Las empresas pagarán la factura del pacto PSOE-Sumar: 10.000 millones en Sociedades, jornada de 37,5 horas y despido más caro

Pero la medida estrella es la reducción de la semana laboral sin reducción salarial. Este ha sido el principal escollo para cerrar el acuerdo programático con el PSOE y el detonante para que CEOE, Cepyme y ATA hicieran público ayer un comunicado en que denuncian el acuerdo de legislatura por entender que atenta contra el papel de los agentes sociales en el diálogo social. La organización que dirige Antonio Garamendi criticó el «afán intervencionista» del Gobierno y le acusó de atropellar el papel constitucional de los agentes sociales».

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Blanca Martínez Mingo

El acuerdo de Gobierno incluye, entre otras medidas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La media española según los últimos datos de Eurostat se sitúa en las 36,1 horas

Las patronales se quejan de que se toman medidas que están en la órbita del diálogo social y que van en contra del papel negociador que tienen los agentes sociales en asuntos como la jornada de trabajo.

El texto del acuerdo compromete pasar de 40 a 37,5 horas de trabajo a la semana, pero ya no es, como pedía Sumar, en 2024, sino «de forma progresiva», para trabajar 38,5 horas en 2024, y retrasar un año el objetivo de las 37,5 horas, para 2025. A partir de entonces «se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas». El objetivo de Yolanda Díaz era llegar a entre 32 y 35 horas, pero el pacto no incluye ningún numero.

El recorte de la jornada semanal se hará por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y a partir de ahí sí dependerá ya de la negociación colectiva, aunque el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, insistió ayer en que la rebaja se hará por ley «haya o no acuerdo con empresarios y sindicatos». Y no es la primera vez que esto ocurre con Yolanda Díaz como ministra. Ahí están las sucesivas subidas del salario mínimo realizadas la mayoría de ellas con la oposición de las organizaciones empresariales.

La jornada laboral media en España se sitúa en 37,8 horas semanales, el equivalente a 7 horas y 34 minutos diarios de trabajo, según los últimos datos de Eurostat actualizados a cierre de 2022. ¿Qué ocurrirá ahora con el recorte de la semana laboral? Cuando el tiempo máximo de trabajo quede por ley en 37,5 horas semanales, esa media real del trabajo efectivo semanal bajará hasta situarse probablemente por debajo de la media de la Unión Europea, donde la media está alrededor de las 40 horas, aunque en los extremos haya jornadas de 33,2 horas como en Países Bajos o de 34,2 horas en Dinamarca.

En cualquier caso, la medida volverá a caer sobre las espaldas de las empresas, en un momento muy delicado para pymes y autónomos, que aún luchan por salir a flote del revés de la pandemia. «Habrá que ver cómo aguantan empresas y autónomos», dijo a ABC Lorenzo Amor, presidente de ATA. «Os invitamos a todos a cenar y que lo paguen las empresas y los autónomos», dijo el dirigente empresarial al referirse al pacto entre el PSOE y Sumar.

Las patronales insistieron en que las medidas que incluye el acuerdo de legislatura sellado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz «van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España». En este sentido, el portavoz de CEIM y presidente de UNO, Francisco Aranda, destacó que «se volverá a castigar la ya deteriorada productividad de nuestra economía. Se traduciría en un nuevo incremento de costes para las empresas, lo que elevará más nuestra elevada tasa de paro y sería otro freno para incrementar salarios. El Gobierno debería estar enfocado en cómo ayudar a que trabajen más horas quienes ahora trabajan pocas o ninguna».

Entre los compromisos se incluye también aumentar los permisos retribuidos para conciliar la vida laboral y familiar y aumentar las bajas por nacimiento hasta las 20 semanas, además seguir subiendo el salario mínimo, que desde que gobierna Pedro Sánchez se ha incrementado en casi un 50%. Ahora está fijado en 1.080 euros mensuales.

Además, Díaz ha conseguido arrancar un endurecimiento del despido. Fue la medida estrella de la reforma laboral de 2012 que la vicepresidenta segunda no logró tocar en la reforma de 2021 y que ahora, si gobierna de nuevo Pedro Sánchez, pretenden llevar a cabo. Como ya informó ABC, el debate del despido llegó a la mesa del Ministerio de Trabajo de la mano de UGT y CC.OO. Ambos han llevado el caso español al Comité Europeo de Derechos Sociales por entender que el despido improcedente tiene una baja indemnización que no cumple con la Carta Social Europea suscrita por España en 2021.

Tardó poco la vicepresidenta segunda en unirse a la batalla sindical y puso sobre la mesa, por si gobierna, un nuevo concepto de despido «reparativo» o «restaurativo» dirigido a paliar lo que entiende como el daño causado a los afectados por una extinción improcedente. La opción de Yolanda Díaz es aplicar indemnizaciones diferenciadas según la situación del afectado, dado que entiende que los perjuicios son también diferentes según los casos.

Más allá del ámbito puramente laboral, el acuerdo de PSOE y Sumar contempla medidas que cargan sobre las empresas el coste del mismo. Especialmente, en lo que se refiere al ámbito fiscal ya que las grandes compañías vuelven a estar en la diana impositiva del Ejecutivo de coalición.

Uno de los puntos clave del pacto es el que incluye un endurecimiento del Impuesto de Sociedades que, según la vicepresidenta Díaz elevará por sí solo la recaudación en «10.000 millones de euros». Esa cifra saldrá de las grandes empresas, a las que Díaz ha acusado de incurrir en «ingeniería fiscal» para pagar menos impuestos. La medida consiste en imponer «el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas». Y aquí lo importante es que se aplicaría sobre resultado contable, y no base imponible como hasta ahora. Díaz, así, ha recalcado que de esta forma se aplicaría «sobre los beneficios reales» y «no sobre lo que [las empresas] dicen que perciben».

Con todo, la cifra de los 10.000 millones Hacienda la pone en cuarentena y se desmarca. Fuentes del ministerio confirman que ese dato solo sale de la vicepresidenta Díaz y que en realidad el departamento de María Jesús Montero no tiene nada cuantificado porque ellos trabajan sobre medidas concretas y proyectos normativos. «El Ministerio de Hacienda realiza estimaciones de impacto de en recaudación en medidas concretas y que se incluyan en proyectos normativos», indican fuentes de Hacienda, al tiempo que añaden que «es imposible cuantificar» mientras no haya concreción.

Asimismo, el pacto contempla una «reforma global del sistema fiscal». Una vieja aspiración que se haría siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos para la reforma fiscal que armó el Gobierno y que entregó su informe hace año y medio. Lo cierto es que la reforma fiscal es algo que viene recogido en el plan de recuperación como una de las medidas para poder recibir los fondos europeos.

También en materia impositiva, pero no ya en Sociedades, sale adelante en el documento el deseo de Sumar de perpetuar el nuevo impuesto a la banca y las energéticas, que inicialmente se aprobó para aplicarlo solo dos años. El partido de Yolanda Díaz venía presionando para mantener en el tiempo este gravamen, que está recurrido en los tribunales por las empresas afectadas. «Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual», esto es, para que sigan en vigor a partir del 2025. En su momento se calculó una recaudación anual de 3.000 millones.

El documento también contempla que se evalúen los resultados del impuesto a las grandes fortunas «con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios».

El acuerdo de coalición anunciado incluye futuras legislaciones medioambientales como la de reducir los vuelos domésticos en rutas donde exista alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media. PSOE y Sumar no han dado muchas concreciones sobre la medida, pero en la hoja de ruta marcada está el compromiso de impulsar la reducción de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria, «salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales».

Desde el Ministerio de Transportes aseguran que se escogerán los trayectos en base a un estudio técnico que sintetice el impacto de la medida desde una perspectiva amplia (conectividad, ambiental etc).

En el ámbito comercial bancario, el acuerdo establece que se ampliarán las ayudas para los hipotecados que estén sufriendo la subida de los tipos de interés; concretamente, el código de buenas prácticas para familias en riesgo de ser vulnerable. El umbral para beneficiarse se extendería hasta la renta media, 37.800 euros, y daría acceso a una ampliación de crédito hasta siete años y congelación de cuota por un año. También se prevé adoptar facilidades para «la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago». Aparte de ello, para jóvenes, se recuperan los avales para que estos puedan acceder a una hipoteca, en la que el Estado avalaría el 20% del préstamo.

Asimismo, puramente sobre vivienda, PSOE y Sumar insisten en el pacto en medidas intervencionistas. El documento del acuerdo entre PSOE y Sumar contempla acelerar medidas de la ley de Vivienda como el índice de precios para zonas tensionadas y la revisión de la regulación de los alojamientos turísticos en las áreas que caigan en esta denominación. También se ha acordado aumentar el parque público de vivienda al 20% del total.

Aparte de todo ello, otra de las novedades del documento está en que el Gobierno, en teoría legislando, prohibirá cobrar a los clientes por sacar dinero en ventanilla. «Garantizaremos la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla», dice el documento. Desde el sector bancario aseguran que no hay entidades financieras que cobren por ello a mayores de 65 años, que suelen ser los afectados.