Sepi, Paradores, Correos y hasta una docena de entes públicos podrán financiar al Estado con compras de deuda en 2023

En un año crítico para el Tesoro Público español, en el que está previsto que el Banco Central Europeo acelere el proceso para desprenderse de los bonos soberanos -más de 400.000 millones en el caso de España- que ha acumulado en su balance con los programas extraordinarios de compra de deuda de los últimos años y en el que el Tesoro se tendrá que esforzar más que nunca por encontrar nuevos compradores para sus bonos, letras y obligaciones, el Ministerio ha decidido ampliar a una docena el listado de entidades públicas habilitadas para concurrir a las emisiones de deuda del Estado. También ha ampliado a 6.000 millones de euros el umbral máximo de títulos de deuda pública que podrán adquirir durante 2023, según se desprende de la orden ministerial que regula la creación de deuda pública durante 2023, recientemente difundida por el Ministerio.

Respecto al año pasado, la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos ha extendido esta autorización a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y a la empresa pública Paradores de Turismo. Fuentes de Paradores aseguran que la empresa ya comenzó a invertir sus excedentes en deuda del Estado el año pasado, con la preceptiva autorización de la Dirección General del Tesoro, aunque no ha sido hasta este cuando se les ha incluido desde el principio en el listado.

La adquisición de títulos de deuda del Estado por parte de organismos públicos está sujeta a una serie de restricciones regulatorias, al objeto de que su operativa no interfiera en las subastas alterando el precio que surge de las ofertas planteadas por el mercado. La primera de esas cautelas es que estas entidades deben plantear ofertas no competitivas, entendidas como aquellas en las que los compradores no ofrecen un precio sino que aceptan el precio medio ponderado resultante de la subasta de los títulos en los mercados ordinarios. Es decir, no participan en el proceso de formación de los precios que el mercado exige por un determinado título de deuda y solo se garantizan la adquisición de los títulos solicitados al precio que salga de esa subasta.

La segunda es que el volumen global de las peticiones de cada una de las entidades o empresas públicas autorizadas no pueda superar los 500 millones de euros, un umbral máximo que, no obstante, el Ministerio se reserva la posibilidad de modificar «cuando sea conveniente por el plazo del activo o cuando cualquier otra circunstancia así lo aconseje», según se dice en la orden.

Fuentes del Ministerio aclaran que la configuración de ese listado no predetermina que otras entidades estatales que lo deseen no puedan comprar deuda pública a lo largo del año, aunque para hacerlo la entidad aspirante necesitará de la autorización explícita del Tesoro, que según las fuentes consultadas acostumbra a aceptar.

La incidencia que en términos absolutos puede tener la adquisición de títulos de deuda española por parte de empresas públicas o entidades dependientes del Estado en 2023 será marginal, si se tiene en cuenta que el Tesoro tiene previsto emitir este ejercicio 256.846 millones de euros.

De hecho, ni siquiera será comparable a los tiempos en los que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la popular hucha de las pensiones, llegó a disponer de unos 50.000 millones de euros en títulos de deuda española y se convirtió en un actor de cierta relevancia entre los compradores de títulos de deuda española.

Además de las antes mencionadas, el Tesoro ha autorizado a adquirir títulos de deuda española al Fondo de Garantía de Depósitos, el Fondo de Reserva, el Fondo de Garantía de Inversiones, el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Seguridad Social y el CDTI.