Los abogados de la Seguridad Social avisan a Escrivá: se están cancelando juicios porque no llegan los expedientes

En una misiva a la que ha tenido acceso ABC, el colectivo denuncia no sólo la situación precaria del gabinete jurídico, que puede terminar por agravar los problemas en el servicio ante la posibilidad de generar un embudo en los juzgados de casos sin resolver que afectan a la Administración, sino que se pone en entredicho que el reciente acuerdo firmado con CC.OO. y CSIF por el cual se sumarán 3.525 nuevos efectivos a la plantilla vaya a redundar en una mejora de los servicios que ofrece el organismo encargado de pagar las más de 10 millones de pensiones y demás prestaciones sociales y asistenciales.

«El acuerdo alcanzado no se traduce en ningún beneficio directo para el ciudadano. Veremos si para sus funcionarios», apuntan en el documento rubricado por la Junta Directiva del cuerpo de letrados asegurando que el problema mucho más profundo que «tiene que ver con la ya prolongada ausencia de una verdadera política de organización de la Seguridad Social» que está obligando a hacer «auténticos malabares» en su gestión.

«Corre el riesgo de convertirse en papel mojado, a la vez que en algún aspecto puede introducir mayor tensión, si cabe, a su organización mientras no se materialicen medidas estructurales de calado. Lamentablemente no dejamos de apreciar más que buenos propósitos en tiempos electorales», advierten los 430 letrados que conforman el gabinete jurídico -más los 230 funcionarios en labores de apoyo-.

Aseguran al respecto que es incomprensible que el Ministerio de la Seguridad Social, que solicita más de 12.000 dictámenes jurídicos anuales a sus letrados, mantenga tan «precaria estructura» y dotación de los Servicios Jurídicos, denuncian asegurando que es una muestra más de la problemática que afecta a toda la Administración de la Seguridad Social.

En este sentido, los letrados reclaman principalmente la ordenación de los servicios con la creación de la Agencia de la Seguridad Social y el refuerzo de la plantilla de abogados que cargan con toda la asistencia jurídica del organismo público. Recuerdan que sólo ante los Juzgados de lo Social se inician más de 150.000 procesos anuales, a los que se suman los más de 20.000 pendientes que ordinariamente se arrastran de ejercicios anteriores.

Además, el órgano también es responsable de la aprobación de ciertas prestaciones, por una cuantía anual de 10.000 millones de euros, como los complementos de maternidad por aportación demográfica o la prestación por nacimiento y cuidado de menor en las familias monoparentales. Y responde de la jurisdicción contencioso-administrativa donde autónomos y empresas lidian 5.500 procedimientos cada año en materia de recaudación de cuotas, tarifación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como sobre altas y bajas de trabajadores y demás actuaciones en materia de lucha contra el fraude y empleo irregular.

Esta labor, no en vano, alcanza indirectamente al ciudadano de a pie, en la medida en que el servicio jurídico ayuda a agilizar pleitos, evitar otros, además de otorgar prestaciones y velar por su correcta financiación. Por lo que el «abandono» de este ámbito de la administración de la Seguridad Social perjudica a los ciudadanos que son defendidos indirectamente por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

Explican del mismo modo, que, con cada vez más habitualidad, ven como los juicios que llevan tiempo esperando no se pueden celebrar por que no ha llegado el expediente administrativo para que el juicio se celebre. Y, por supuesto, ganar o perder estos pleitos debe preocupar a los ciudadanos ya que puede suponer miles de millones de euros para las arcas públicas.

En este caso, el colectivo llama a la reflexión del Gobierno sobre cuáles son los elementos verdaderamente necesarios para mejorar el servicio que ofrece la Seguridad Social y que ha sido objeto de crítica parte de los ciudadano y los partidos políticos, e incluso el Defensor del Pueblo. Ni se plantean huelgas ni se reclaman en este caso mejoras retributivas como en otros ámbitos de la Administración pero señalan la necesidad de la dotación de personal y la creación de la Agencia de la Seguridad Social para preservar el sistema y evitar que colapse por alguna de las múltiples vías de agua que han empañado su desempeño en los últimos meses.

«La precaria estructura y dotación de los servicios jurídicos supone una manifestación más de la problemática que arrastra y de la desorganización que afecta a toda la Administración de la Seguridad Social», advierten los letrados. Sin embargo, creen desde el colectivo que no existe ni existirá coordinación alguna con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos actos administrativos en materia de seguridad social ha de defender el servicio jurídico de la Seguridad Social.

«Un rayo de esperanza apareció con los sucesivos anuncios, siempre incumplidos de creación de la Agencia de la Seguridad Social», lamentan como una de las medidas que está llamada a suponer una mejora estructural del sistema. «A pesar de nuestros reiterados ofrecimientos de colaboración y voluntad de diálogo con los responsables competentes, no solo no se han adoptado medidas concretas para subsanar esta situación, sino que no hemos recibido ninguna respuesta», aseguran los letrados.