Línea Directa lanza el primer seguro antiokupas de España para responder a «una nueva necesidad social»

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Beatriz L. Echazarreta

En 2022, 16.726 personas denunciaron que su casa había caído en manos de inquilinos indeseados. Los propietarios, angustiados por un problema social que ha ido en aumento en los últimos años, chocan con unos procedimientos judiciales que se eternizan y les obligan a recurrir a empresas privadas

«En el último lustro se han registrado en España un promedio de 15.000 denuncias al año por ocupación ilegal de viviendas, más de 40 al día, y cada ejercicio se han celebrado de media unos 3.000 juicios por la vía civil por este motivo, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Es un fenómeno que genera importantes perjuicios para los propietarios por el complejo procedimiento jurídico para recuperar su casa y la factura económica derivada de esa ocupación», señala la firma en nota de prensa.

Bajo este prisma, la entidad señala que busca responder «a una nueva necesidad social» que es proteger la vivienda frente al allanamiento y la usurpación. Así, indican que tienen como objetivo «aportar tranquilidad a los propietarios» con una cobertura de hasta 33.900 euros por evento.

Una de las grandes novedades está en las prestaciones del producto. «La nueva cobertura de la póliza de hogar de Línea Directa ofrece, desde el punto de vista de la asistencia jurídica, asesoramiento legal telefónico ilimitado y la reclamación de la vivienda por vía amistosa y/o judicial. Para ello, una vez notificada la ocupación y antes del inicio de las gestiones judiciales, Línea Directa realizará a través del servicio de asistencia legal hasta tres intentos de gestión extrajudicial para lograr el abandono de la vivienda ocupada ilegalmente. Si esta vía amistosa falla, se iniciará el procedimiento por la vía judicial. En este sentido, la reclamación realizada por Línea Directa cubre hasta 10.000 euros en gastos legales y jurídicos», señalan en un comunicado.

Si hay destrozos en la vivienda, la aseguradora también ha pensado en ello. Se hace cargo de la rehabilitación de la misma, pudiéndose elegir entre un servicio sin límite económico a cargo de profesionales de la compañía o un pago de hasta 5.000 euros. Asimismo, se establece un pago de hasta 300 euros mensuales durante seis meses para hacer frente a las facturas de agua, luz y gas derivadas de la ocupación ilegal.

Lo mismo ocurre para casos en los que se necesite una alternativa habitacional por el hecho de que la ocupación se produzca en la vivienda habitual. En estos supuestos, se abonará al dueño hasta 800 euros durante seis meses; la misma cuantía y durante el mismo periodo será también en caso de que la vivienda estuviera dedicada al alquiler y y dejara de ingresar las rentas mensuales. Pero en todo caso no se trata de proteger la llamada inquiocupación, sino que un tercero ocupe una vivienda que esté alquilada.

Sobre esto último, la aseguradora aclara que la cobertura es para casos de allanamiento de morada, esto es, cuando el hogar, independientemente de que sea primera o segunda vivienda, sea ocupado; y también para casos de usurpación de un inmueble deshabitado o vacío, por ejemplo, una vivienda en construcción o en proceso de venta.