El impuestazo a banca y energéticas se salta cuatro artículos de la Constitución y tres libertades comunitarias

Hablan del gravamen extraordinario a bancos y energéticas que el Gobierno ha impulsado como una proposición no de ley de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso y que este martes afrontará su primer hito parlamentario con la toma en consideración de la propuesta, en una tramitación urgente que aspira a tener este nuevo instrumento fiscal operativo para empezar a ingresar sus rendimientos en febrero de 2023.

El Gobierno tiene prisa y tiene sus razones. Por un lado aspira a recaudar entre 3.000 y 3.500 millones extra gracias a la aplicación de este gravamen. Y además aspira a hacerlo a costa de los supuestos beneficios extraordinarios de dos de los sectores que más han estado en la diana de las invectivas gubernamentales contra las grandes empresas: el sector energético y la banca.

El problema es que el camino elegido no parece el más solvente desde el punto de vista jurídico. Así lo concluye al menos el informe jurídico encargado por el Instituto de Estudios Económicos a un grupo de prestigiosos juristas, al frente del cual han estado el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Valencia, Juan Martín Queralt; el también catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y ex presidente del Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo; y el profesor titular de Hacienda Pública de la Complutense, Jorge Onrubia. Su dictamen resulta demoledor. La proposición no de ley que promueve la creación de los nuevos gravámenes vulnera cinco preceptos constitucionales, tres libertades consagradas por el derecho comunitario y pone en cuestión, según los autores, las bases mismas del Estado de Derecho.

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El informe entiende que el Gobierno ha utilizado de una forma calificable como fraude de ley una figura como la prestación patrimonial no tributaria para enmascarar la creación de un nuevo impuesto a banca y energéticas para de esta forma esquivar los principios del derecho tributario, desalentando así posibles recursos, y que ha retorcido el procedimiento de aprobación de la norma, mediante una proposición no de ley de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, para evitar los controles democráticos que podrían haber puesto cortapisas a la ofensiva fiscal del Ejecutivo contra banca y energéticas: consulta pública, Memoria de Impacto Normativo, Dictamen de Consejo de Estado o toma de posición del Banco de España. Sugiere, además, que el diseño de los gravámenes no habría superado esos controles por vulnerar el principio de igualdad, de capacidad económica e incluso de libre competencia entre operadores.

"El gravamen presenta muy graves problemas desde el punto de vista constitucional", subraya el informe, que enumera vulneraciones del principio general de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución; de los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica del artículo 31.1; del régimen fiscal de las comunidades autónomas, que reconocen los artículos 156 y 157 de la Carta Magna; y de la libertad de empresa (artículo 38), al prohibir la repercusión del gravamen a los contribuyentes.

El análisis de los juristas asegura que la regulación "vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario", ya que ataca principios básicos como la libertad de establecimiento, la de prestación de servicios y la de movimiento de capitales, y al colocar "a las entidades de crédito residentes en otros estados de la UE en una situación de ventaja competitiva frente a las residentes en España". "Es muy llamativo, pero últimamente en España nos estamos especializando en legislar en contra de los intereses de los residentes en España", ha lamentado el catedrático Martín Queralt.