Las víctimas de la okupación en España: hosteleros, pequeños propietarios o vecinos asediados
En 2022, 16.726 personas denunciaron que su casa había caído en manos de inquilinos indeseados. Los propietarios, angustiados por un problema social que ha ido en aumento en los últimos años, chocan con unos procedimientos judiciales que se eternizan y les obligan a recurrir a empresas privadas
Editorial: La irracional permisividad con la 'okupación'
Los hay que se apoderan de edificios del modernismo español por pura ideología, 'inquiokupas' que dejan de pagar el alquiler al casero o que colonizan todo un bloque obligando al bar de abajo a cerrar el negocio. Incluso vecinos condenados a vivir asediados por ... este drama social.
Aunque es uno de los temas que se han colado en la campaña previa a las elecciones de la próxima semana, las cifras de la okupación en España llevan una década de crecimiento sostenido. Mención aparte merece Cataluña, que concentra el 42% de allanamientos y usurpaciones de inmuebles que se producen en nuestro país y habría experimentado una subida del 77% en los últimos siete años, según datos del Ministerio del Interior.
Infracciones penales conocidas relacionadas
con la ocupación de inmuebles
2022
68
76
263
189
131
45
7.005
285
209
1.501
150
718
2.024
405
631
2.502
505
8
11
Evolución de las denuncias por ocupación ilegal
17.274
16.726
14.792
14.621
12.214
10.619
10.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Ministerio del Interior / ABC
Infracciones penales conocidas
relacionadas con la ocupación
de inmuebles
2022
68
76
263
189
131
285
209
45
7.005
1.501
150
405
718
2.024
631
2.502
505
8
11
Evolución de las denuncias
por ocupación ilegal
17.274
16.726
14.792
14.621
12.214
10.619
10.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Ministerio del Interior / ABC
Volviendo a la situación nacional, las okupaciones alcanzaron su pico en 2021, cuando a consecuencia de la pandemia se paralizaron los desahucios de familias vulnerables hasta el 30 de junio de 2023, ahora a la vuelta de la esquina. En aquel año en el que aún arreciaba el coronavirus se contabilizaron 17.274 denuncias y, desde entonces, parece que los números se han ido conteniendo.
En 2022, y también según datos de Interior facilitados a este diario, el número de denuncias bajó un 3,2% (se registraron 16.726) y parece que el primer trimestre de 2023, con 3.898 reclamaciones, ha seguido por la misma senda.
CATALUÑA
Inquilinos pudientes que no abonan la subida de los alquileres
Mafias que 'alquilan' niños para frenar desalojos; familias vulnerables que despliegan chabolas en solares abandonados, o segundas residencias allanadas. Cataluña lidera las denuncias por okupación en España. A veces, son delincuentes que convierten el 'realquiler' de pisos en su 'modus vivendi'. Otras, jóvenes que, siguiendo el movimiento 'squatter' se instalan en propiedades vacías, como dos edificios de la zona alta de Barcelona, propiedad de la Sareb, que Desokupa amenazó con desalojar hace unos días.
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Sin embargo, afirman desde la Plataforma Afectados por la Ocupación, estas las cifras «son sólo la punta del iceberg». En ellas no se reflejan todas las situaciones de 'inquiokupación', aquellos inquilinos morosos que acceden a la vivienda con un contrato de alquiler pero que, en un momento determinado, dejan de pagar las cuotas sin abandonar su casa.
Por otra parte, según apunta Miguel Peralta, abogado especializado en el sector inmobiliario, hay casos que no se llegan a denunciar o que, antes de llegar a los tribunales, se resuelven por medio de acuerdos económicos entre los propietarios de la vivienda y los okupas. Cada vez es más habitual que, ante el 'tapón administrativo', los dueños del inmueble usurpado ilegalmente tengan que recurrir a empresas privadas para el desalojo.
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En cualquier caso, Peralta insiste en no pasar por alto la vulnerabilidad social y económica de aquellos a los que se pretende desocupar, pues es entonces cuando empiezan las dificultades y el calvario para el propietario. «Antes del Covid había cierta dureza en el cumplimiento de las órdenes de desalojo, pero la norma que suspendía los lanzamientos se ha ido prorrogando. Cuando el inquilino va a servicios sociales estos realizan un informe y el juzgado suspende el desahucio a la espera de que el ayuntamiento u organismo correspondiente busque una alternativa habitacional. El problema es que ese realojo nunca llega», explica este letrado.
La pelota queda en el tejado de la Administración, que normalmente no logra resolver la situación con celeridad. «Las autoridades no encuentran sustento jurídico para realizar ese desalojo inmediato, sino que hay que abrir diligencias y esa situación se alarga en el tiempo», añade.
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Las cosas de la desokupación en España, como las de palacio, van despacio. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, en nuestro país se tarda de media unos 18 meses (en torno al año y medio) en desalojar a un okupa ilegal.
A pesar de la denominada 'ley antiokupas', promovida por el gobierno de Mariano Rajoy, y cuya voluntad fue agilizar el proceso de retorno de la vivienda al propietario, la legislación española no es como la de la mayoría de países europeos.
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Más allá de la vía civil, el allanamiento y la usurpación tienen penas diferentes en España: de seis meses a dos años de cárcel en el primer caso (o de un año a cuatro si se ejerce violencia) y una multa económica de tres a seis meses en el segundo. Pero no es la dureza de las penas lo que nos diferencia de Europa, sino esos 18 meses de media, muy por encima del tiempo que tardan otros países cercanos en desalojar a sus ocupantes.
En España se tarda de media unos 18 meses en desalojar a un okupa ilegal, según el CGPJ
Está, eso sí, la salvedad de Portugal, donde la situación es bastante similar a la española. Tras la denuncia, se abre un tedioso proceso judicial que se puede alargar hasta un año. Sin juicio ni sentencia firme nada se puede hacer.
La legislación europea
Más ágil es el sistema en Reino Unido, donde la Policía puede entrar en un edificio o casa okupados sin notificación judicial: basta con la sospecha de que se esté produciendo un delito de okupación. Los dueños de la vivienda pueden solicitar el desalojo si han pasado 28 días o menos desde que descubren que su propiedad ha sido ocupada ilegalmente. Rellenan un documento que es entregado a los ocupantes ilegales. Si estos no abandonan el inmueble en las primeras 24 horas, son enviados a prisión donde cumplirán una pena de hasta seis meses y/o 5.000 libras (unos 5.700 euros).
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En Países Bajos, Alemania, Suecia y Dinamarca existen similitudes respecto a las islas británicas. En estos estados no es necesario que haya una sentencia judicial, es suficiente con acudir a una comisaría y demostrar ser el legítimo propietario. Aunque los tribunales marcarán la pena más adelante, se activa un dispositivo especial para el desalojo de la vivienda de forma automática.
Por su parte, la vecina Francia endureció su legislación en 2021, aunque hasta aquel momento era similar a la española. Macron quiso que ya no fuera necesario poner una denuncia: un policía judicial acude a la vivienda para constatar que se está produciendo un delito.
Se emite una solicitud de desalojo y un prefecto tiene que responder en menos de 48 horas con la decisión de desalojar la vivienda o no. Si nos fijamos en Italia, al igual que aquí, las autoridades no pueden entrar en un inmueble okupado, salvo que exista denuncia. La diferencia es que si esta se da, el proceso judicial no se alarga tanto como en nuestro país: el tribunal evalúa el caso en un juicio rápido y si los acusados son culpables, se ordena su desalojo de inmediato.
Recorremos el mapa en busca de las historias, no exentas de desesperación, de varios 'okupados' que, al menos en lo que respecta a la vivienda, desearían pagar el IBI en otro país europeo.
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