Caos en Correos: miles de notificaciones están atrapadas en las oficinas del operador postal

La salida de Juan Manuel Serrano de Correos, exdirector de gabinete de Pedro Sánchez hasta su aterrizaje en La Moncloa y primer ejecutivo de Correos hasta diciembre de 2023, buscaba poner fin a cinco años de convulsión permanente en la empresa postal del Estado, marcados por una controvertida gestión que dejó un déficit de 1.000 millones y el operador postal al borde de la quiebra. Las esperanzas se pusieron en otro perfil político, también con carné del PSOE, para reflotar la primera empresa pública del Estado por tamaño de plantilla, el expresidente de Paradores, Pedro Saura. Pero las cosas no parecen que comiencen a enderezarse nueve meses después, más bien empeoran, al menos en la gestión.

Noticia Relacionada

Correos pierde otros 120 millones a pesar de la inyección de 247 del Estado y del año electoral

Antonio Ramírez Cerezo

Miles de notificaciones administrativas están ancladas en las oficinas de toda España por la imposibilidad de repartir por una plantilla que ha mermado desde los 60.000 empleados que tenía en 2000 a los 45.000 que hay en la actualidad, más del 20% de ellos a tiempo parcial, según explican a ABC fuentes de CSIF. Los funcionarios denuncian que desde comienzos de año se han frenado las contrataciones en la empresa de la SEPI, lo que se traduce en que el operador postal no está supliendo a los trabajadores de vacaciones, en excedencias o de bajas, lo que ha ido cocinando un enredo en las oficinas de toda España por la imposibilidad de realizar las entregas.

La situación ha ido empeorando durante todo este ejercicio, en el que se ha llegado a parar el reparto en ayuntamientos, incluso a paralizar juicios, como ocurrió en Sevilla por la demora en la llegada de citación a los ciudadanos. Los funcionarios de CSIF acusan a la empresa de «priorizar la paquetería dejando abandonado a su suerte el Servicio Postal Universal (SPU). Es incomprensible que la empresa pública dé más importancia a la entrega de paquetes que a las notificaciones».

Relata el sindicato que esa falta de personal y la fatiga de los trabajadores por el exceso de carga de trabajo siguen provocando que el operador postal esté a la cabeza de empresas públicas en absentismo laboral. Los datos que maneja la central que dirige Miguel Borra es la de una tasa del 10%, lo que se traduce en que cada día faltan al trabajo por motivos médicos más de 5.000 trabajadores.

Desde Correos, sin embargo, niegan la mayor y aseguran que el servicio «se presta con normalidad. «La compañía siempre pone todos los recursos humanos y técnicos para cumplir la calidad requerida», insisten fuentes oficiales de la entidad, que aseguran que el nivel de efectivos es superior al que había en 2022 -no especifican en número ni aportan datos-, aunque menor que el del año pasado, por la excepcionalidad de los distintos comicios electorales que obligaron a la postal pública a reforzar su plantilla.

Sobre la calidad del servicio de Correos en el ejercicio 2022 se pronunció el pasado mes de marzo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entonces, como organismo encargado de supervisar la calidad del Servicio Postal Universal, Competencia puso un suspenso a la entidad pública en objetivos de seguridad de los envíos, número de quejas y reclamaciones, tiempo medio de espera y gestión en oficina, además de en plazo de entrega de carta ordinaria y carta certificada, tal y como siguen denunciando los representantes de los trabajadores de la entidad pública. En ese año el número de quejas de los usuarios ascendió a 14,90 por cada 100.000 envíos, el triple del objetivo estipulado que se situaba en menos de cuatro reclamaciones.

Pero si hablamos del servicio de paquetería, estuvo aún más lejos de la meta marcada, tras firmarse 8,31 incidencias por cada por cada 10.000 paquetes teniendo la exigencia de que fueran menos de 1,5; en el caso de las cartas la historia fue similar con 5,68 quejas por cada millón también alejado del objetivo de dos o menos. Unos incumplimientos que en la práctica deberían reducir la compensación que recibe Correos del Estado por prestar el Servicio Postal Universal.

Sin embargo, las compensaciones del Estado por este apartado se incrementaron el año pasado hasta los 247,30 millones adicionales, tras recibir un ingreso extra de 132,9 millones de euros a final del curso. Un pago que restó dramatismo a las cuentas de la empresa en el último año de Serrano al frente, en el que las pérdidas antes de impuestos ascendieron a 174,31 millones (contra los 286,49 del 2022), pero sin la mano del Estado el resultado negativo se hubiera elevado a 307 millones, acercando peligrosamente a la quiebra a la entidad pública.

Tampoco está previsto que en el actual ejercicio se vaya a castigar a Correos con menos fondos por el SPU. De hecho, como ya contó este periódico, la idea plasmada en el nuevo plan estratégico elaborado por la dirección de Pedro Saura es la de cuadruplicar la partida que recibe de los Presupuestos Generales del Estado por encima de los 400 millones con el pretexto de brindar servicios a la España vacía y de ensanchar su catálogo de prestaciones.