Montero amenaza con dejar sin 12.000 millones a CC.AA. y municipios en los próximos dos años si no se avala su senda de déficit
Insiste en presentar los mismos objetivos tumbados por el Congreso en julio y avisa que de no aprobarse exigirá un ajuste presupuestario mayor a las administraciones territoriales en 2025 y 2026
Hacienda calcula que en 2025 los gobiernos autonómicos perderían 3.200 millones menos y los ayuntamientos, 1.600 millones
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Sin el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante los objetivos de estabilidad sobre los que el Gobierno quiere sustentar su gestión presupuestaria de la legislatura, como se demostró el pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda ha declinado cualquier posibilidad de renegociarlos y ... se ha decantado por una estrategia más agresiva. María Jesús Montero ha llevado este martes al Consejo de Ministros exactamente las mismas cifras que el Congreso rechazó en julio y ha advertido, eso sí, que de no aprobarse el perjudicado no será el Gobierno que las plantea sino las comunidades autónomas y los ayuntamientos, «en su mayoría gobernados por el PP», ha enfatizado, que perderán cerca de 12.000 millones de euros de margen de gasto en los próximos dos años, según los cálculos que la ministra ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la cumbre ministerial.
Montero ha sustentado su advertencia a las administraciones territoriales -aunque la ha focalizado en el PP- en que en el caso de no aprobarse estos objetivos de estabilidad el Gobierno se vería obligado a aplicar los vigentes en la actualidad, que exigen un superávit presupuestario al subsector autonómico y local en 2025 frente al déficit del 0,1% y el equilibrio presupuestario que se plantea en esa senda. «Las comunidades autónomas perderían 3.200 millones de euros de capacidad de gasto y los ayuntamientos, 1.600 millones de euros en 2025», ha advertido la ministra de Hacienda.
La cifra se multiplicaría en 2026, en que las comunidades autónomas tendrían dos décimas menos de PIB de capacidad fiscal al igual que los ayuntamientos, lo que elevaría la factura para las administraciones territoriales a cerca de 7.000 millones. En total, la pérdida de margen fiscal sería de 4.850 millones el año que viene y de 6.700 millones de euros en 2026 para un global de 11.550 millones de euros menos "de recursos para invertir en sanidad, en educación, en dependencia y en servicios sociales", ha recalcado la ministra.
Montero ha subrayado que de no prosperar los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno los gobiernos autonómicos y municipales tendrán que diseñar sus presupuestos bajo los objetivos de déficit anteriores con los perjuicios que ello conllevaría para su margen de gasto.
Un amenaza bajo sospecha
El asunto es que jurídicamente no está tan claro que eso tenga que ser así. El Gobierno lleva meses asumiendo como alternativa a sus repetidamente rechazados objetivos de estabilidad presupuestaria los formulados en un plan presupuestario remitido a Bruselas, cuya validez jurídica ha sido cuestionada por los expertos, aunque Hacienda enarbola un informe de la Abogacía del Estado como aval, y cuya vigencia podría modificarse perfectamente este próximo mes de octubre para adaptarlos a la última propuesta realizada por el Gobierno.
Montero ha asegurado este martes que el Gobierno está comprometido con que comunidades autónomas y ayuntamientos "no tengan que hacer ningún esfuerzo de reducción del déficit en los próximos tres años", bajo el argumento de su senda de reducción del déficit hace descansar todo el esfuerzo de consolidación fiscal en el Estado y permitiría un déficit de una décima a las comunidades autónomas a lo largo del próximo trienio y el equilibrio presupuestario al sector local, que en los últimos años ha cerrado sus cuentas con superávit.
En concreto, la hoja de ruta del Gobierno es que el déficit público caiga desde el 3% del PIB en que está previsto que se cierre este año hasta el 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027, llevando en el mismo periodo la deuda pública por debajo de la barrera del 100%. En ese trienio, las autonomías podrían incurrir en un déficit de una décima, a los ayuntamientos se les exigiría un déficit cero y la Seguridad Social tendría un desequilibrio del 0,2%, gracias a las millonarias inyecciones de recursos que año tras año recibe de las cuentas del Estado.
Todo esto en un contexto de reimplantación de las reglas fiscales europeas que, al menos a juicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, convierte el embrollo político alentado este martes desde la sala de prensa del Consejo de Ministros por la ministra de Hacienda en una polémica estéril. La Airef ya advirtió el pasado mes de junio que la aplicación estricta de la regla de gasto establecida a España por la Comisión Europea exigiría llevar el déficit público al 2,3% ya este mismo año y a las administraciones territoriales al superávit presupuestario. Aunque no parece que nada de ello pueda pasar.
Con los objetivos de estabilidad fiscal, que son los que el Congreso tiene que ratificar según la normativa presupuestaria española, el Gobierno ha vuelto a aprobar el techo de gasto, que establece el gasto no financiero del Estado para 2025 en 195.353 millones de euros sin fondos europeos y en 199.171 millones si se tiene en cuenta la inyección prevista de estos.
La ministra de Hacienda ha reiterado que cuenten o no con el respaldo parlamentario el Gobierno presentará "lo antes posible" su proyecto de Presupuestos del Estado para 2025 y lo llevará al Congreso, por mucho que haya reconocido que no tienen atados los apoyos para garantizar su trámite.