El 'decreto Ábalos' desata el caos entre Uber y Cabify y abre la puerta a demandas millonarias

Casi cuatro años después, el sector ha entrado en ebullición por el fin de la moratoria y el hecho de que solo Cataluña y Madrid hayan impulsado reformas de calado. Es por ello que los propietarios de licencias VTC han lanzado su ofensiva y presionan al Gobierno para que amplíe el plazo, al menos dos años más. Consideran que el plazo de cuatro años, que el Ejecutivo les otorgó como compensación para que amortizasen su inversión, ha quedado desfasado por el impacto que tuvo en la movilidad la pandemia. Y advierten de que si no hay una nueva moratoria, la Administración se enfrentará a demandas de miles de millones.

Un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona para Cabify apuntala esta petición. El texto explica que «la pandemia causada por el coronavirus 2019 generó una situación de emergencia excepcional de salud pública mundial que ha afectado la recuperación de las inversiones de las autorizaciones de VTC, dado el impacto negativo en los flujos operativos de dicha actividad». En el caso de Cabify, que además de operar con VTC era propietario de aproximadamente el 20% de estas licencias en 2018, este golpe se tradujo en un desplome de los ingresos de más del 40%.

Es decir, es imposible que en estos cuatro años los propietarios de VTC hayan podido recuperar la inversión realizada, según el estudio. Y por tanto, la compensación temporal que dio el Estado para expropiar estas autorizaciones no es válida. La Universidad de Barcelona, no obstante, asegura en este documento que ni siquiera sin la pandemia hubiera sido posible recuperar la inversión, ya que en su opinión habrían hecho falta 16 años para recuperar la inversión, 18 si se tiene en cuenta el coronavirus.

El texto insta por tanto al Gobierno a ampliar dos años su moratoria. En caso contrario, advierte, se podrá abrir una vía judicial en la que los propietarios de licencias VTC podrían exigir «un monto considerable». Fuentes del sector cifran esta cifra entre los 2.000 y los 3.000 millones contando no solo el 'decreto Ábalos', sino también las restricciones autonómicas.

Noticia Relacionada

Los VTC claman por una negociación para evitar la pérdida de «3.000 puestos de trabajo» en Barcelona

ABC

Desde la plataforma de transporte exigen la derogación del nuevo decreto ley que se aplicará en octubre y piden crear otra normativa que les tenga en cuenta

Las regiones son conscientes de que les puede salpicar esta guerra legal, y por ello algunas de ellas han pedido, en privado, que se lleve a cabo una ampliación del plazo. Andalucía, que también ultima una norma, y Cataluña son algunas de las comunidades que han intentado impulsar esta extensión, según explican desde el sector de las VTC. Desde Cabify también reclaman un esfuerzo al Ejecutivo para que amplíe el plazo. La tecnológica lamenta además que los tenedores de licencia están sufriendo la «inseguridad jurídica» de nuevas «restricciones autonómicas». «Muchas de ellas han sido cuestionadas por los tribunales y Competencia», sostienen desde la tecnológica.

La respuesta del Gobierno, no obstante, es tajante: «No se plantea prorrogar el plazo», explican fuentes de Transportes. El departamento, eso sí, asegura que responderá a las 16.000 licencias que han solicitado ya una moratoria por causas extraordinarias. En un primer momento, Transportes delegó esta resolución a Ineco, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que debía ser el ministerio el que la resolviera. La bomba de relojería que activó el decreto Ábalos en 2018 está ahora a punto de estallar.