El Gobierno no necesita el 10% de Telefónica para someter a STC

El problema es que la SEPI sólo tiene 454 millones en caja para hacer frente a una operación que supondrá un desembolso de unos 2.000 millones de euros si adquiere el 10% de la compañía de telecomunicaciones, tal y como adelantó este periódico.

Sin embargo, al día de hoy no está claro cuál será el porcentaje que comprará la SEPI ni el mecanismo de financiación. Varios expertos consultados coinciden en que adquirirá en un primer momento un paquete de entre un 5 y un 8% de Telefónica, porcentaje suficiente para marcar territorio a los saudíes de STC, que poseen un 4,9% de forma directa y otro 5% en instrumentos financieros. Además, su financiación sería menos costosa.

De momento, la SEPI guarda silencio y la CNMV no tiene registrada ninguna participación relevante (a partir del 3%) de este holding en Telefónica

Asimismo, si el Gobierno solo autorizara a STC a tener un 4,9% de Telefónica por ser una empresa estratégica, no necesitaría alcanzar un porcentaje «de hasta el 10%» autorizado el pasado 19 de diciembre.

La decisión de la SEPI dependerá de varios factores estratégicos y financieros, explica Alberto de Torres, experto en tecnología, CEO de Nektiu y profesor en ESIC. «Como el objetivo del Estado es tener una influencia significativa en la dirección de Telefónica, un porcentaje mayor como el 10% asegura una participación considerable y puede implicar una mayor influencia en las decisiones de la empresa, incluyendo potencialmente posiciones en el consejo de administración. Algo que seguramente sí esta en su pensamiento, como en el control de Indra».

También hay consideraciones financieras. «La capacidad financiera del Estado para adquirir un porcentaje mayor y las implicaciones de dicha inversión en la salud fiscal general son importantes. Si la compra de un 10% es financieramente compleja, seguramente una participación menor podría ser una opción más sostenible, pudiendo ejercitar una nueva compra de otro paquete en unos años».

Alberto de Torres subraya que «la percepción del mercado y de otros accionistas de Telefónica también puede influir en la decisión. Un porcentaje más alto podría ser visto como un compromiso más fuerte del Estado con la empresa, mientras que un porcentaje menor podría ser percibido como una medida más equilibrada entre la influencia y la independencia de la empresa. Aquí dependerá de las presiones que tenga el Estado con el Ibex y otros actores internacionales».

Por otro lado, la proporción de la participación del Estado en comparación con otros accionistas importantes también es relevante. «Quizás sí necesite el 10% para superar al grupo saudí STC, que posee en total un 9,9%. Pero con el resto de accionistas le valdría con, por ejemplo, un 7%, ya que BlackRock tiene un 4,9%, y BBVA y CaixaBank un 4,8% cada uno». En última instancia, la decisión de si la SEPI adquiere un 10% o cualquier otro porcentaje «dependerá de una evaluación cuidadosa de estos y otros factores por parte de los responsables de la toma de decisiones».

Otros expertos consultados afirman que lo importante no es cómo se hace la operación, sino la influencia que va a pretender tener el Gobierno en la gestión de la operadora. «Podría prohibir la toma de un 5% de STC atendiendo a las mismas razones estratégicas. Esto indica que el Gobierno no se conforma con evitarlo sino que quiere intervenir. Se produce así un mensaje negativo para los inversores extranjeros que quieran entrar en España ante la posibilidad de nuevas veleidades gubernamentales en este y otros sectores».

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También añaden que si logra crear un núcleo duro -junto con La Caixa, en la que también participa- y algún otro accionista, «podría condicionar de facto la actuación del consejo, el nombramiento de presidente y, en suma, la gestión. Una mala noticia que el Estado entre en empresas ya privatizadas».

Y apuntan que «todo parece indicar que el Gobierno optará por endeudar la SEPI en 2.000 millones más, hasta superar los 5.000 millones, para comprar el 10% de Telefónica. También podría emitir pagarés. El objetivo es no incrementar el déficit del Estado e intervenir a medio y largo plazo en la gestión».

Alberto de Torres explica los diferentes mecanismos financieros que puede utilizar la SEPI. Una transferencia del Estado implicaría que este utilice fondos existentes en su presupuesto para comprar las acciones. Podría requerir reasignar fondos de otras áreas o utilizar reservas, si las hay. Una ventaja de esta opción es que no aumenta la deuda pública, pero podría tener implicaciones en otros programas o inversiones planeadas.

También el Estado podría decidir financiar la compra mediante la emisión de bonos o algún otro tipo de instrumento de deuda. Aumentaría la deuda pública pero podría ser una opción viable si los tipos de interés son bajos (no parece que es el caso actual) y hay una buena demanda de deuda gubernamental. La emisión de deuda permitiría al Estado mantener la liquidez en otras áreas mientras financia la inversión en Telefónica.

Otra posibilidad sería la de autorizar un mayor endeudamiento. Como el Estado ya tiene un cierto nivel de deuda, podría optar por incrementarlo para financiar la compra. Esta opción es similar a emitir deuda, pero se enfoca en aumentar el límite de endeudamiento ya existente. Podría implicar negociaciones o aprobaciones parlamentarias para ampliar los límites de endeudamiento.

Asimismo, usar fondos soberanos o de inversión que se utilizan para inversiones estratégicas o emplear parte del exceso de recaudación por la inflación. Si el Estado decide el uso de estos fondos, podrían ser utilizados para la compra sin necesidad de recurrir a opciones de deuda.

«Creo creo que se va a optar por usar fondos ya existentes, que se compensarán una parte vía impuestos y otra por emisión de deuda», afirma.