El gran consumo pide al Gobierno aplazar la entrada del impuesto al plástico: «Hay multinacionales que están repensando inversiones»
Las empresas lamentan que España sea el primer país en introducir el tributo a pesar de la coyuntura inflacionista, mientras vecinos como Italia ya han demorado su entrada hasta 2024
Madrid
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Iniciar sesiónLas empresas del gran consumo reclaman al Gobierno que reconsidere su decisión de introducir el impuesto al plástico a partir del uno de enero de 2023. Sectores como los de la alimentación, droguería, perfumería, hostelería, textil, ferretería y bienes tecnológicos, se han unido este jueves ... para hacer «una petición de última hora» a los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda y que aplacen la entrada de un tributo del que alertan puede ser destructor de empleo y competitividad por la generación de unos sobrecostes de alrededor de 690 millones de euros anuales.
Reunidos por la asociación del gran consumo, Aecoc, los representantes de las patronales han lamentado que España sea el primer país europeo en introducir un gravamen que entienden que llega en el peor momento posible para las empresas. El director general de Aecoc, José María Bonmatí, avisa de que su entrada inmediata «pondrá en peligro a mucha pequeña empresa que de por sí ya está en un momento muy complicado».
El 95% de las empresas que integran a la distribución son pymes que en el último año y medio han tenido que soportar un fuerte incremento de costes energéticos, además de sufrir dificultades de acceso a algunas materias primas por la crisis logística mundial, lo que ha lastrado la actividad y sus balances.
Por ello, piden el aplazamiento del impuesto al plástico, al menos, durante un año. Una demora que ya han efectuado países como Italia al entender que no era el momento oportuno por la delicada situación en la que conviven las empresas con el entorno inflacionista.
Pero la entrada del tributo podría tener más consecuencias. La directora general de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), Val Díez, alerta de que los costes del impuesto «están haciendo repensar a las multinacionales sus inversiones en España». Explica que ante esta tesitura para los inversores es más atractivo implantarse en países donde esta imposición no exista. «Este impuesto va a obligar a que se pague por productos que van a ir a otro lugar del planeta, con el riesgo añadido de que te puedan reclamar y ser devueltos», ha señalado Díez, tras recordar que nuestro país es el segundo exportador mundial de perfumes.
Donde también causará un gran impacto es en el textil, que trabaja con el plástico en multitud de procesos. El presidente de la patronal del sector (Acotex), Eduardo Zamácola, ha subrayado que las tiendas reciben el 100% de la ropa embolsada en este material, lo que «tendrá una repercusión económica por parte de los proveedores». Sin dejar atrás el propio negocio online de los comercios donde también se usa el plástico en los envíos y «su coste se trasladará al cliente». Todo ello, en un entorno donde los establecimientos de moda siguen con ventas un 30% inferiores a las de 2019.
Sin detallar
A la vez que las empresas lamentan los sobrecostes que producirá el impuesto al plástico (690 millones directos y 1.100 por la Responsabilidad Ampliada del Productor) también denuncian que a un mes de su entrada todavía desconocen cómo se pagará el tributo. Señalan que existen «ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia».
Lo que ya induce cierto temor a que este desconocimiento pueda derivar en incumplimientos en las obligaciones (los importes de las multas son aún desconocidos) y las empresas sean sancionadas. Sobre todo por parte de las pymes, que además tendrán que asumir nuevos costes administrativos para hacer frente al nuevo impuesto.
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Las empresas, además, entienden que el impuesto es puramente recaudatorio, pues creen que su coste es desproporcionado respecto al objetivo que persigue. «Si es una decisión política que nos dejen el plazo para hacerlo», sentencian.
Destructor de empleo
Los efectos colaterales también podrían recaer sobre el empleo. Para la directora general de Stanpa, la entrada del impuesto «no será en ningún caso un generador de puestos de trabajo» y avisa de que dada la coyuntura económica que viven las pymes, «que no se pueden permitir vender a pérdidas», podría cobrarse incluso despidos.
Con todo, los sectores afectados ya han trasladado al Gobierno esta petición, pero aseguran que por el momento Transición Ecológica y Hacienda «han mostrado más receptividad que capacidad para actuar». El nuevo tributo nace a propuesta de la Comisión Europea, pero en ningún caso es obligatorio para los países miembros de la UE.
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