La Justicia estadounidense podría embargar bienes del Estado español por el impago de 355 millones de laudos de las renovables

La vista oral se llevó a cabo en relación cuatro casos separados que involucran la ejecución de sentencias de arbitraje internacional en las que se impusieron distintos inversores que pusieron dinero en España. El Estado pide a la justicia estadounidense que se pronuncie en contra de la ejecución de estos laudos, afirmando que la disposición de arbitraje subyacente, contenida en el Tratado de la Carta de la Energía, no aplica a disputas intra-UE.

Las denuncias contra España que se están revisando se corresponden con los incumplimientos de los laudos concedidos a NextEra, 9REN e Infrared y ascienden a 355 millones de euros (389,4 millones de dólares). Las apelaciones de la Abogacía del Estado fueron escuchadas en una vista celebrada el pasado miércoles.

Durante la vista oral, un panel compuesto por tres jueces exploró ante los distintos juristas presentes la cuestión de la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía. La magistrada Florence Y. Pan sugirió que España» simplemente no quiere cumplir con su parte del trato« y pretende eludir las condenas después de haber obtenido los beneficios de millonarias inversiones en el ámbito «verde». »¿No está tratando España simplemente de evadir sus compromisos?«, se preguntó la jueza Pan.

La importancia de las apelaciones va mucho más allá de los casos aislados que se están evaluando, puesto que también abre la vía a nuevas reclamaciones ante la justicia estadounidense. Cabe recordar que se han emitido 26 condenas contra España y que las deudas reconocidas a los demandantes rondan los 1.700 millones de euros, una vez se consideran las indemnizaciones pendientes de pago, los intereses de demora y las condenas en costas.

«España no tiene capacidad de acordar arbitrajes con inversores de otros países europeos», dijo Sarah Harris, abogada de Williams & Connolly LLP que tomó la palabra en representación de España. Sin embargo, el Departamento de Justicia aclaró que el Tratado de la Carta de la Energía «no obliga a la resolución vía arbitrajes» pero, si tales procesos se inician, el reconocimiento mutuo de ambas partes hace que sus resoluciones deban ser tomadas en consideración.

«La UE y España siguen beneficiándose del tratado«, dijo la jueza Pan, »pero nos están diciendo que no tienen que pagar el precio derivado de sus incumplimientos«. Además, dijo Pan recordó que los arbitrajes no amenazan la primacía del derecho de la UE. En la misma línea se pronunció la jueza Judith W. Rogers, que apunta que »si España y la UE se unieron a un tratado que aboga por permitir mecanismos de arbitraje, ¿cómo pueden decir, años después, que esto ya no es lo que quieren y, por esta vía, incumplir lo que se ha acordado en estos procedimientos?«, según las mismas fuentes.

Hablando en representación de NextEra y 9REN, el abogado Shay Dvoretzky declaró que, más allá de ciertas excepciones, un Estado no puede escapar sus obligaciones internacionales e incumplirlas sin más. «Lo que España está haciendo efectivamente es tratar de salirse del TCE o enmendar el TCE sin pasar por los procedimientos que el tratado mismo prevé para hacerlo», señaló el jurista de Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP.

El socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Matthew McGill, tomó la palabra en representación del caso Infrared y dijo que «las implicaciones de la argumentación de España son bastante sorprendentes… Significan que cualquier decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría alterar las obligaciones del tratado de todos los estados miembros de la UE para cualquier número de acuerdos internacionales«.

Las apelaciones se derivan de cuatro procedimientos iniciados recientemente y referidos al registro de laudos internacionales en suelo estadounidense. En febrero de 2023, la jueza Tanya Chutkan rechazó el intento de España de evitar el registro del caso NextEra ante los tribunales estadounidenses, decisión que también extendió al caso 9REN. Asimismo, el caso Infrared está siendo dirimido por el magistrado Richard J. León, con ánimo de proceder al registro del citado laudo en suelo estadounidense.

El panel que escuchó los argumentos de los casos NextEra, 9REN e Infrared está compuesto por los magistrados Judith W. Rogers, Florence Y. Pan y Cornelia T.L. Pillard. La Abogacía del Estado, que ha gastado más de 70 millones de euros en consultoría y honorarios de bufetes internacionales, estuvo representada por un ejército de juristas que incluye a Sarah M. Harris, Lisa S. Blatt, Jonathan M. Landy, Benjamin W. Graham, Aaron Z. Roper y Noah C. McCullough de Williams & Connolly LLP, a Matthew J. Weldon, Brian Koosed, Michael DeMarco y Thomas Warns, de K&L Gates LLP, y a Csaba M. Rusznak, de Sovereign Arbitration Advisors LLC.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos se personó en el proceso que afecta a NextEra y 9REN para pedir a la justicia mediante un escrito amistoso (amicus curiae) que haga cumplir los laudos y evite de esta forma el incumplimiento generalizado de sentencias internacionales. Un informe elaborado por el profesor Nikos Lavranos sitúa a España como el país con más laudos pendientes de pago, por delante de Venezuela y Rusia.

Con este procedimiento, la justicia estadounidense valora la procedencia de asumir el registro de los laudos y, si España persiste en los impagos, embargar bienes como mecanismo para resarcir a los inversores afectados. Los tres casos incluyen indemnizaciones por valor de 355 millones de euros, cifra a la que hay que sumar cerca de 13 millones por intereses de demora y casi 20 millones por las condenas en costas.

Además de estos tres casos (NextEra, 9REN, Infrared), se han emitido ya 26 condenas contra nuestro país debido a la retirada retroactiva de las primas renovables. La justicia británica y australiana ha reconocido estos laudos y,ante los impagos de España, ha abierto la paga al embargo de bienes y activos soberanos de nuestro país.