Golpe a Uber, Cabify y Bolt: el Gobierno descarta dar más plazo a casi 4.000 licencias de VTC

Las plataformas que operan con estas licencias, como Uber, Cabify y Bolt, reclaman a la desesperada una moratoria adicional al Gobierno, conscientes de que hasta el momento solo Madrid y Cataluña han implantado nuevas regulaciones. Otras comunidades, como Andalucía y Valencia, también se plantean sus propias reformas, pero no está claro que lleguen al plazo establecido.

Noticia Relacionada

El 'decreto Ábalos' desata el caos entre Uber y Cabify y abre la puerta a demandas millonarias

Guillermo Ginés

La reforma del exministro, aprobada en 2018, ofrecía a las licencias de VTC una moratoria que está a punto de caducar

La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, ha sido una negativa contundente a ampliar el plazo determinado por José Luis Ábalos. Y no solo eso, sino que también está tumbando casi todos los procedimientos concretos que reclamaron, nada más aprobarse la reforma, una ampliación adicional de la moratoria.

El 'decreto Ábalos' dejaba la puerta abierta a ampliar de 4 a 6 años la moratoria en el caso de los propietarios de licencias que demostrasen que no iban a poder recuperar la inversión en el plazo establecido. Porque en realidad la moratoria era eso, una compensación que se daba por expropiar miles de autorizaciones. Una maniobra con la que el Gobierno pretendía evitar el pago de una responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) millonaria a estos propietarios, como ocurrió en el pasado con las radiales o las renovables.

Como fuere, lo cierto es que la mayoría de recursos de los propietarios para ampliar el periodo de gracia están siendo desestimados por el Gobierno. Así se refleja en una resolución dictada por el Ministerio de Transportes recogida este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge que, de 4.001 recursos de ampliación presentados, el Ejecutivo ha rechazado ofrecer un plazo adicional en 3.906.

El Gobierno tiene varios argumentos para rechazar estas ampliaciones. En algunos casos basa su decisión en que el proceso no se ha realizado a través de un procedimiento electrónico. En otros, los recursos se presentaron fuera del plazo establecido por el 'decreto Ábalos' de tres meses. Y en otros no se justifica adecuadamente la adquisición de la licencia realizada en los últimos cuatro años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la reforma de 2018.

Como resultado, solo 95 autorizaciones han obtenido la prórroga. Algunas de ellas, eso sí, han logrado periodos mucho más elevados que los recogidos en la norma del Gobierno. El máximo concedido por el Ejecutivo han sido 16 años adicionales.

Los propietarios de VTC aseguran que un total de 16.000 propietarios presentaron reclamaciones al Gobierno para obtener un plazo adicional al de los dos años. Fuentes del Ejecutivo reconocen que es sumamente complicado que, de todos ellos, haya un número relevante de autorizaciones que logren la prórroga. Las VTC siguen sin ser capaces de contener la hemorragia que abrió Ábalos.