La SEPI busca financiación extra en plena 'defensa' de Telefónica

Fuentes oficiales del holding público consultadas por ABC rechazan especificar las entidades con las que se están manteniendo contactos en este sentido y se limitan a señalar que «la SEPI cuenta con un amplio 'pool' bancario con el que viene trabajando desde hace años», y que estos contactos responden efectivamente al interés de la sociedad por estudiar «los distintos instrumentos financieros existentes en el mercado que mejor se ajusten a sus necesidades de financiación».

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María Jesús Pérez

Las maniobras de la SEPI para diversificar sus fuentes de financiación externa se producen cuando aún resuenan los ecos del anuncio realizado el pasado 30 de octubre por el holding público a la CNMV en el que admitía estar «monitorizando la situación de Telefónica, SA y llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía». Cuestionada de forma expresa por este diario acerca del posible vínculo entre los contactos que el holding presidido por Belén Gualda reconoce estar manteniendo con entidades bancarias y la eventual financiación de esta operación, la sociedad ha optado por no contestar.

El interés, confirmado por el Gobierno, responde a una maniobra defensiva para preservar un núcleo duro de decisión español y con presencia pública en la principal compañía de telecomunicaciones del país, una de las más importantes de Europa y, como dijo Nadia Calviño, «una de las principales empresas estratégicas españolas, sino la más estratégica», tras la aproximación del operador saudí STC en la que afloró una participación del 4,9% y un 5% adicional en derivados.

La voluntad existe, pero la capacidad financiera de la SEPI para afrontar una operación de ese calibre, que le exigiría adquirir hasta un 6% de las acciones de Telefónica y, por tanto, invertir más de 1.000 millones de euros en la operación, es limitada.

La SEPI perdió 65 millones de euros en el ejercicio de 2022, carga en su balance con el lastre de dos grandes empresas públicas enterradas en pérdidas millonarias endémicas, como son Navantia y Correos, que ese mismo año acumularon entre ambas unos números rojos cercanos a los 400 millones de euros. Además arrastra una deuda bancaria superior a los 3.000 millones de euros tras multiplicarse por diez en apenas un lustro desde los poco más de 300 millones que había al cierre del año 2016.

Fue precisamente la escasez de herramientas a disposición de la SEPI para hacer frente a sus necesidades de financiación la que llevó al Tribunal de Cuentas a solicitar a los gestores del holding público del Estado allá por 2018 alguna estrategia para diversificarlas y disponer de una caja de herramientas más amplia que le permitiera optimizar su gestión. El ente fiscalizador insistió en este punto «con el objeto de evitar que el número y volumen de las operaciones de crédito y préstamo no canceladas crezca de manera continuada en el tiempo» y facilitar la gestión, «lo que permitiría obtener ahorros financieros».

En una reunión del comité de dirección en julio de 2020, en lo peor de la pandemia, se planteó a nivel interno la posibilidad de asomarse al mercado y realizar algún tipo de emisión de obligaciones para dar cobertura a las crecientes necesidades de recursos de la sociedad en un contexto en el que la paralización de la actividad productiva y la obligación de seguir atendiendo a los gastos de personal pusieron la tesorería de las sociedades dependientes del holding público y a las de la propia SEPI al límite. El intento de realizar una emisión de pagarés no prosperó porque, según explica la dirección del holding al Tribunal de Cuentas, la puesta en marcha casi de inmediato del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas les impidió destinar a ese proyecto los recursos necesarios y acabó metido en un cajón. Ese fue el momento en que la SEPI estuvo más cerca de utilizar un instrumento financiero diferente al préstamo bancario.

No significa que haya sido la única opción que se ha valorado. Un informe recién publicado por el Tribunal de Cuentas sobre el seguimiento de las recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador a la SEPI revela que el holding público ha explorado diferentes vías de financiación adicional en los últimos años sin que ninguna haya llegado a cuajar: la monetización de sus acciones, lo que implicaría transformar en liquidez las participaciones que el Estado tiene en la sociedad (fuentes de SEPI se han negado a aclarar si por la vía de sacar algún paquete accionarial al mercado o por alguna otra vía alternativa); una emisión de bonos 'schusldschein', una especie de préstamos a 10 o 15 años muy utilizada en Alemania que suele ser cubierta por inversores institucionales (fondos de pensiones o aseguradoras); o la solicitud de un préstamo a un sindicato de bancos, una opción que la SEPI dice haber rechazado por disponer de un 'pool' amplio de bancos que le permiten cubrir sin dificultad sus necesidades de financiación bancaria.

La SEPI dispone también de una vía más directa de financiación, que quizá sea la más sencilla si finalmente el Gobierno se decide a entrar en el capital de Telefónica a través de su sociedad de cartera: las transferencias directas del Estado. Fuentes jurídicas consultadas por ABC aseguran que no supondría ningún problema por el lado de las ayudas de Estado y probablemente su principal contraindicación es el riesgo que supondría en forma de pasivos contingentes para el sector público en caso de que decidiera hacerse de una forma masiva.

La preocupación del Tribunal de Cuentas por la escasez de palancas financieras de la SEPI deriva también de lo que interpreta como una falta de control y regulación sobre sus operaciones de endeudamiento.

El Tribunal de Cuentas constató en 2018 la falta de un protocolo de actuación por parte de la SEPI a la hora de endeudarse, así como la ausencia absoluta de criterios reglados sobre los instrumentos a utilizar para financiar esa deuda en función de sus características o los plazos de devolución.

El órgano fiscalizador denunció entonces que pese a la importancia del volumen de endeudamiento de la SEPI las operaciones para dar cobertura al mismo se decidían por el consejo de administración, que de hecho es el órgano que debe encargarse de ello, pero sin contar «con un procedimiento escrito regulador de estas operaciones».

De hecho, esto ha sido así hasta el pasado 11 de mayo, cerca de cuatro años después de la recomendación del Tribunal de Cuentas, cuando por fin la SEPI ha aprobado un puñado de normas para regular las operaciones de endeudamiento en que incurra la sociedad y los criterios a aplicar.