Mil millones para sofocar el motín de Cataluña con las Cercanías

Además de esta partida, que estará gestionada en un 95% por Adif, el Estado transferirá a la Generalitat 312 millones para compensar las obligaciones de servicio público de Cercanías y Media Distancia prestados en Cataluña el año pasado. Casi 70 millones más que el año anterior.

El aumento de estas dotaciones no es casual. Es un reclamo para que Cataluña suavice sus aspiraciones con Rodalies. La Generalitat ha reclamado al Estado la gestión integral del servicio, lo que en la práctica supondría ceder tramos de vía y material ferroviario a la comunidad, además de segregar Adif y Renfe. El Ejecutivo ha rechazado una cesión completa, pero también se ha mostrado abierto a pactar el traspaso de determinadas competencias.

El año pasado, el Gobierno central estuvo negociando durante meses el futuro de este servicio con el Ejecutivo autonómico en la comisión bilateral creada entre ambos. Pero las reuniones se cerraron sin que ambas partes lograran llegar a un acuerdo.

El acuerdo parece ahora lejano, porque en los últimos meses el Govern ha elevado el tono después de que las Rodalies encadenen varias averías y retrasos. Una situación que ha provocado que la misma ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se disculpe públicamente con los usuarios del servicio, además de criticar que se «incentive la mala visión de Rodalies por motivos partidistas» y asegurar que las averías se producen «en todos lados».

El Gobierno pide que, antes de alcanzar cualquier acuerdo para traspasar Rodalies, la Generalitat firme el contrato programa con Renfe para mejorar el servicio. Porque el operador público asegura que no puede destinar nuevos trenes si no se firma antes este convenio, lo que deja en el aire la llegada a Cataluña de los 101 trenes que contempla el plan de Rodalies.

Desde el operador público ponen en duda además la firma del contrato porque creen que la Generalitat prefiere firmar en los próximos ejercicios un traspaso completo de las competencias que venga a completar el traspaso parcial que se produjo en 2010. Si esto finalmente llega a ocurrir, Cataluña contaría con trenes sufragados por el Estado explotados por un operador distinto al estatal.

Ayer, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, insistió en el diálogo entre todas las partes para solventar la situación. Sobre todo, entre ambos Ejecutivos. «Esperamos que la Generalitat vuelva a la mesa de trabajo para definir una cifra definitiva para el traspaso de recursos económicos de Rodalies», sostuvo la ministra. El Gobierno es consciente de que el apoyo de ERC será clave para sacar adelante los Presupuestos y las infraestructuras estarán en el centro de las peticiones de los soberanistas.

En Cataluña, el anuncio del aumento de las inversiones es acogido con extrema cautela porque se recuerda, por ejemplo, que en 2021, la inversión real apenas supuso un 35,7% de lo inicialmente presupuestado en contraste con la ejecución del 184% en Madrid, según constató el informe 'Distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021' elaborado por Hacienda. Unas cifras que, sumadas a los problemas sistémicos del núcleo barcelonés de Cercanías alimentan el discurso del agravio y del maltrato.

Históricamente, el llamado 'déficit de infraestructuras' -la diferencia entre el porcentaje de lo que se invierte en Cataluña y el porcentaje de la aportación catalana al PIB nacional- ha sido uno de los motores del independentismo y motivo de queja permanente entre el empresariado. Además, para el secesionismo, la distancia entre lo presupuestado y lo ejecutado, como sucedió en 2021, forma parte de un maltrato sistemático. Por contra, para el Gobierno de turno, la distancia debe atribuirse a la coyuntura y, si se puede, al Ejecutivo anterior. Es lo que hizo ayer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que desde Barcelona atribuyó la baja ejecución al anterior Gobierno del PP y aseguró por contra que en 2022, en el primer semestre, la inversión real ha crecido un 40% en términos interanuales.