlamentos regionales–, de manera que haya una regulación única en toda España. Pero tampoco hemos apostado por ello.

Ante esa falta de iniciativa estatal cada comunidad hace la guerra por su cuenta. Madrid está tomando posiciones y con esa nueva ley de mercado abierto, aunque podría parecer que pierde poder, lo que hace es poner una alfombra roja a la inversión y a la empresa. Suma así nuevos enteros para seguir copando los primeros puestos de crecimiento y riqueza per cápita. Es probable que algunos acaben pidiendo también aquí la armonización, pero para poner más trabas.