La morosidad asfixia a las pymes: el periodo de pago repunta y supera los 83 días
El esfuerzo financiero para afrontar la demora en el desembolso de las facturas ha superado los 2.900 millones, la cifra más alta en quince años
La discrepancia entre los países bloquea el reglamento europeo que endurece los plazos de pago
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Bruselas quiere acortar a 30 días el plazo de pago de las facturas a empresas
La morosidad sigue siendo uno de los graves problemas a los que tienen que enfrentarse pymes y autónomos en España, un obstáculo que puede llegar a comprometer, de forma severa, su economía y, en el peor de los casos, su viabilidad. Nuestro país no ... es un caso aislado y por eso la Comisión Europea tomó el pasado año cartas en el asunto y preparó un reglamento que sustituiría a la directiva europea sobre morosidad para obligar a las empresas a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días, en lugar de los 60 días a los que obliga, sin ningún éxito de aplicación, la Ley de Morosidad en España. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los países terminó bloqueando la pasada semana una resolución favorable del Consejo de Competitividad europeo.
Y mientras Europa mira para otro lado, los últimos datos sobre morosidad reflejan inquietantes nuevos retrasos en el pago de deudas y facturas con proveedores u otras empresas. Una evolución que siembra dudas sobre la capacidad económica de muchos negocios, que puede estar provocando, a su vez, un efecto dominó sobre la cadena de pagos que termine por asestar la puntilla a miles de autónomos y pequeños negocios, para los que cobrar sus facturas a tiempo es fundamental para su subsistencia.
Plazos medios de pago
en empresas y administración
En días
Sector público
Sector privado
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PMM / ABC
Plazos medios de pago
en empresas y administración
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Sector público
Sector privado
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PMM / ABC
La información que elabora Cepyme, a partir de los resultados de Cesce e Informa D&B, refleja que la morosidad sigue provocando un elevado coste a las empresas, especialmente a las más pequeñas, que cuentan con menos recursos para afrontar largos períodos de impago y obtener la financiación necesaria para el desarrollo de su actividad. En el primer trimestre, el periodo medio de pago de las facturas a empresas repuntó en casi un día respecto a un año antes, hasta los 84,3 días, lo que supone encadenar tres trimestres seguidos sin reducciones, algo que no había ocurrido en los cuatro últimos ejercicios.
Son más de 20 días por encima de lo que marca la legislación, brecha que se ensancha todavía más si se analizan los datos de impagos en las micropymes, las que cuentan con menos de diez trabajadores. En este caso, el retraso en el pago de facturas ha escalado hasta casi los 90 días, la cifra más elevada entre empresas, y un mes por encima de lo que marca la legislación en España.
Una cifra récord
Esta persistente morosidad continúa provocando un alto coste a las empresas, especialmente a aquellas de menor tamaño que cuentan con recursos limitados para afrontar prolongados lapsos de incumplimiento de pagos y asegurar la financiación esencial para mantener sus operaciones. Su esfuerzo financiero para afrontar esta escalada de la morosidad se disparó hasta 2.930 millones de euros en el primer trimestre, un 24,5% más que hace un año y la cifra más alta en quince años.
Pese al repunte de la morosidad, se produjo un avance en los pagos realizados en tiempo. Según Cepyme, las empresas cobraron en fecha el 31,5%, lo que supone 3,6 puntos porcentuales más que un año antes, en lo que fue su quinto incremento interanual consecutivo. Para la patronal de las pymes es todavía más importante que la proporción de pagos puntuales se mantuvo por encima de ese 31% por segundo trimestre consecutivo, algo que no ocurría desde septiembre de 2015.
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La situación de impagos actúa como un termómetro del ecosistema hostil en el que se desarrolla la actividad de las pymes, que ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros, y demanda una pronta adopción de medidas. Desde 2021, la patronal de las pymes intensificó su interlocución con Bruselas para buscar solución a la morosidad. Estos años, Cepyme ha trabajado tanto con el Ministerio de Economía como con la Comisaría de Mercado Interior para abordar los cambios de la directiva europea de 2011.
En los encuentros en Bruselas, la organización empresarial ha reclamado que se agilice la tramitación de la nueva norma europea, así como que se defina un plazo máximo de pago por parte de las empresas y las administraciones públicas. La patronal lleva años defendiendo que es esencial que se concreten cuestiones como el modo de contabilizar la morosidad y su plazo de inicio con el fin de homogeneizar los criterios y dar más certidumbre.
El reglamento, en el aire
Pero el pasado viernes, Europa bloqueó la tramitación del reglamento de la morosidad privada por la falta de acuerdo entre los países, lo que ocurre a pocos días antes de las elecciones europeas del próximo día 9. Debido a esa falta de entendimiento, el Consejo de Competitividad tuvo que posponer la aprobación, que en Cepyme cayó como un jarro de agua fría. Ha insistido en que homogeneizar la regulación debería ser «prioritario» ya que garantizaría la igualdad de condiciones entre empresas europeas y por ello pidió al Gobierno de España y del resto de estados europeos que lleguen a un acuerdo en el próximo Consejo de Competitividad, que ya se celebrará bajo la presidencia húngara.
Recuerdan los empresarios que la morosidad es «altamente nociva para el tejido productivo» y que no tiene la misma incidencia en todos los países. Tomando los extremos, y según la Encuesta de Pagos D&B recogida en la documentación con la que ha trabajado la Comisión Europea, los pagos que se efectúan después de la fecha de vencimiento oscilan entre el 10% de Dinamarca y el 86% de Rumanía. En España, los pagos atendidos fuera de plazo alcanzan el 56% (68% en el primer trimestre de 2024), en línea con nuestro vecino Francia (58%), Bélgica (56%) y por debajo de paóes cp,p Italia (62%), pero lejos de Alemania (35%).
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