Ofensiva del PP para que el Gobierno rinda cuentas por el caos en las oficinas de Correos
Los populares piden la comparecencia en el Congreso del presidente Saura
Caos en Correos: miles de notificaciones están atrapadas en las oficinas del operador postal

El PP lanza una ofensiva en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno rinda cuentas sobre el estado de Correos y el caos que se vive en numerosas oficinas, que está provocando retrasos en las notificaciones de las administraciones públicas, incluso hasta el ... punto de que en muchas ocasiones los ciudadanos las están recibiendo fuera de plazo, como ya contó este periódico. Es por eso que los populares han registrado en la Mesa de la Cámara Baja hasta tres preguntas sobre el asunto para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre los hechos denunciados por los representantes de los trabajadores de la entidad pública.
Las tres preguntas a las que ha tenido acceso este periódico están fechadas a 4 de octubre y han sido presentadas por los diputados por Ourense y Lugo, Celso Delgado y Jaime de Olano. En la primera de ellas, ambos parlamentarios preguntan al Ejecutivo sobre la razón por la que no se tomaron medidas para evitar que en verano se produjeran importantes deficiencias en la prestación del servicio postal universal (SPU) «como consecuencia de no reforzar la contratación para dar cobertura a las bajas y a las vacaciones del personal en reparto, oficinas y centros logísticos».
En la segunda de las cuestiones presentadas, los diputados del PP instan al Gobierno a responder sobre la responsabilidad que tomará la dirección de Correos por los daños provocados al ciudadano. «¿Se hace responsable de los perjuicios ocasionados a los ciudadanos que no están recibiendo a tiempo, y en muchos casos fuera de plazo, las cartas y notificaciones de las diferentes administraciones públicas, entre las que se encuentran citas médicas, resoluciones, de la Seguridad Social, prestaciones por desempleo?», interpelan los populares en la pregunta parlamentaria.
Por todo ello, en la tercera de las demandas, el PP pide al Gobierno que recite las medidas que adoptará la dirección del presidente Pedro Saura, para asegurar que el «reparto, las oficinas y centros logísticos haya personal suficiente para que los ciudadanos reciban a tiempo y en plazo, toda la correspondencia y en especial las cartas y notifcaciones de las diferentes administraciones públicas».
El PP dice que los hechos se remontan incluso al mes de junio, cuando los sindicatos mayoritarios CC.OO. Y UGT mostraron su rechazo a la política de «ajuste duro de personal» que estaba aplicando Correos y la denuncia de que la plantilla no tenía por qué pagar estos recortes tras la «catastrófica» gestión del expresidente, Juan Manuel Serrano, que accedió al puesto en 2018 después de ser jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, los representantes de los trabajadores pidieron en verano una partida económcia importante para aliviar las tensiones de la plantilla y evitar que el personal eventual siguiera en las bolsas de trabajo sin posibilidad de trabajar.
«Pese a esas advertencias y las protestas de los trabajadores, los gestores de la empresa pública postal que ahora preside Pedro Saura no reaccionaron tomando meddidas», denuncia el PP. ,
Plan estratégico
Como parte de la misma ofensiva, el PP también ha pedido la comparecencia del presidente de Correos, Pedro Saura, y de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, como máximos responsables de la coyuntura, A ambos se les exige que informen sobre el plan estratégico 2024-2028 que la SEPI y Correos aprobaron el 31 de julio de 2024, del que todavía no se conocen a fondo los detalles.
La nueva hoja de ruta de la postal pública contempla una inyección del Estado de entre 3.000 y 4.000 millones de euros para tratar de apuntalar su futuro, ahora mismo en cuestión por la delicada situación financiera en la que esta sumergida tras la era Serrano y que le acerca a la quiebra técnica. Buena parte de ese dinero procedería del aumento de la asignación anual que el Gobierno da a Correos por el Servicio Postal Universal, que pasaría de 110 hasta alrededor de 400 millones de euros.
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