La Justicia de EE.UU. encuentra «asombrosos» los argumentos de España para evitar el pago de los laudos por las renovables

La transcripción de una audiencia celebrada ante la Corte del Distrito de Columbia el pasado febrero, a la que ha tenido acceso ABC, revela el elevado grado de incomprensión de los jueces americanos respecto a las maniobras del Gobierno para eludir las compensaciones impuestas por los árbitros del Ciadi y también respecto a su argumento de que pagar les obligaría a incumplir la ley europea.

El caso concreto se refiere al arbitraje más gravoso para las arcas españolas, el litigio de las firmas NextEra y 9REN por el incumplimiento de los laudos que condenan a España al pago de sendas indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas renovables, por importe de 290 y 42 millones de dólares.

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Javier González Navarro

«No parece discutible que España llegó a un acuerdo con los inversores, al ofrecer una serie de incentivos determinados», señaló una de las tres jueces presentes en la vista oral a la representante legal de la Abogacía del Estado en un momento de la vista. «Me pregunto si España no está intentando saltarse sus obligaciones y compromisos», dice otra juez en otro pasaje de la vista oral, en la que a la representante legal de los intereses de España también se le recuerda que «si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, el Ciadi colapsaría. Y si todos los países piden a la Justicia de otros países que no cumplan con los procesos del Ciadi, el Ciadi también colapsaría. El propósito del Ciadi es precisamente el de garantizar un arbitraje neutral y ausente de interferencias».

Durante la vista, el Reino de España desgranó su conocido argumento de que la legislación europea no reconoce los arbitrajes internacionales cuando ambos actores son del espacio de la UE -como era el caso, ya que la mayoría de los fondos abrieron sociedades en Europa para abordar sus inversiones en España-, y de que abonar las compensaciones previstas en los laudos supondría incumplir la normativa europea. Un esfuerzo argumental en el que se vieron apoyados por una jurista en representación de la Comisión Europea.

A la Corte le chirrió, sin embargo, que el Reino de España no reconociera ahora la autoridad de los laudos arbitrales dictados al amparo de la Carta de la Energía cuando es un tratado que ha firmado, por el que se obliga a aceptar el resultado de los arbitrajes y que no tiene cláusula de escape. Expresaron sus dudas respecto a que de no haber querido aplicarlo entre actores de la UE no se hubiera especificado de manera expresa de forma previa.

En la vista también tomaron parte representantes del Gobierno de los Estados Unidos, que reconocieron su incomodidad por una situación que obliga a sus órganos jurisdiccionales a posiblemente forzar la ejecución de un laudo arbitral en contra de los intereses no solo de otro estado soberano sino de países que son socios de los Estados Unidos. «»n este caso, tenemos a un gobierno extranjero involucrado y a Estados Unidos como país donde se debe ejecutar el cumplimiento de las sentencias de arbitraje. Obviamente, nos preocupa a nivel diplomático, porque los dirigentes afectados nos han hecho llegar sus quejas diplomáticas», admitió el representante gubernamental.

Los fondos afectados por los impagos del Reino de España, que ascienden a unos 1.550 millones de dólares, han decidido acudir a la Justicia americana para instar la ejecución de los laudos y tener la posibilidad en última instancia de embargar bienes al Estado español.