El sector público repartió 200.000 millones de financiación a empresas sin planificación alguna y sin evaluar sus resultados
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) revela que hay cientos de dispositivos financieros pero que sin embargo el apoyo solo llega al 4% del tejido empresarial
Pide consenso político para reforzar sus funciones de evaluación e impedir que se diluya el análisis de resultados sobre las políticas públicas
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Madrid
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Iniciar sesiónLa administración pública repartió más de 200.000 millones de euros de apoyo financiero al tejido empresarial entre 2010 y 2019. Lo hizo, según reveló ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a través de una treintena de instrumentos financieros distintos, lanzados ... desde nueve organismos estatales diferentes, sin ninguna coordinación entre sí, sin una planificación digna de tal nombre y sin una evaluación sobre si consiguieron o no los objetivos que se habían planteado.
Estas son algunas de las lagunas que ha detectado la Airef en su informe de evaluación sobre el sistema español de instrumentos financieros de apoyo a sectores empresariales, es decir, sobre todo el universo de mecanismos de liquidez, líneas de financiación o créditos blandos dispuestos por las administraciones públicas para dar apoyo estructural a algún sector estratégico, para impulsar algún objetivo de país (internacionalización, digitalización...) o para facilitar la superación de crisis nacionales o sectoriales.
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La Autoridad Fiscal se ha encontrado con que pese al ingente volumen de recursos movilizado por estos instrumentos -14.000 millones de euros solo en 2019- no existe una planificación ni una coordinación de sus objetivos y que cada actor implicado establece los suyos propios de forma independiente, provocando según el informe de evaluación cuyas conclusiones se presentaron ayer solapamientos y fallos a la hora de dar apoyo a sectores concretos.
«Las agencias elaboran sus planes estratégicos de manera independiente sin tener en cuenta instrumentos existentes de otras agencias, lo que provoca fallos de eficacia (objetivos sectoriales no cubiertos), fallos de eficiencia (objetivos sectoriales cubiertos por varios instrumentos a la vez) y conflictos competenciales», asegura el informe realizado por Airef.
Una oferta desconocida
El problema es tanto mayor por la extraordinaria atomización de los instrumentos de apoyo financiero al tejido empresarial. La Autoridad Fiscal ha aislado 27 instrumentos financieros solo en el ámbito de la Administración del Estado, que gestiona principalmente el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pero en el que también están implicados CDTI, Cersa, Enisa, Cesce, Cofides o las secretarías generales de Industria y Pyme, de Comercio y de Turismo. Pero es que a nivel de todas las administraciones públicas, Airef se ha encontrado con hasta 118 instrumentos de apoyo financiero que operan sin ninguna coordinación entre ellos.
Un abanico amplísimo que sin embargo no ha conseguido que el tejido empresarial sea consciente de la oferta disponible. Según la información recabada por los analistas de Airef, el 83% de las empresas asegura desconocer los instrumentos de apoyo financiero disponibles y solo un 4% asegura conocerlos y, además, admite haberlos utilizado.
Para mejorar tanto su eficacia a la hora de cumplir los objetivos para los que se crearon como su eficiencia a la hora de utilizar los recursos realmente necesarios para conseguirlos y no más, la Autoridad Fiscal propone crear algún organismo público que coordine el funcionamiento de todos los instrumentos financieros disponibles para evitar solapamientos que derivan en un despilfarro de recursos públicos y lagunas en su funcionamiento; y elaborar un plan estratégico que coordine toda la oferta a las empresas y garantice el examen del cumplimiento de los objetivos.
Reforzar el ejercicio de evaluación
La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, aprovechó ayer la presentación del tercer informe de 'spending review' encargado por el Gobierno, que incluía también el análisis del sistema nacional de recogida de residuos, para trasladar su inquietud por lo que observa como una progresiva pérdida de interés del Ejecutivo por la evaluación de las políticas públicas, a la luz del radio cada vez más restringido de las evaluaciones encomendada a la Autoridad Fiscal, al mismo tiempo que reciben cada vez más encargos de las autonomías.
«Ha llegado el momento de acometer cambios estructurales que permitan a la institución desempeñar esta función (la de evaluación) contando con los recursos económicos y humanos necesarios», reivindicó ayer Cristina Herrero, que pidió un cambio en la ley orgánica que regula el funcionamiento de la Airef para instaurar la función de evaluación y darle más margen para decidir sobre la misma.
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