Una de las gurús de Montero para la reforma fiscal vapulea el impuesto a los ricos del Gobierno

Soler, catedrática de la Universidad de Alicante y ponente de la parte de imposición patrimonial de la propuesta de los expertos, subrayó ante un foro formado principalmente por asesores fiscales y juristas que el diseño del gravamen, que básicamente fusila las disposiciones regulatorias del Impuesto de Patrimonio, hace que herede los mismos problemas de diseño que arrastra esta figura y que, por esa misma razón, «acabará siendo pagado por las rentas medias-altas», pero en ningún caso por las mayores fortunas del país, como parecía ser el objetivo de la maniobra gubernamental, alentada desde Unidas Podemos.

La que fuera ponente del Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda señaló de manera gráfica que los principales patrimonios del país «no se van ni a despeinar con este gravamen» y avaló de forma explícita una de las intervenciones realizadas en el foro que advertía sobre el hecho de que las verdaderas grandes fortunas del país mantienen la mayor parte de su riqueza en acciones y participaciones de sus propios grupos empresariales, que se consideran como exentas en la actual regulación del Impuesto del Patrimonio y tendrán la misma consideración en el gravamen de solidaridad.

El cauce a través del cual el Gobierno ha decidido sacar adelante su largamente prometido gravamen de solidaridad sobre las grandes fortunas no solo ha soliviantado a los contribuyentes directamente afectados por la maniobra o a las comunidades autónomas que de un día para otro han visto invadidas sus competencias fiscales por el Ministerio de Hacienda, también parece haber abierto una grieta con los profesionales que de manera desinteresada se prestaron en su día a colaborar con el Ejecutivo para aportar sus conocimientos en la definición de un nuevo marco fiscal más justo, equitativo y razonable.

María Teresa Soler propinó en una mesa de debate sobre la imposición patrimonial un soberano repaso al 'impuesto a los ricos' del Gobierno, del que criticó tanto su cuestionable técnica jurídica como el trámite escogido para darles cauce.

«Con todas las alternativas que les dimos (en referencia al Ministerio de Hacienda) en el informe y han tenido que hacerlo de esta manera, por la puerta de atrás», se quejó la que fue una de las expertas más activas en el diseño de la propuesta sobre imposición patrimonial del Libro Blanco.

La catedrática de la Universidad de Alicante lamentó especialmente que el camino que se ha elegido para incorporar esta figura al ordenamiento legal comprometa lo que observa como una necesidad: la recomposición de la fiscalidad sobre los grandes patrimonios en España y la garantía de que esta se aplica de manera equitativa en todo el territorio nacional.

«Empleamos mucho tiempo en debatir la mejor forma de hacerlo con el objetivo no tanto de asegurar una equidad territorial total sino de garantizar la aplicación del impuesto», explicó, defendiendo su teoría de la necesidad de una imposición patrimonial que se aplique en todo el territorio y no ampare situaciones como la que se ha dado en los últimos años con Madrid.

Soler, que es catedrática de Derecho Tributario, fue especialmente ácida con el singular trámite escogido por el Gobierno para incorporar el nuevo impuesto al ordenamiento jurídico, a través de una enmienda a la proposición de ley que crea otros dos impuestos, el de la banca y el de las energéticas, esquivando los preceptivos informes de órganos constitucionales.

«Se está convirtiendo el principio democrático en un simple cuestión de suma aritmética. Como tenemos respaldo parlamentario para sacarlo adelante, lo hacemos», criticó la experta del comité de Montero en relación al exotismo jurídico de crear un impuesto a través de una enmienda a una proposición de ley. «La técnica jurídica es pésima. Supongo que la idea fue que cómo vamos a gravar los ricos pues lo metemos con el gravamen a la banca y a las energéticas», remachó.

Más dudas generó el debate en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la figura. Soler recordó, en relación a alguno de los argumentos que se está enarbolando en el debate público para subrayar la inconstitucionalidad del gravamen, en concreto el de la supuesta ilegalidad de aplicarlo ya para las rentas de 2022, que en una sentencia de 1997 el Tribunal Constitucional avaló la posibilidad de aprobar con el año ya iniciado una norma que pudiera alterar el tratamiento fiscal de determinadas rentas siempre que estuviera justificado y se hiciera en base al interés general.

Para la catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, Mercedes Ruiz Garijo, la escasa relevancia recaudatoria del impuesto sobre el total de ingresos del Estado hará difícil que se pueda atacar el impuesto por su impacto sobre los contribuyentes. Una posición curiosamente no compartida por una directiva del Instituto de Estudios Fiscales, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que deslizó que en una figura que va a duplicar la recaudación actual que se obtiene por Patrimonio ese argumento probablemente se podrá utilizar.

Rocío Lorenzo, fiscalista jefe del despacho Lestlaw, advirtió que el impuesto será un obstáculo para la inversión y la atracción de capital.