Sólo 222 de los 8.131 municipios aplican el recargo del IBI a las casas vacías que la ley de vivienda disparará al 150%

La penalización fiscal agravada introducida por el Gobierno sobre las viviendas desocupadas aspira a incrementar la oferta de pisos de alquiler en el mercado, por la vía de castigar la acumulación de inmuebles sin un uso específico, que se acostumbra a vincular a motivaciones especulativas.

Algunos expertos, como el socio director de Práctica Tributaria de la firma Ideo Legal, Jesús Rodríguez Márquez, ya han advertido de que la experiencia hasta la fecha de este recargo, que se introdujo por primera vez en la reforma de 2002 de la ley reguladora de las haciendas locales, apunta a que las administraciones tributarias municipales, incluso las de ciudades de gran tamaño, tienen dificultades a la hora de gestionarlo y, sobre todo, de acreditar la situación de desocupación continuada de una vivienda.

Tal vez por esas dificultades de gestión este recargo ha tenido un desarrollo limitado hasta ahora. Según los últimos datos sobre las ordenanzas fiscales municipales publicados por el Ministerio de Hacienda, apenas 222 municipios tiene regulado este recargo y las viviendas vacías ubicadas en los mismos no llegarían a representar ni el 10% del total de casas desocupadas registradas en España, según la última referencia oficial de viviendas vacías publicada en su día por el INE.

La información recientemente actualizada por Hacienda revela que el recargo se aplica solo en una decena de capitales: Barcelona, Albacete, Cáceres, Córdoba, La Coruña, Santiago de Compostela, Logroño, Segovia, Sevilla y Zaragoza.

Tomando como referencia el porcentaje de viviendas vacías detectado en estas localidades por el INE en 2011 (algo más de 200.000) y la cifra total de inmuebles desocupados que se atribuye a España, que supera ligeramente los tres millones, el universo de inmuebles deshabitados expuestos al recargo fiscal en el IBI ni siquiera alcanzaría al 10% del parque inmobiliario sin ocupar de España.

El aumento de la preocupación por la vivienda y singularmente por la falta de oferta disponible de inmuebles a precios asequibles para jóvenes o familias en situación de vulnerabilidad no ha impulsado la aplicación de esta figura en los últimos años. Si en 2008 la cifra de municipios que aplicaban el recargo era de 175, principalmente en zonas turísticas del arco mediterráneo; y en 2013, justo después de la crisis y con las arcas de los ayuntamiento ávidas de nuevos recursos, había aumentado hasta los 100; en 2022, casi una década después, la cifra solo ha avanzado hasta los 222.

Es más, desde 2018, cuando la posibilidad de una reforma gubernamental que incrementara la penalización fiscal sobre las viviendas vacías se ha hecho más probable, la cifra apenas ha avanzado desde los 215 hasta los 222. En ese periodo, 17 municipios, entre ellos Badalona, Almuñécar, Logroño o Talavera, regularon el recargo, mientras que una decena lo desactivó. Una tercera parte del total de municipios que aplican esta figura están en la provincia de Barcelona, única zona de toda España donde parece que ha tenido éxito. Un indicador de que el recargo en el IBI no se ve como la solución al problema de la eventual especulación con la vivienda es que casi ningún municipio de los que el INE identificó como lo que tenían un mayor porcentaje de inmuebles desocupados lo ha utilizado para forzar a ponerlos en el mercado.

Sin embargo, el Gobierno confía en que el endurecimiento del recargo fiscal en el IBI consiga una mayor efectividad y que la mayor magnitud del castigo anime a los consistorios a aplicarla y a los propietarios a poner su casa en alquiler. Ese es el objetivo, «que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad», como se remarca en la redacción de la norma.

Estos sobreprecios seguirán siendo del 50% de la cuota líquida del impuesto cuando se trate de un inmueble desocupado con carácter permanente, de forma continuada y sin causa justificada durante un periodo superior a dos años, siempre y cuando dicho inmueble pertenezca a titulares de cuatro o más viviendas de uso residencial. La intención es que sea un penalización a fondos y grandes propietarios a los que una parte del Gobierno ha acusado en repetidas ocasiones de ser uno de los causantes de las tensiones de oferta en algunas capitales.

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Ahora, si el ayuntamiento de turno regula el recargo estos propietarios tendrán que pagar hasta el doble por el IBI si el periodo de desocupación de la vivienda supera los tres años.

Pero el castigo podrá ir más allá, ya que se ha regulado la posibilidad de añadir un 50% adicional cuando los pisos vacíos pertenezcan a titulares que tengan dos o más inmuebles de uso residencial en el mismo término municipal. Estos propietarios podrían llegar a pagar un recargo del 150% si no ponen sus pisos en el mercado.

Habrá excepciones solo cuando exista el traslado temporal por razones laborales o de formación, un cambio de domicilio por situación de dependencia o razones de salud o emergencia social, inmuebles destinados a segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación, inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, u otras circunstancia.

También cuando estén inmersas en un litigio o causa pendiente de resolución judicial o administrativa que impida su uso. El Gobierno se ha esforzado en objetivar las causas que justifican el mantenimiento como desocupada de una vivienda para facilitar la acreditación de la desocupación justificada, que prevé la norma.

Queda por ver cómo queda el mapa político tras las elecciones municipales del próximo domingo, pero de permanecer tal y como está, no se esperan cambios relevantes en este sentido. La ciudad que en 2011 tenía más casas vacías, por lógica demográfica y no en proporción, era Madrid con cerca de 150.000 viviendas desocupadas. Y el ayuntamiento popular de José Luis Martínez-Almeida ya ha asegurado que no aplicará la penalización habilitada por el Gobierno.