La nueva Comisión de la Energía también tendrá funciones de inspección y sanción en el sector

La CNE estará adscrita al ministerio que dirige Teresa Ribera y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el consejo y el presidente, que también lo será del consejo. De ellos dependerán, además de la secretaría general y la secretaría del consejo, tres direcciones de instrucción: la de electricidad, la de hidrocarburos y nuevos combustibles, y la de inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.

Para el cargo de presidente de este organismo se barajan en el sector los nombres de Natalia Fabra -asesora de Ribera-, Maite Costa -expresidenta de la anterior CNE- y Mariano Bacigalupo -marido de Ribera, consejero de la CNMV y exconsejero de la CNMC-.

La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.

En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al ministerio, mientras que éste resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.

El consejo será el órgano colegiado de decisión –nombra al vicepresidente, aprueba el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual y los planes de actuación, el reglamento de funcionamiento interno, etc.– y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.

El Gobierno aprobará mediante real decreto el estatuto de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la secretaría del consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad. Según los plazos previstos en el anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley de su creación.

«La emergencia climática y el proceso de transición ecológica exigen disponer de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos y funciones tradicionales de velar por la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde la eficiencia económica», subraya el ministerio de Transición Ecológica.