El 80% de las grandes empresas españolas se expone a multas de Europa por morosidad

«No debería haber problema con el paso del Consejo Europeo, una vez haya sido aprobado en el Parlamento», señalan fuentes cercanas al proceso de aprobación del reglamento en Estrasburgo. Apuntan, no obstante, que será en este punto en que se establezcan los eventuales periodos transitorios para dar un margen de enmienda a las situaciones de morosidad entre empresas y también para la constitución de los organismos reguladores de este Reglamento Europeo contra la Morosidad.

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Sin embargo, el punto de partida está lejos de cumplir con los preceptos que introducirá esta medida. Señalan las fuentes consultadas por ABC, eso sí, que si bien aún habría que superar este último escalón del Consejo de Europa, la medida sería de aplicación automática y obligatoria por la totalidad de los Estados miembro al tratarse de un reglamento y no de una directiva de trasposición. Es aquí donde desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) advierten de que España cuenta con uno de los periodos medios de pago a proveedores más extensos de Europa, por lo que sería uno de los tejidos productivos más expuestos a la aplicación del nuevo reglamento que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 días para casos de necesidad de periodo de certificación).

Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, la llegada del nuevo reglamento marcará «el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo». En su perspectiva, establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago «mejorará sin lugar a dudas la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas».

Con este mar de fondo se presentó el balance del estado de la cuestión elaborado por la Plataforma en su 'Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023'. Según se desprende de las más de 500 encuestas realizadas durante 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó 3 días (hasta los 70 días de media), mientras que el del sector público se redujo en 12 días (hasta situarse en una media de 55 días). En ambos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 60 días para las empresas y de 30 días para las Administraciones Públicas.

Sin embargo, resulta relevante en nivel de cadencia en los pagos en función del tamaño de la empresa, siendo las más grandes las más morosas. Concretamente en el sector privado, para el 59% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal: el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la administración local (ayuntamientos) es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la administración regional (comunidades autónomas), abarcando un 32% de los encuestados, y la tercera, la Administración Central (con un 15% de respuestas). Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 81% de los proveedores de la administración regional, y para el 78% de los proveedores tanto de la local como de la central.

Si bien es cierto que tanto la Plataforma como el Ministerio de Hacienda han constatado una reducción de los plazos de pago de las Administraciones Públicas, (según el Ministerio, a diciembre de 2023 el plazo medio de pago de las comunidades autónomas era de 30,50 días, el de la Administración Central de 18,09 días, y el del último trimestre del año de las entidades locales, de 27,63 días), la organización manifiesta que los resultados de su muestra «distan mucho» de los permitidos por la ley. Al contrario que en 2023, la PMcM cree que durante el presente año la situación «pueda empeorar porque se reducen las aportaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, al estar destinándose parte del dinero a las telefónicas».

El análisis también constata que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media. Al margen de la encuesta, la PMcM denuncia que ha tenido constancia de que varios de sus asociados han recibido contratos en los que el medio de pago es un confirming a 240 días en obras en las que operan como subcontratistas. «Claramente algunas grandes compañías quieren financiarse a costa de sus proveedores y eso es intolerable», asegura Cañete.

En este sentido, desde la Plataforma han realizado una primera prospección previa a la implantación de la normativa. Un 54% de las empresas encuestadas declara no conocer el detalle sobre la implantación del nuevo Reglamento. Si bien, una vez que se aplique, la mayoría de las compañía no prevé problemas financieros sujetos a la nueva normativa. Sólo un 6% piensa que esta medida y el régimen sancionador que la acompaña empeorarás las finanzas de su negocio. Mientras, un 46% asegura que no afectará a su negocio porque no llegará a aplicarse y el 48% restante cree que incluso mejorará su balance.