De Cos avisa de que el IPC empujará el déficit y la deuda a partir de 2023

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aprovechó ayer su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para enviar un mensaje de prudencia al Gobierno y advertirle de que aunque los impactos negativos de la inflación sobre las cuentas públicas aún no son perceptibles acabarán apareciendo, y que es muy probable que lo empiecen a hacer en 2023.

Algunos de ellos, precisó el gobernador, ya están previstos en el proyecto de Presupuestos para 2023, como los relacionados con la revalorización de las pensiones -que ayer se supo que rondará el 8,5% anticipado por el Gobierno tras conocerse el dato de avance del IPC de noviembre- o con la subida salarial de los empleados públicos. Otros, sin embargo, no están tan descontados. Se refirió en este sentido a las compras y transferencias de bienes y servicios y a las inversiones públicas, que se verán afectadas por el encarecimiento de los materiales, o a la cuenta de intereses por la deuda pública, que solo por el efecto de los bonos indiciados a la inflación generarán un sobrecoste de 4.000 millones.

De Cos explicó ayer que la inflación, al impulsar el PIB nominal, permite una reducción del ratio de deuda pública sobre PIB, que en realidad es más aparente que efectivo puesto que el volumen acumulado del endeudamiento público continúa creciendo. Sin embargo, a medio plazo resulta perjudicial para ambas magnitudes.

Según la estimación del Banco de España, basada en un ejercicio realizado por el propio Hernández de Cos cuando era director de Economía y Estadística de la institución, por cada punto extra de inflación generada por un 'shock' energético a los tres años se generan 0,2 puntos extra de deuda pública y 0,1 puntos extra de déficit. En el contexto actual, en el que la inflación se ha ido al 8,5% por la presión de los precios energéticos, esto implicaría 1,6 puntos más de deuda y 0,8 puntos más de déficit público por el impacto de la inflación de 2022.

Para el gobernador del Banco de España estos riesgos constituyen razones más que suficientes para que el Gobierno inicie ya en 2023 un plan de consolidación fiscal que reduzca el déficit estructural y atenúe de manera preventiva los costes extra que se pueden derivar para el presupuesto público del mantenimiento prolongado en niveles altos de los tipos de interés. En línea con lo planteado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España considera que sería apropiado que el Gobierno abordara un ajuste fiscal estructural de unos 3.000 millones el año que viene para poner sus cuentas en orden.

De Cos también advirtió que aunque la hoja de ruta presupuestaria del Gobierno cumple con los parámetros de prudencia establecidos por Bruselas, una prórroga masiva de las medidas hoy en vigor para paliar el impacto de la inflación podría llevar a España a incumplir esos parámetros. Volvió a recomendar al Ejecutivo replantearse las rebajas fiscales al precio de la electricidad y la bonificación de 20 céntimos al precio del combustible.

En la parte de las buenas noticias, el gobernador señaló que los primeros datos avanzados que manejan sobre la actividad económica en el último trimestre del año alejan el escenario de una posible recesión técnica entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, es cada vez más remoto, y que lo más probable es que la economía sufra un estancamiento hasta la próxima primavera.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, reiteró en la Cámara Alta sus críticas al proyecto presupuestario del Gobierno, del que dijo que ni refleja los ingresos que realmente se esperan, ni recoge todos los gastos previstos, ni constituyen una verdadera hoja de ruta de la política económica que prevé desarrollar el Gobierno en el año 2023.

Herrero, que matizó que el aval que la Autoridad Fiscal presta a las cuentas públicas se limita al cuadro macro y no se extiende a la formulación del proyecto presupuestario, que no entra en su mandato, acusó al Gobierno de despreciar los mecanismos de que dispone el presupuesto para adaptarse a la incertidumbre y facturar un proyecto que a su juicio adolece de «carencias notables».