Escrivá contratará a 2.500 interinos para desatascar la Seguridad Social

La contratación de interinos será la solución de urgencia de este ministerio hasta que el Gobierno convoque la oferta de empleo público con esas 2.500 plazas. Para los sindicatos esta solución es solo «un parche». Insisten también en que la incorporación de interinos no será inmediata, porque tienen un proceso de formación, y también se quejan de las elevadas tasas de temporalidad que hay en esta administración, de un 17%. «Podemos llegar a final de año con más de 4.000 interinos», advierten.

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El refuerzo de efectivos que perfila el ministro estaría todavía lejos de cubrir las vacantes perdidas en la última década en el instituto de previsión. Entre 2009 y 2021 la Seguridad Social se quedó sin 6.300 efectivos, más del el 20% de su plantilla, en los próximos cinco años se jubilarán el 28% del personal y en diez años el 64%. Los trabajadores con menos de 50 años apenas suponen un 18,74% de la plantilla y de este porcentaje solo 12 personas tienen menos de 25 años. «Urge la renovación generacional de este servicio público», aseguran las fuentes consultadas.

Hace unos días Escrivá escribía en su cuenta de Twitter que la Seguridad Social está «revirtiendo» la pérdida de efectivos y que «en los próximos meses se van a incorporar miles de interinos y funcionarios para mejorar la atención al ciudadano». Pero a los sindicatos de funcionarios (CSIF, UGT y CC.OO.) no les vale solo con que el ministro convoque miles de plazas de interinos. Exigen un plan a largo plazo que garantice el refuerzo de la plantilla y, con ello, un servicio más eficaz para el ciudadano.

«Es necesario que la segunda fase de la reforma de pensiones incorpore un compromiso expreso para realizar en los próximos cinco años una Oferta de Empleo Público que reponga las plantillas que se han perdido y garantice la suficiencia de recursos humanos para las próximas décadas, con la necesaria formación y capacitación que requiere este servicio público», asegura la central que dirige Unai Sordo.

Los funcionarios están a la espera de que Escrivá les envíe la propuesta con las soluciones que pondrá en marcha el ministro de Seguridad Social para recuperar los niveles de excelencia en la atención a los ciudadanos, aunque ya preparan una huelga, que tienen previsto anunciar en los próximos días.

Las peticiones de los funcionarios también incluyen que, de forma inmediata, se recuperen los protocolos de atención presencial tradicionales en las oficinas, y que se reserve una parte de la atención para personas sin cita previa que necesitan hacer gestiones urgentes. Además, reclaman la apertura completa de las parrillas con cita previa y el refuerzo de los servicios de atención telefónica, frecuentemente colapsados.

Según los datos que maneja CC.OO., la Seguridad Social solo ha conseguido recuperar el 60% de la atención presencial que ofrecía antes de la pandemia. Cita datos de la Seguridad Social y asegura que en 2021 se realizaron 4,7 millones de actos informativos frente a los ocho millones que se produjeron en 2019.

No son las únicas reclamaciones. También piden al ministro que la Seguridad Social abra la puerta a que todos los empleados públicos puedan disfrutar de los dos días de teletrabajo, tal y como se recoge en el Real Decreto de ahorro energético y que ya tienen en otros ministerios.

También hay peticiones sobre productividad. Argumentan los funcionarios que el mismo trabajo sale adelante con menos trabajadores y por este motivo reclaman que ese plus que correspondería al personal que se ha perdido en la Administración «se reparta entre los trabajadores que están sacando adelante el trabajo.

El sistema ha perdido más de 6.000 efectivos en una década, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital, la prestación que está taponando la gestión de otras ayudas, según denuncian los funcionarios.

Esta situación es la que ha provocado que lo que antes se gestionaba en cuestión de días, ahora lleve meses, con la angustia para el ciudadano de que pedir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social es complicado, lo que está impulsando a ciudadanos a acercase a las oficinas para reclamar ayuda de los funcionarios con las citas o con las prestaciones.

La situación ha generado un profundo descontento, que queda reflejado en las quejas puestas en esta administración. Durante la pandemia se han triplicado las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%, según documentos internos del organismo público a los que ha tenido este diario. De las 934 registradas en 2020 se pasó a 2.966 en 2022, ejercicio en el que los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social no atendieron casi cuatro millones de llamadas.

Como ya informó ABC, los trámites asfixian en muchos casos y el colapso en la Seguridad Social ha abierto la puerta a un negocio paralelo de compra y venta de citas; ante la imposibilidad de ser atendido por la Administración por el cauce habitual, algunos afectados, desesperados, deciden pagar por unas gestiones que en circunstancias normales son gratuitas. Particulares, locutorios y gestorías ofertan sus servicios a todo aquel que quiera pagarlos; son múltiples los anuncios en portales de segunda mano, en los que es fácil encontrar a alguien que quiere ayudar, previa tarifa, que va desde los 10 euros hasta incluso los 50.