Las energéticas maniobran en el Congreso para que sus inversiones verdes les permitan aliviar el golpe fiscal del Gobierno

Las compañías han hecho su trabajo y, según confirman fuentes empresariales a ABC, en las últimas semanas han venido manteniendo encuentros con los diferentes grupos parlamentarios para trasladarles su visión sobre el impacto que puede tener el nuevo gravamen sobre su actividad e impulsar diferentes cambios.

La tarea de convertir esos cambios en propuestas de enmienda a la proposición de ley la ha realizado CEOE, que ya ha remitido a los grupos parlamentarios el resultado de esos trabajos. Según ha podido saber ABC, esas enmiendas trasladan los aspectos en los que están de acuerdo todas las empresas del sector energético afectadas por la ofensiva fiscal del Gobierno y entre otras cosas plantean que las inversiones en renovables se tengan en cuenta para rebajar la base imponible sobre la que se aplicará el nuevo gravamen.

El argumento de fondo es impedir que el nuevo gravamen del Gobierno se traduzca en una reducción del esfuerzo inversor de las compañías energéticas en programas relacionados con la transición hacia fuentes de generación más limpias.

Se entiende que al detraer las inversiones verdes del cálculo del rendimiento neto anual de las empresas energéticas se evita que las nuevas cargas fiscales recaigan sobre un ámbito que supuestamente se está impulsado tanto desde la Comisión Europea como desde el propio Gobierno de España a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El efecto inducido es que el gravamen se aplicaría sobre una base imponible algo más baja y la recaudación a esperar sería también menor.

El nuevo gravamen del Gobierno a banca y energéticas encara esta semana un hito definitivo con el previsible cierre este jueves del plazo para presentar enmiendas parciales al articulado de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, que no sólo instaurará estos dos nuevos gravámenes transitorios sobre los beneficios extraordinarios de los sectores energético y financiero sino que también dará soporte al nuevo gravamen de solidaridad a las grandes fortunas y a la reducción a la mitad de la posibilidad de los grandes grupos de aplicarse las pérdidas de sus filiales.

Además del blindaje fiscal sobre las inversiones en renovables, las enmiendas trasladadas desde la CEOE a los grupos parlamentarios inciden en otros dos aspectos críticos que parecen poner de acuerdo a eléctricas, petroleras y gasistas: regular la deducción del gravamen especial en el Impuesto de Sociedades para evitar incurrir en un supuesto de doble imposición que podría comprometer el futuro judicial de la controvertida figura impulsada desde el PSOE y Unidas Podemos; y liquidar la polémica disposición que establece la imposibilidad de trasladar el coste del gravamen al consumidor final, cuyo sostén jurídico ha sido puesto en duda por numerosos expertos.

No ha sido posible el consenso en otro aspecto, a priori fundamental: el hecho de que el Gobierno haya decidido aplicar el gravamen sobre la cifra neta de negocios de las empresas y no sobre sus beneficios extraordinarios, como indica el Reglamento de la Comisión Europea, como han hecho otros países y como por ejemplo exigía la enmienda de totalidad planteada por Ciudadanos a la proposición de ley de PSOE y Podemos.