La Sareb de Calviño tiene todavía 7.000 inmuebles ocupados de manera ilegal

La Sareb es una entidad que nació en 2012 para absorber los activos problemáticos de la banca. Se adquirieron a las entidades rescatadas casi 200.000 activos por más de 50.000 millones de euros, y el accionariado de la compañía quedó el 54,1% en manos de bancos y aseguradoras y el 45,9% en manos del FROB.

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Ese equilibrio accionarial cambió a principios de 2022 cuando el Gobierno decidió tomar el control y comprar un porcentaje a los bancos para superar el 50% del capital. Asimismo, se le impuso a la compañía desde el Ejecutivo que también debía cumplir una labor social como herramienta de vivienda pública.

En mayo del año pasado se anunció un plan para regularizar a los okupas que tenían en sus pisos, por diversas razones ya que no todos residían en esos inmuebles por la misma razón. «Sareb implementó en 2022 un modelo de gestión social de las familias vulnerables que habitan en 9.000 de sus inmuebles», informó la empresa esta semana.

El objetivo era poder realizar un análisis de las personas que estaban residiendo en sus pisos de manera ilegal para comprobar que fueran familias vulnerables y así poder ofrecerles un «alquiler social y asequible», junto a la implantación de «un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado» con esos hogares.

De ese total de 9.000 inmuebles ocupados irregularmente, la Sareb ha logrado regularizar el 22% de los mismos, unos 2.000. «Una vez identificadas familias vulnerables en sus viviendas, Sareb pone en marcha un programa de alquiler social y acompañamiento e inserción laboral, en el que las familias involucradas se corresponsabilizan proactivamente para garantizar su éxito. En este momento la compañía gestiona más de 2.000 alquileres sociales», señaló la firma hace pocos días.

Así las cosas, lo que busca la sociedad, controlada en última instancia por la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, es tratar de recuperar el valor de esas propiedades. Fuentes de la empresa señalan que estos últimos años se han mantenido en cartera muchas viviendas que permanecían ocupadas o de las que no se tenía constancia en qué estado se encontraban, lo que provocaba que su valor fuera cero. Si logran reconducir a todas esas familias hacia el alquiler social, los inmuebles volverían a tener valor de cara a poder rentabilizar la cartera inmobiliaria porque la realidad es que la Sareb está llamada a extinguirse en 2027; en otras palabras, que para entonces tendrá que haberse desprendido vía venta de todos sus activos.

Aun así, son conscientes de que las situaciones que hay en esos pisos ocupados son muy variopintas. Desde familias que realmente necesitan y quieren un alquier social, hasta okupas profesionales. Por ello, el primer paso es tratar de relacionarse con ellos para averiguar si realmente son familias vulnerables; si quieren pagar un alquiler social; y si quieren cumplir con el requisito de acompañamiento social y reinserción laboral.

En este sentido, la Sareb ya se ha encontrado casos que son imposibles de recuperar por la vía del diálogo y han iniciado los trámites de desahucio para expulsarles de las viviendas. Y fuentes de la compañía señalan que se seguirá ese 'modus operandi' en todos aquellos supuestos similares que no cumplan requisitos o no se integren en los planes sociales de la empresa.

Esta forma de actuar que ha adoptado la Sareb desde mayo de 2022 contrasta con cómo se gestionaba hasta ahora el problema de las ocupaciones en la sociedad inmobiliaria.

En los últimos años se había seguido una estrategia con múltiples aristas para tratar de desprenderse del problema de la ocupación ilegal. Así, se articularon diferentes soluciones: desde vender carteras de inmuebles ocupados en su totalidad a fondos de inversión para que sean estos los que se hagan cargo, hasta acudir a la vía judicial, con diferentes resultados.

La realidad es que las operaciones de venta de carteras inmobiliarias a fondos de inversión ya no es una prioridad en Sareb ahora que está controlada por el Gobierno. Las preferencias son otras, como tratar de que sean particulares o Administraciones Públicas los que las adquieran. «En 2022, la totalidad de las viviendas vendidas en la cartera para desinversión lo fueron a compradores minoristas (y de ellos más de un 90% fueron personas físicas), con un precio medio asequible de 97.000 euros. Adicionalmente, el parque de viviendas de Sareb está a disposición para su venta a las Administraciones Públicas autonómicas y locales para su adquisición, y de este modo aumentar el parque público de vivienda social y alquiler asequible», informó la entidad.