Bruselas quiere acortar a 30 días el plazo de pago de las facturas a empresas

Una vez que reciba el visto bueno, la norma anulará las legislaciones de cada país y su aplicación será inmediata, según los planes la próxima primavera. Está previsto que Thierry Breton, comisario europeo de Comercio Interior, presente hoy un reglamento que obligará a las empresas a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días, en lugar de los 60 días a los que obliga la Ley de Morosidad en España. La norma también acabará con los pactos entre empresas para pagar a mayor plazo de lo que marca la ley.

Una obligación que, en la práctica, no se respeta en nuestro país. Los datos de la Plataforma contra la Morosidad de 2022 sitúan en 67 días el periodo medio de pago de las empresas, igual que la Administración, pero los datos de Cepyme, que elabora conjuntamente con Cesce y el Gobierno, sitúan este periodo por encima de los 81 días.

La organización que dirige Gerardo Cuerva insiste en que la morosidad sigue provocando un elevado coste a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que cuentan con menos recursos para afrontar largos períodos de impago y obtener la financiación necesaria para el desarrollo de su actividad. Explica que en el segundo trimestre del año, el encarecimiento del crédito derivó en que el coste financiero para las empresas de la deuda comercial en su conjunto -ordinaria y morosa- ascendiera a cerca de 2.400 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior. El esfuerzo financiero de las empresas para asumir este coste, consecuencia del súbito aumento de los tipos de interés, se triplicó. Y ello pese a la ligera reducción en el periodo medio de pago que, no obstante, superó en más de 21 días el plazo máximo legal establecido de 60 días.

Explica Cepyme que los datos disponibles sobre el período medio de pago (PMP) se remontan a 2008. Por lo tanto, no se conoce el punto de partida en el que empezó a funcionar la Ley de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. En todo caso, explica que sí se observa una reducción significativa, aunque insuficiente, del PMP, puntualiza.

En 2008, el periodo medio de pago fue de 114,3 días, aunque llegaba a las 122 en el caso de las empresas medianas y se reducía a 84,8 días en el de las grandes empresas. Desde 2008, el PMP comenzó una progresiva reducción, hasta llegar a 81,5 días en 2013. La situación ha quedado igual desde entonces: en 2022, el PMP fue de 82 días; en el segundo trimestre de este año, alcanzó a 81,3 jornadas.

¿Qué provocó la reducción? Puntualiza Cepyme que es difícil desglosar cuánto de la reducción del PMP, desde 115 a 80 días en cifras redondas, se debió a la efectividad de la legislación y cuánto a un cambio en la cultura empresarial motivada por la prolongada crisis, que obligó a las empresas a ser cuidadosas en extremo con su tesorería, por ejemplo, acortando los períodos de cobro.

Desde 2021, la patronal de las pymes intensificó su interlocución con Bruselas para buscar solución a la morosidad. Esta organización ha trabajado tanto con el Ministerio de Economía como con la Comisaría de Mercado Interior, liderada por el comisario Breton, para abordar los cambios de la directiva europea de 2011. En estos encuentros Cepyme ha reclamado que se agilice la tramitación de la nueva norma europea, así como que se defina un plazo máximo de pago por parte de las empresas y las administraciones públicas, que mantienen en 30 días el periodo de pago que, por otro lado, nunca cumplen. No obstante, para la patronal es esencial que se concreten cuestiones como el modo de contabilizar la morosidad y su plazo de inicio con el fin de homogeneizar los criterios y dar más certidumbre.

Explica a ABC que a pesar de que la convocatoria de elecciones generales del pasado 23 de julio supusiera un freno a las prioridades establecidas para la Presidencia española del Consejo Europeo, desde Cepyme se consideraba prioritario acelerar la tramitación e intentar cerrar una normativa sobre morosidad antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones más preocupantes para la organización ha sido la falta de homogeneidad con la que se ha estado regulando la morosidad privada en los diferentes países europeos y ha sido la principal demanda del empresariado español en los trabajos con la Comisión. Recuerda que España cuenta con una de las normativas más estrictas sobre morosidad en Europa, aunque también puntualzia que esto no se había traducido en ofrecer resultados eficaces para reducirla.

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De hecho, la aprobación en los últimos meses de medidas sancionadoras aprobadas de forma aislada y sin desplegar ayudas a la obtención de financiación de las empresas en dificultades especialmente las más pequeñas, ha derivado a efectos contrarios como son la la pérdida de acceso a fondos europeos a empresas pequeñas sin que los umbrales de morosidad hayan descendido en ningún caso.

Desde Cepyme se considera que es necesario zanjar también la morosidad de las Administraciones Públicas, y no sólo reducirla, ya que actualmente el sector público cuenta con recursos y es el origen en muchas ocasiones de la morosidad indeseada entre pequeñas empresas.

Sobre las sanciones a las empresas que se demoren, explica Cepyme que la aprobación de sanciones deben tener en cuenta un contexto de caída de la actividad empresarial y de pérdida de liquidez. «La morosidad es un problema complejo que necesita un marco integral que la reduzca. Con este objetivo, es importante apostar por medidas favorables a la competitividad y crecimiento empresarial. Las dificultades de rentabilidad de las empresas en el actual contexto afectan a su viabilidad y a su crecimiento, por lo que favorecer la normalidad y el acceso a financiación llevará consigo una reducción de la morosidad», explica la organización empresarial.

Recuerda, por último, que España ha sido uno de los países que ha registrado unas ayudas a empresas más escasas. Y que la generalización de la factura electrónica, que puede resultar un buen instrumento para controlar la morosidad, no se corresponde con las limitaciones digitales de las empresas y necesita más tiempo en su puesta en marcha.