No se prevén cambios en la propuesta inicial de Hacienda, que planteó un techo de gasto no financiero de 199.171 millones de euros (con fondos europeos) y una senda de reducción del déficit (sobre lo que se vota), que prevé un 2,5% en 2025, un 2,1% en 2016 y un 1,8% en 2017, permitiendo un leve déficit del 0,1% a las autonomías y exigiendo equilibrio presupuestario a los ayuntamientos.
Por lo que pudiera pasar, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el propio presidente, Pedro Sánchez, ya han avanzado que seguirán adelante con sus planes presupuestarios aunque no cuenten con el aval del Congreso a su senda de déficit, e incluso que seguirán adelante aunque su proyecto presupuestario encalle en el Parlamento, en un intento por desanimar cualquier eventual expectativa de elecciones anticipadas por mucho que se encadenaran dos años sin presupuestos.
La realidad es que el Gobierno tiene a su disposición las herramientas regulatorias necesarias para acomodar los presupuestos prorrogados a su antojo, porque se ocupó de amoldarlas durante la pandemia para que las otrora estrictas disposiciones presupuestarias no supusieran un problema a la hora de mover partidas y créditos presupuestarios de un lugar a otro sin mayores dificultades.
Otra cosa será el análisis de la Comisión Europea. Con las reglas fiscales europeas recién estrenadas, Bruselas se enfrenta al desafío de convencer a mercados y países miembro de que el nuevo marco será más fiable y aplicable que el precedente.
España parte en buena posición porque el pasado mes de junio la Comisión avaló sus cifras y le eximió en principio de tener que hacer un plan de reequilibrio y además presenta las cifras de crecimiento más brillantes de las grandes economías de la UE.
Pero también advirtió que dado que España cerró 2024 con un déficit superior al 3% del PIB (3,6%) en octubre se revisarían las cifras a la vista de las medidas incluidas en el proyecto presupuestario para 2025 y del plan fiscal estructural que el Gobierno debe acordar con Bruselas en semanas.
La incertidumbre respecto a los Presupuestos de 2025 no es una buena noticia porque cuestiona el compromiso real de país con su proceso de consolidación fiscal y abre incertidumbres respecto a su cumplimiento. La Airef ya advirtió que bajo el plan actual la regla de evolución del gasto que prevén las normas europeas no se cumpliría ni en 2024 ni a futuro.
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