El Estado vuelve a Telefónica 24 años después y comprará hasta un 10% de su capital para «salvaguardar sus capacidades estratégicas»

Sorpresas, cero. La sensación que flotaba en el ambiente desde exactamente el pasado 31 de octubre era de una acción inminente. Dudas, pocas. De hecho, y según fuentes financieras consultadas por este periódico, los mercados estaban expectantes a nuevos movimientos desde el desembarco del fondo soberano saudí en la primera operadora española, mientras hacían sus cábalas y quinielas respecto a cuándo habría hecho relevante. Que el Gobierno estaba estudiando el momento y las características de la operación era poco menos que un secreto a voces.

Pues dicho y hecho. Esto sí por sorpresa porque hubo referencia 'cero' tras la reunión del Consejo de Ministros, y poco después de las 17.30 horas, saltaba la noticia: el Estado comprará hasta el 10% del capital social de Telefónica para «salvaguardar sus capacidades estratégicas». Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que supondrá que el brazo industrial del Estado español vuelva al capital de la operadora de telecomunicaciones de la que dejó de ser accionista en febrero de 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar vendió el 20% del capital por 3.720 millones. El precio de venta de los títulos de aquella privatización fue de 19,78 euros. Ahora, la compra de un 10% ascendería a más de 2.000 millones de euros, según la actual cotización de Telefónica a 3,56 euros la acción.

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«Por la presente comunicamos que el Consejo de Ministros en su sesión de hoy ha acordado ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que lleve a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de la compañía Telefónica, SA (Telefónica)», según aparece reflejado en el documento enviado el supervisor bursátil. «Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario», añade el holding español.

Tras el hecho relevante, el Ministerio de Hacienda remitía también su propio comunicado en el que destacaba el «amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas» que tiene Telefónica, al tiempo que ponían en valor la presencia de la teleco también en el sector de la Defensa. Hacienda ahondó en la idea de que acometerán esta adquisición para reforzar la «estabilidad accionarial, preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales».

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Es precisamente esos intereses nacionales en los que ha insistido mucho estas últimas semanas el Ejecutivo. Asimismo, el ministerio liderado por María Jesús Montero ha señalado que la entrada en el capital «va en línea con los países de nuestro entorno». En este sentido, recuerda que Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange; o Italia, que ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, ha sido la siguiente en destacar, en su intervención en el Senado tras hacerse público el anuncio a cierre de mercado, que «es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el de la innovación tecnológica, sino también en el ámbito de seguridad y la defensa. Por eso, en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que están incrementado su participación en el capital de las grandes operadoras de telecomunicaciones estratégicas, hoy hemos acordado ordenar esta posibilidad de adquisición de hasta el 10% del capital de Telefónica. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país», explicó.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha ido un paso más allá en sus declaraciones en X: «Emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas. El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país. Dijimos hace meses que era necesario. Hoy es una realidad».

Así las cosas, este movimiento cambiará radicalmente el equilibrio accionarial en la compañía. El Estado superará con un 10% a los otros grandes accionistas de la empresa, que son los saudíes STC, Caixabank y Criteria, BBVA y BlackRock. Fue precisamente el desembarco por sorpresa de STC el que despertó el interés del Gobierno por entrar en el accionariado de Telefónica. STC posee directamente el 4,9% del capital social, mientras que para otro 5% ostentan las opciones a través de instrumentos financieros. BBVA, por su parte, cuenta con un 4,87% de la compañía; BlackRock, un 4,48%; y Caixabank, un 3,5% y CriteriaCaixa, otro 2,53%.

Fuentes consultadas por ABC explican que la entrada de SEPI en el accionariado de Telefónica pone aún más en valor la posición de José María Álvarez-Pallete como el primer ejecutivo capaz de integrar la disparidad de accionistas de la operadora y compañía bandera de España. Pallete, a quien los árabes de STC ya mostraron explícitamente el apoyo a su gestión, es el director de orquesta que, según las mismas fuentes, debe intentar que la disparidad de instrumentos en el Consejo procure un sonido armónico. «Para conjurar los instintos intervencionistas del Gobierno, mantener en su sitio al fondo soberano saudí a través de STC y dar oxígeno a BBVA y Caixa, sin ahuyentar a BlackRock, estará la figura de Pallete, como el ejecutivo que mejor conoce la casa y los derroteros digitales, por lo que se antoja imprescindible», dicen las fuentes.

Las mismas fuentes apuntan que en el mercado se descuenta que el Estado, con esta operación, podría tener la opción a solicitar hasta dos puestos en el consejo de administración de la compañía, presidido por Álvarez-Pallete, con Isidro Fainé en la vicepresidencia. A tener en cuenta los tres consejeros independientes que cumplen mandato en junio de 2024: Peter Loscher, Verónica Pascual y Claudia Sender; también cumpliría José Javier Echenique (vicepresidente y consejero coordinador). Fainé, por cierto, también acabaría mandato, si bien es consejero dominical.

La operación deja a la SEPI como principal accionista de Telefónica. Y la entrada de un Estado en cualquier compañía siempre despierta recelos en el mercado, así como en el capital social de la empresa en cuestión. En este caso, habrá que esperar a comprobar la reacción del mercado en la apertura de hoy. De momento, fuentes del entorno de de la teleco destacan que en el accionariado de la compañía no se ve del todo mal la entrada de accionistas, sea cual sea su condición, siempre que lleguen para dar estabilidad a la empresa. Caso distinto, apuntan, sería que en este caso un Gobierno, usando las armas del Estado, quisiera tomar el control de la empresa.

Importante será también en el desembarco de la SEPI la postura que vaya a seguir el Estado respecto al dividendo.