Globalia y el Gobierno esquivaron a Bruselas 'troceando' el rescate

Así, el grupo turístico español propiedad de la familia Hidalgo logró sumar, a través de tres vías y en tres veces por separado, 1.010 millones de euros -una cifra similar a la pactada previamente con el Gobierno-, para poder sobrevivir a la crisis.

A dicha cantidad llegó finalmente gracias a, primero, una ayuda estatal por un total de 475 millones de euros para rescatar a su aerolínea, Air Europa; segundo, a otra inyección pública posterior para el rescate de Ávoris (la división de viajes de Barceló, que se fusionó con Halcón, de Globalia), dotada con 320 millones; y, por último, y según ha podido constatar ABC en la Plataforma de Contratación del Sector Público, otros alreededor de 215 millones de euros por un contrato público como servicio de agencia de viajes.

Ambos rescates, además, lograron esquivar la fiscalización de la Comisión Europea debido a que ninguna de las partidas por separado, y desglosadas cada una en préstamos, superaba los 250 millones de euros, si bien el montante final casi lo duplicó, a lo que sumó después ese contrato público por servicio de agencia de viajes hasta lograr esos algo más de mil millones.

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El rescate de 475 millones de euros entregados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, se desglosó en 240 millones de euros mediante una inversión en préstamos participativos y ordinarios pagados el 11 de noviembre de 2020 -siendo la primera empresa en recibirlos, tras ser considerada estratégica por el Gobierno-, más otros 235 millones, de los que se entregaron 100 el 25 de marzo de 2021 y otros 135 millones el 7 de mayo de ese mismo año.

El segundo bloque de ayudas se aprobó el 16 de marzo de 2021, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al rescate de Ávoris, dotado con 320 millones. El préstamo se articuló en un crédito participativo de 163 millones y un crédito ordinario de 157 millones.

Y, por último, está la concesión de un contrato a Viajes Halcón, propiedad de Globalia, para la centralización de viajes de distintos ministerios, que alcanzaría un total de unos 215 millones de euros debido a las prórrogas del mismo. En un inicio eran 106 millones de euros, repartidos entre dos lotes, el segundo y el tercero, de un contrato de cinco lotes por valor de 285,6 millones de euros, a razón de 62,4 y 43,6 millones de euros, respectivamente.

Precisamente, este contrato ha centrado la atención de la asociación HazteOír, que forma parte de la acusación popular dirigida por Vox en el caso Begoña Gómez, y que ha sido incluido en la tercera ampliación de la querella contra la esposa del presidente del Gobierno y el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos investigados por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La querella se basa en el expediente 54/17, a la que ha tenido acceso este periódico.

El contrato se realizó mediante cinco lotes, dos de los cuales fueron adjudicados a la agencia de viajes del grupo Globalia, para cubrir traslados de varios ministerios. Y en concreto, de los que logró la agencia de Globalia, el lote tres estaba destinado a Asuntos Exteriores, Presidencia, Administración Territorial, Educación y Justicia; mientras el lote dos era para Economía, Industria y Competitividad, Energía y Turismo y Hacienda. Para los tres lotes restantes resultaron adjudicatarias otras empresas.

Dicho contrato de más de 285,6 millones para diferentes agencias -entre ellas la de Globalia- fue licitado el 6 de octubre de 2017 y adjudicado en marzo de 2018. Pedro Sánchez llegaría al poder el 1 de junio de este último año. Posteriormente a su llegada, el contrato fue prorrogado y modificado en numerosas ocasiones y en muchas de ellas en el mismo día y en períodos cortísimos de tiempo, según consta en el expediente 54/17, hasta dejar a Globalia como agencia para el servicio de viajes de diferentes ministerios y entes públicos después de la pandemia, cuando se le prorrogó el contrato, pero ya con una nueva denominación, como consta en una de las modificaciones, bajo el nombre de Sekai Corporate Travel.

Para HazteOír, estas modificaciones continuadas «presentan serios indicios de poder ser irregulares». Según la documentación aportada por la acusación en el caso Begoña Gómez, la cifra total -tras hasta 59 movimientos dentro de dicho expediente desde el anuncio de licitación, después adjudicación, formalización, rectificaciones, modificaciones, prórrogas y resoluciones, entre 2017 y 2022- habría llegado a esos 215 millones para la agencia.

Como recordatorio, tal y como publicó ABC, el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a estudiar un rescate financiero de cerca de 950 millones al grupo Globalia una semana después de la primera reunión 'secreta' de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el entonces consejero delegado de la aerolínea española, Javier Hidalgo, el 24 de junio de 2020, fecha y encuentro que adelantó 'El Confidencial' y que el grupo ha reconocido después.

No obstante, esos cerca de 1.000 millones de los que no se tenía conocimiento hasta la publicación en este diario contrastan con la ayuda pública que finalmente el Estado le concedió y desembolsó pero solo para salvar a la aerolínea -que buscaba también esquivar la quiebra de su agencia Halcón Viajes y del resto de sus negocios turísticos- por importe de 475 millones tras la resolución adoptada por el Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020.

El informe de la SEPI a requerimiento del juez Juan Carlos Peinado al que tuvo acceso este periódico cita en concreto que el 11 de junio de 2020 -curiosamente dos semanas antes del primer encuentro Gómez-Hidalgo-, Globalia se dirigió al Ministerio de Economía -liderado entonces por Nadia Calviño- para solicitar ayuda por valor de 950 millones. De dicha solicitud -se asegura en el informe en poder del juez- se dio traslado para su análisis al organismo estatal por parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.