La regulación frena el despliegue de las grandes autopistas digitales

Nuestro país cuenta con fortalezas de las que hacer gala, como haberse convertido en un paraíso de la fibra óptica: la proporción sobre el total de conexiones fijas de banda ancha asciende al 83,1%, por detrás de Corea del Sur (88%) y Japón (84,8%), según las estadísticas de la OCDE correspondientes a diciembre de 2022. «España es el país líder en despliegue de banda ancha ultrarrápida, con más del 87% de la población con acceso a banda ancha superior a 100Mbps, 32 puntos por encima de la media europea. También es líder en cobertura de redes de muy alta capacidad (VHCN), con un 93% de población con acceso, 20 puntos por encima de la media europea», completa Antonio Requena, socio del sector de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de PwC. Los cimientos sobre son sólidos, pero el ritmo vertiginoso al que se mueve hoy la sociedad impide bajar la guardia.

La quinta generación de redes móviles es, sin duda, uno de los campos en los que las empresas están centrando esfuerzos. «El despliegue alcanza un 82% de cobertura (datos de 2022), un punto por encima de la media europea. Respecto a 2021, supone un crecimiento de 23 puntos porcentuales. A pesar de los retrasos iniciales en las subastas del 5G, se ha adjudicado actualmente el 98% del espectro», apunta como datos el experto. Cabe aclarar, eso sí, que en este aspecto España no está tan bien posicionada como parece a simple vista, ya que solo el 58,12% de la población disfruta de las ventajas del 5G real, de extremo a extremo.

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«La infraestructura más importante que falta en España y en Europa en comparación con el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos y Asia, es el despliegue del 5G en frecuencias medias y en su configuración pata negra, el 5G autónomo, cuyas siglas en inglés son SA», constata Luis Manuel Díaz de Terán, vicepresidente y director de la División de Telecomunicaciones de Capgemini Engineering. Lo atribuye a la «regulación hipercompetitiva» que impera en el continente desde hace décadas, orientada a generar un entorno donde convivan numerosos actores y eso redunde en tarifas bajas para los usuarios. «Era una política necesaria en los 90, pero treinta años después, el contexto no tiene nada que ver», lamenta. ¿La consecuencia? Decenas de telecos para una población similar a la de otros países que, sin embargo, cuentan con menos competidores.

«En la última década, los operadores europeos han perdido más de un 35% de sus ingresos y la tendencia no mejora. El beneficio que se buscaba para el usuario se ha transformado en un perjuicio porque las empresas que tienen que invertir en estas nuevas redes carecen del músculo financiero necesario. El Gobierno de España está intentando ayudar con los fondos Next Generation, pero la solución de raíz es un cambio urgente de la regulación europea. Hasta que esto no ocurra, Europa va a seguir rezagada y cada vez estamos más atrás», advierte. Un déficit que lastra a muchas compañías autóctonas.

«Las grandes multinacionales pueden acceder a redes privadas de 5G ultraseguras, ultrarrápidas y con un gran ancho de banda, pero la mayoría de empresas no se lo pueden permitir. El 5G autónomo de bandas medias tiene una característica, el loncheado de la red, que permite tener redes privadas virtuales ultraseguras y ultrarrápidas que se dimensionan de manera inteligente en función de lo que la empresa necesita. Esto es fundamental para que las pymes accedan a los beneficios de la transformación digital en la industria, pero sin que el despliegue 5G en bandas medias en su configuración autónoma sea una realidad, estamos perdiendo la oportunidad», dice. Con una situación financiera complicada y un retorno de la inversión en 5G que «ahora hace que no salgan las cuentas», las telecos apuestan por iniciativas como Open Gateway, que permite el acceso de los desarrolladores a las redes de las propias operadoras. «Es un modelo de ingresos diferente, como de plataforma. Se trata de escalar rápidamente en ingresos sin hacerlo tan rápidamente en costes», detalla.

El negocio de las operadoras, recuerda Arturo Azcorra, director de IMDEA Networks y catedrático de la UC3M, es proporcionar conectividad, lo que supone enormes inversiones. «Es necesario –dice– un entorno regulatorio que les permita rentabilizarlas». Para ello, propone dos acciones a nivel europeo. «No ya que se permita la concentración del sector (que en la actualidad se dificulta fuertemente), sino que se favorezca y se estimule. Sería muy positivo para Europa disponer de tres o cuatro grandes operadoras que operen en todos los países y sean muy competitivas en el mercado mundial. Ello sin perjuicio de que pueda haber numerosas operadoras de tamaño mediano y pequeñ que cubran nichos, complementen la oferta, y estimulen la competitividad», afirma el que fuera Secretario General de Telecomunicaciones y Audiovisual.

Por otro lado, pide «una regulación que impida el abuso de posición dominante de aquellas grandes empresas que, siendo las que ocupan un gran porcentaje de la capacidad de la red, no pagan por su uso». Esto provoca, según Azcorra, «que todo el coste de la red lo sufraguen los usuarios particulares junto con las demás empresas, llevando al sector telco a una situación de menor competitividad y reducción de la capacidad de investigación y de inversión en nuevas tecnologías».

Aun con todo, el sector avanza a toda velocidad y ya prepara el salto al 6G. «Hemos de mantenernos en punta de lanza permanentemente. El desarrollo de 6G ya ha empezado y se estima que el despliegue comercial lo hará en 2030. Si el cambio cualitativo más importante de 5G ha sido la computación en el borde, 6G traerá dos cambios relevantes: la gestión integral de los datos en el interior de la red (de forma adicional a la computación) y la incorporación de detección ('sensing') a las redes inalámbricas. Una tecnología sobre la que hay grandes expectativas.

«Implica una mejora cualitativa en las velocidades de conexión y latencia. Supondrá una importante mejora en el desarrollo de soluciones en el campo de la medicina, la IA automatizada e interconectada, la realidad aumentada, así como hiperconectividad de servicios con sensorización IoT», resume Requena, de PwC. Sus ventajas son evidentes, pero hay voces que inciden en prestar atención a los retos que tiene ante sí, como el aumento de los requisitos de energía.

«Hay desafíos de eficiencia energética que habrá que enfrentar en el área de infraestructuras, en elementos como los amplificadores de potencia, los procesadores de señales digitales y los circuitos integrados de radiofrecuencia. Asimismo, no podemos obviar las limitaciones del espectro radioeléctrico, por lo que el 6G habrá de saltar al plano de los terahercios, buscando rangos de frecuencia más altos. Los fabricantes están inmersos en resolver las problemáticas que se derivan de ello, pues además de consumir más energía y de tener un rango de cobertura limitado, se suma su sensibilidad a fenómenos medioambientales, como la lluvia o la niebla», indica Ricardo Maté, presidente de la Asociación @aslan, que representa al sector de la innovación y la transformación digital en España.

Junto con el 5G y 6G, si hablamos de infraestructuras digitales, el sector de los satélites está experimentando un gran crecimiento, gracias al abaratamiento tanto de los satélites en sí mismos como del lanzamiento. «La reducción del coste de lanzamiento ha sido causada por la miniaturización de los satélites y por la proliferación de servicios de lanzamiento. La industria española parte de una situación de bastante fortaleza y debe continuar su senda de modernización a las últimas tecnologías para no quedarse atrás. Estoy seguro que con buenos enfoques de colaboración público-privada podremos expandir nuestro sector satélite para que ocupe un puesto destacado. La reciente creación de la Agencia Estatal del Espacio es un excelente paso en esa dirección», valora Azorra.

El sector de los centros de datos está en pleno auge en España. Estos espacios se han convertido en infraestructuras críticas ante el crecimiento en el uso de internet porque son los encargados de almacenar la información de las empresas y administraciones públicas. A lo largo y ancho del territorio nacional brotan los proyectos. A la madurez del mercado se suma que nuestro país cuenta con bazas a favor, como su posición geográfica, respaldada con una red de cables submarinos de última generación, su conectividad o su potencial de renovables, pues estos complejos son devoradores de energía.

Para hacerse una idea, la Comunidad de Madrid alcanzó los 147 MW de potencia instalada en el último año, y se espera que el crecimiento se mantenga hasta 2026. La patronal Spain DC apunta a un aumento acumulado del 317%, lo que supone un incremento medio de potencia instalada en Madrid del 42% hasta alcanzar los 613 MW en 2026, tasa muy superior a la media de los denominados FLAP (los principales mercados europeos: Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París), situada en el 17,8%.

«Siempre ha existido una buena práctica en el cableado de toda la región, tanto por inversión de las grandes compañías de telecomunicaciones con sus anillos de fibra como por empresas que aprovechan los tramos de alta velocidad para facilitar el tránsito de la fibra y así aumentar el caudal de conexión de forma intraregional. Además, en general, tenemos una estabilidad regulatoria que garantiza un entorno estable y predecible, esencial para atraer inversiones a largo plazo. También está aumentando el uso de energía renovable, lo que puede ser un atractivo para los centros que buscan reducir su huella de carbono», dice Armando Martínez Polo, socio responsable de Tecnología en PwC.

La situación de partida es positiva, coincide Ricardo Maté, presidente de la Asociación @aslan. «Nuestra situación geográfica nos convierte en un punto de interconexión estratégico en la red de infraestructuras tecnológicas entre Europa, Norteamérica, Latinoamérica y África, incluso, Oriente Medio, aprovechando el despliegue de nuevas infraestructuras de cables submarinos. Ya somos una alternativa a los FLAP».

A su juicio, España ha aprovechado su ventaja, con el apoyo de planes como España Digital 2026, y gracias a la disponibilidad de capital, terreno y renovables, ha atraído a gigantes de la talla de Meta, AWS, Microsoft, Google, IBM u Oracle. «Se produce un efecto dominó porque son compañías que absorben las tres cuartas partes de la capacidad de colocación de Europa, lo que hace que vengan más centros de colocación. De aquí a 2026 España recibirá inversiones de cerca de 7.000 millones de euros relacionados con el sector y esto no sería posible si no hubiéramos hecho los deberes en materia de conectividad e infraestructuras digitales», defiende, aunque advierte de que España tiene ante sí desafíos, como continuar avanzando en el despliegue de redes de comunicación inteligentes, la sostenibilidad y la colaboración entre las distintas Administraciones remando en la misma dirección.

En el futuro del sector de las infraestructuras digitales se debe tener en cuenta, sí o sí, la ciberseguridad. «Sin entornos seguros perderemos el potencial que ofrecen estas infraestructuras, a las que hemos de evolucionar incorporando las últimas innovaciones. Además, habremos de seguir esforzándonos en la creación de talento, en la formación de nuevas capacidades digitales tanto en quienes se incorporan al mercado laboral como en los que ya desempeñan un trabajo», señala Maté, que cree que España debe proseguir en la expansión de las ciudades inteligentes porque «con esta capacidad de conectividad, dotar a las grandes urbes del Internet de las Cosas significa avanzar en el mejor aprovechamiento de los recursos y una mejor prestación de servicios, haciendo converger la economía digital con la circular y cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Por su parte, Azcorra subraya que, en lo relativo a talento, «es esencial hacer una fuerte promoción de los grados de Ingeniería de Telecomunicación para atender la gran demanda de profesionales». A su juicio, también es muy relevante mejorar la expedición de visados en nuestros consulados, para atraer talento extranjero en los casos que sea necesario. Por último, pide un cambio de nuestra regulación para que se oriente a maximizar los beneficios y ventajas de las nuevas tecnologías, en lugar de poner el acento en los posibles riesgos y amenazas.