La intrahistoria del salario mínimo en España: la medida de Franco que llegó cuarenta años tarde

En esta batalla histórica e interminable por aumentarlo, mucha gente desconoce que fue durante la dictadura franquista cuando se implantó por primera vez en España, mediante la ley de convenios colectivos de 1958. El primer salario mínimo interprofesional se fijó en enero de 1963. Era de 1.800 pesetas mensuales, lo que equivaldría hoy a 10,8 euros. La última subida se aprobó hace justo dos años por el Gobierno de Pedro Sánchez: de los 950 a los 965 euros al mes.

A pesar de que en los últimos años el salario mínimo ha tomado un gran protagonismo en la actualidad política, como demuestran las últimas negociaciones, lo cierto es que esta herramientas de protección social implantada por Franco cumple ahora 60 años y, desde entonces, ha experimentado grandes cambios, adaptándose a las condiciones económicas y sociales de España y superando todas las crisis habidas y por haber tanto en la dictadura, como en la Transición y la democracia.

Aunque pueda parecer que esta reivindicación fue muy temprana en nuestro país, lo cierto es que en otras partes del mundo se empezó a luchar por el salario mínimo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo. Esta se sitúa en el contexto de la lucha del movimiento obrero por la jornada de ocho horas y por la mejora de la situación laboral de los trabajadores. Las primeras regulaciones se produjeron en Australia y Nueva Zelanda en 1890, mediante leyes como la Employers and Employes Act y la Ley de Arbitramento y Conciliación Laboral.

La idea de establecer un salario mínimo cobró fuerza tras la Primera Guerra Mundial. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que luchó para que este se fijase entre los países miembros. En 1928 se aprobó el Convenio que obligaba, por fin, a «establecer o mantener métodos que permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes de industria en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean excepcionalmente bajos».

Lo cierto es que en España tuvieron que pasar cuarenta años para que, en 1963, se estableciera aquel primer salario mínimo de 1.800 pesetas. Cuatro años después experimentó su primer aumento, cuando el régimen franquista decidió que debía comenzar a elevarlo anualmente para evitar su pérdida de valor. Ese año, subió nada menos que un 39,8%, hasta las 2.500 pesetas, pero fue un incremento excepcional. En los años siguientes, las subidas fueron más pequeñas y progresivas, en sintonía con el incremento del coste de la vida.

En base a esto, el SMI se situó en 2.875 pesetas mensuales en 1968; un año después, la cuantía ascendió a las 3.060 pesetas, y a 3.600 en 1970. Todo ello fue posible gracias a la implantación de la industria en España y a las políticas desarrollistas que comenzaron a darse entre finales de los años 50 y principios de los 60 con Franco, cuyo objetivo era reactivar la economía después del periodo de autarquía que siguió a la Guerra Civil.

Este cambio de rumbo se explica, además, con los acuerdos firmados entre España y Estados Unidos en septiembre de 1953, cuyo contenido exacto se mantenía en secreto aún en 1990. La negociación se había producido a escondidas desde 1951 con el presidente Dwight D. Eisenhower, primero, y Harry Truman, después, que hablaban con Franco a través de unos pocos y escogidos representantes del Ejército y de la diplomacia. Los americanos estaban dispuestos a que la dictadura fuera reconocida políticamente en el ámbito internacional a cambio de que el dictador le dejase implantar bases militares en nuestro país.

El acuerdo con Estados Unidos incluyó una ayuda de 100 millones de dólares y un préstamo de 62,5 millones más, al tiempo que se proyectaba la concesión de otros 150 millones más de los fondos de la Agencia de Seguridad Mutua. El Gobierno español utilizó esta cuantía para reconstruir el país y, una década después, para hacer frente a medidas como las del salario mínimo interprofesional, tras más de una década de precariedad y de dependencia de la no siempre eficaz cartilla de racionamiento.

Durante los últimos años del franquismo, el SMI continuó subiendo y, en 1975, llegó a multiplicar casi por cinco el valor establecido en su primer año, alcanzando las 8.400 pesetas mensuales. Estos incrementos, sin embargo, fueron insuficientes y generaron no pocas protestas por parte de los sindicatos en la clandestinidad, que duraron en la sombra, sin que realmente perturbaran nunca al Estado hasta la muerte de Franco en 1975.

Con la llegada de la Transición se produjo la apertura política y la normalización de las relaciones entre la patronal y los sindicatos. UGT y CC.OO. se legalizaron y adquirieron el protagonismo suficiente como para convocar la primera huelga general en abril de 1978. Se protestaba contra el alto porcentaje de desempleo en Europa (5%) y las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. Esto provocó que, hasta 1981, el salario mínimo creciera casi un 205% y, durante el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), sucesor de Adolfo Suárez, se estableciera en 25.625 pesetas.

A partir de este momento el incremento del salario mínimo frena, aunque no por completo, y sigue experimentando subidas en los siguientes cinco años en sintonía con el incremento de los precios. Aunque cueste creerlo, la evolución posterior fue a peor. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), el salario mínimo español sufrió un estancamiento que duró aproximadamente hasta 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla. Y, entre 1993 y 1997, debido a las crisis económicas, se congeló casi por completo, hasta situarse cuatro veces por debajo del salario medio nacional.

En los seis años que van desde 1998 hasta 2004, tan solo se incrementó un 12,62%, llegando a los 460,5 euros. Después llegaron los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (el salario mínimo subió hasta los 600 euros en 2008), Mariano Rajoy (735,9 euros en 2018) y Pedro Sánchez que lo elevó en 2019 hasta los 900 euros mensuales.