El impuesto a los ricos del Gobierno arrambla con el blindaje fiscal del patrimonio de personas con discapacidad

La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad del año 2003 habilitó la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran declarar la exención total de los bienes y derechos protegidos de las personas con discapacidad en el Impuesto sobre el Patrimonio a modo de reconocimiento de los costes extraordinarios –y no siempre cubiertos por el sistema público sanitario o de atención social– que puede acarrear para ellas y para sus familias la cobertura de sus singulares necesidades de atencion y cuidados.

La puerta abierta de esa regulación estatal ha sido aprovechada por ocho comunidades autónomas que a día de hoy mantienen diferentes bonificaciones y ayudas fiscales para el colectivo: Cataluña, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura y Castilla y León.

Las medidas fiscales en vigor van desde la exención total del Impuesto sobre el Patrimonio que existe en Canarias y Castilla y León a la bonificación en cuota del 99% del valor de los bienes y derechos que forman parte del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que rige en Cataluña, Asturias y Aragón (con un límite máximo de 300.000 euros), o a la ampliación del mínimo exento para las personas con discapacidad, que se ha ensanchado hasta los 1,5 millones en Andalucía, hasta el millón de euros en la Comunidad Valenciana o a entre 600.000 y 800.000 euros, en función del grado de discapacidad, que está reconocido en Extremadura.

Lo que hace el nuevo impuesto a los ricos, que esta semana encara el trámite de su paso por el Senado con escasas posibilidades de cambio, es establecer una tributación mínima para todos los contribuyentes con un patrimonio declarado que supere los tres millones de euros (3,7 millones de euros si se incorpora la vivienda habitual) y lo hace sin atender a ninguna circunstancia personal, al menos según la redacción con la que el impuesto ha llegado a la Cámara Alta.

«El nuevo impuesto no deroga las ayudas fiscales aprobadas para el colectivo de las personas con discapacidad por los gobiernos autonómicos. De hecho aunque quisiera no podría hacerlo», explica Luis Trigo, abogado experto en Derecho Tributario. «Pero por desgracia su desactivación 'de facto' será una consecuencia inmediata e inevitable con la actual redacción de la norma, salvo que en el Senado se remedie esta situación, ya que todo lo que tribute por debajo del mínimo que establece el nuevo impuesto, sea cual sea la causa de esa menor tributación, se habrá de tributar al Estado», avisa.

Fuentes del Cermi, la plataforma que aglutina a las principales asociaciones representativas de la discapacidad, que en España alcanza a más de cuatro millones de personas, advierten de que el nuevo impuesto se traducirá en una «pérdida de bonificaciones fiscales» y muestran su rechazo a «cualquier regresión en la fiscalidad de las personas con discapacidad y sus familias».

La desactivación de las ayudas fiscales para las personas con discapacidad y sus familias con un patrimonio declarado superior a los tres millones de euros, que a juicio de Luis Trigo no sólo erosiona los derechos reconocidos a uno de los segmentos sociales en situación de vulnerabilidad sino que añade un potencial riesgo de inconstitucionalidad ya que afecta a la capacidad de los gobiernos autonómicos para aprobar medidas que favorezcan a los ciudadanos a los que representan, no es el único foco de conflicto al que se enfrenta el nuevo impuesto gubernamental.

La negociación abierta entre PNV y Partido Socialista de Euskadi (PSE) sobre la posible no aplicación del impuesto en los territorios forales vascos ha abierto una nueva batalla política en torno a un figura supuestamente creada para garantizar la aplicación armónica de la fiscalidad sobre el patrimonio en todo el territorio español.

La maniobra del partido en el Gobierno con uno de sus socios de referencia en el Congreso fue cuestionada ayer por el consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty. «La pregunta es por qué se le cede al País Vasco para que pueda dejarlo sin efecto, y a Madrid, Andalucía, Galicia, Región de Murcia o Castila y León, no».