La Inspección de Trabajo se ve incapaz de controlar la reducción de jornada laboral a 37,5 horas sin refuerzos de plantilla

Entre los 22 compromisos en materia de empleo que recoge el pacto de la coalición, desde la Inspección preocupa especialmente la capacidad para supervisar de forma óptima de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, la nueva senda de incrementos del salario mínimo profesional, que se pretende automatizar en el marco del Estatuto de los Trabajadores para asegurar el 60% del salario medio del país en cualquier momento y los nuevos permisos retribuidos.

Así, sobre estos aspectos concretos y el resto de los plasmados en documento firmado por el presidente en funciones Pedro Sánchez y la vicepresidenta Díaz a comienzos de esta semana, fuentes del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social advierten de que no saben cómo se va garantizar el cumplimiento de las medidas si se olivan del necesario refuerzo de la plantilla para una correcta supervisión. «Se quedará el acuerdo en un dibujo, no se podrá cumplir», apuntan en conversaciones con ABC.

Del mismo modo, critican los inspectores que en el acuerdo sustanciado no hay referencia alguna a esa demanda de refuerzo de la plantilla. Y cabe recordar en este punto, que en mayo de 2023, justo antes de los comicios municipales y autonómicos, y ante el incumplimiento del departamento dirigido por Yolanda Díaz de los acuerdos adoptados en 2021 en el

Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo –para el refuerzo de plantilla y la mejoras de las condiciones laborales del colectivo– los trabajadores llegaron a realizar una jornada de huelga el día 26 de mayo. La cual fue desconvocada por resignación ante el rechazo del Ministerio de Hacienda de sustanciar los acuerdos y acelerar la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, que preveía la incorporación de 790 efectivos entre inspectores y subinspectores.

«Estamos cabreados», señalan las fuentes sindicales sobre esta dejadez para reforzar el servicio pese al acelerón legislativo en materia laboral que ya se inició en la pasada legislatura con la obligación del control horario en las empresas, el registro salarial de los trabajadores, los obligados planes de igualdad, y en última instancia la reforma de la contratación que ha penalizado a los temporales en favor de las firmas indefinidas, concentradas en el remodelado fijo discontinuo y que también está ocupando a los inspectores en busca de los fraudes asociados a este nuevo mapa de contrataciones.

Y más allá de los puntales en materia laboral acordados para los próximos años, no serán cuestiones de menor calado como la aprobación del Estatuto del Becario que obligará a a elevar el control de los estudiantes en el seno de la empresa, la facilitación del teletrabajo o la ley de usos del tiempo para facilitar la conciliación familiar, o la intención de dar una vuelta de tuerca a las condiciones para el despido improcedente, a través de la figura del despido reparativo, que abriría la puerta a indemnizaciones de mayor cuantía que los actuales 33 días por año trabajado.