Díaz pincha en su primer intento para fijar la subida del SMI y se reúne de urgencia con los líderes sindicales

A esta nueva reunión convocada escasos minutos después de comunicarse el fracaso en la negociación de los comités técnicos acudirán el los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, mientras que por parte del Gobierno asistirá la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Ejecutivo espera poder cerrar el acuerdo este mismo martes ante la insistencia de los sindicatos en aprobar ya el decreto de revalorización del SMI y ante la constatación de que el acuerdo con la CEOE es prácticamente imposible.

Con todo, las centrales sindicales mostraron optimismo para poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo en las próximas horas. Y confirman fuentes cercanas al diálogo bilateral que «las negociaciones avanzan» por el buen camino. Como se ha mencionado, los sindicatos piden una subida de 1.000 a 1.100 euros mientras el Gobierno estaría más predispuesto a seguir la recomendación de sus expertos y dejar el alza en el entorno de los 1.080 euros.

La subida se acometerá con carácter retroactivo al 1 de enero afecta a 1,8 millones de trabajadores y puede que no sea la última que aplique el Gobierno. Todo dependerá de cómo evolucionen los precios durante los próximos meses, según ha avisado la vicepresidenta segunda.

El nuevo incremento llevará el sello de los sindicatos y el rechazo frontal de las empresas, como ya ocurrió con la subida hasta los 1.000 euros que se aplicó en 2022. La CEOE decidió anoche no acudir al encuentro que han mantenido hoy la titular de Trabajo y los sindicatos UGT y CC.OO después de argumentar que «no se dan las condiciones» para su asistencia porque La Moncloa ni ha realizado la preceptiva consulta con los agentes sociales en lo transcurrido durante el mes de enero, ni ha realizado una propuesta formal a la que hizo la CEOE en diciembre, que consistía en un incremento del SMI del 4% para este año, hasta los 1.040 euros brutos mensuales.

El descontento de la organización empresarial por el discurrir de las negociaciones es un hecho. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes la actitud del Ejecutivo en las negociaciones para subir el salario mínimo, al que ha acusado de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos que se verían afectados por el alza salarial. «Si no se va a hablar de eso (la situación de los agricultores y los contratos del sector público) pues que nos diga la cifra y ya está», ha espetado Garamendi ante los medios después de participar en una jornada organizada por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Este acercamiento entre Trabajo y los sindicatos se producirá después de que el dato avanzado del IPC de enero haya arrojado un aumento de la tasa interanual de inflación de una décima, hasta el 5,8%, tres veces más que los sueldos pactados en convenio, y que la inflación subyacente haya escalado hasta el 7,5%, su cifra más alta desde diciembre de 1986, lo que ha llevado a los sindicatos a insistir en la necesidad de subir ya el SMI. Díaz, igual que las centrales, considera que el SMI es la medida «más eficaz» para salir de las crisis y «compensar la pérdida de poder adquisitivo» que están viviendo las familias. Por ello, se ha mostrado partidaria de subir el SMI de 2023 «hacia el tramo alto» recomendado por los expertos que asesoran al Gobierno en esta materia, lo que incrementaría esta renta mínima un 8,2%, hasta los 1.082 euros brutos en 14 pagas.

En el encuentro de diciembre el Ejecutivo presentó las recomendaciones hechas por la comisión de expertos nombrados por Díaz , que plantearon elevar el salario mínimo en este ejercicio entre 46 y 82 euros al mes, lo que situaba esta renta mínima entre 1046 euros y 1.082 euros brutos al año en 14 pagas. CC.OO. se ha posicionado desde un principio en la banda más alta, y en 1.100 el sindicato que dirige Pepe Álvarez.

La reunión con los sindicatos se produce después de que Díaz haya consensuado con el presidente del Gobierno el margen de subida, teniendo en cuenta que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se alineó con las empresas y reclamó a la titular de Trabajo que buscara un «buen equilibrio »dentro« de la horquilla de subida recomendada por los expertos, del 4,6% al 8,2%, para que sea compatible con la creación de empleo. Calviño abogó por un acuerdo en el que se incluyera a las empresas y ha insistido en un pacto de rentas que beneficie a todos los salarios en España.

La de hoy ha sido la segunda reunión que ha mantenido el Gobierno con los agentes sociales para acometer la subida. La primera fue el pasado 21 de diciembre y en aquella ocasión tampoco acudió la patronal dado su malestar con Trabajo por el acuerdo alcanzado con EH Bildu que ha dado a la Inspección manos libres para controlar los despidos colectivos que hagan las empresas. Días después, la organización que dirige Antonio Garamendi daba el primer plantó a la vicepresidenta segunda, aunque enviaba su oferta de negociación: 4%.

La subida del salario mínimo es una competencia que tiene el Gobierno. La ley solo le obliga a abrir un periodo de consultas con los agentes sociales, pero decisión última compete en exclusiva al Ejecutivo.