El día que Moncloa se convirtió en una sala de vistas

Delante de la mesa de despacho, en el centro de la estancia se han dispuesto tres mesas más que forman un cuadrado. La puesta en escena imita una sala de vistas: enfrente del testigo se sientan el juez, Juan Carlos Peinado, y el secretario judicial. En la mesa situada a la derecha del magistrado se ubican el fiscal, José Manuel San Baldomero, y las acusaciones populares que representa Marta Castro, de Vox. En el otro lateral, los abogados de las defensas de las tres personas investigadas: Antonio Camacho, letrado de Begoña Gómez; Paola Úbeda, del empresario Juan Carlos Barrabés; y Manuel Ollé, del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Goyache.

Hay dos cámaras de vídeo, una de las cuales apunta al testigo desde la derecha del juez. Los técnicos al servicio del juzgado habían llevado la que grabará y otra «de contingencia». Acudieron pertrechados además con seis micrófonos y un séptimo por si acaso, un altavoz, un par de procesadores de audio, dos grabadoras de DVD, no sea que una falle, y varios discos. Nada podía quedar al azar.

Con la ayuda de la acusación popular, ABC reconstruye una declaración inédita en democracia. La Presidencia del Gobierno se lo ha tomado muy en serio, consciente de la gravedad del momento y en la seguridad de que las imágenes del presidente sentado ante un juez no sólo pasarán a la historia, sino que serán portada de los periódicos y aperturas de los informativos de televisión. Qué decir del uso que de ellas harán las redes sociales. Ya la víspera adujo razones de seguridad, por tratarse del despacho «personal» del presidente, para vetar que la sesión se retransmitiera en directo en la sede del juzgado, como suele hacerse en estos casos. Lo que saliese de allí lo haría en una maleta, no en una señal digital, por oficial que esta fuese.

Unos minutos antes de la entrada de Sánchez en la sala, las personas autorizadas han ido llegando al complejo de La Moncloa, donde los servicios de seguridad los atienden con trato exquisito. En el exterior, periodistas y cámaras de televisión conviven con un buen número de manifestantes críticos con el presidente del Gobierno. A medida que la comitiva judicial va llegando, son identificados y conducidos a las distintas estancias del edificio donde se encuentra la sala en la que se desarrollará el interrogatorio, en la primera planta de uno de los palacetes del complejo de La Moncloa. En el piso superior, en una habitación esperan el juez y el secretario judicial; en otra, al otro lado del pasillo, la abogada de la acusación popular; en medio, el personal de seguridad de La Moncloa vigila atento. En la planta baja, los abogados de las defensas. Hay un control absoluto.

Tras unos minutos de espera, todos ellos son trasladados a esa sala de vistas coyuntural. En la puerta –recuerda Castro–, les piden que entreguen los teléfonos y los portátiles, algo que no tienen por qué hacer pero sin embargo hacen. Al fiscal no le hace mucha gracia, pero accede. Es una situación extraña, pues letrados y fiscales acuden acompañados de sus dispositivos con total naturalidad. En los juzgados cada vez hay más ordenadores y menos papeles, –los técnicos se han llevado tres, uno es por si acaso– pero en la sala elegida en el palacio de La Moncloa toda precaución es poca: hay que reducir al máximo las opciones de que alguien más grabe lo que está a punto de pasar.

Acto seguido, se les presenta un documento de protocolo y seguridad. «Yo no lo firmé», explica Marta Castro: «Insistían en que era algo protocolario, que no tenía importancia, pero a mí me pareció que sí, que tenía mucha importancia. Lo que íbamos a celebrar era lo equivalente a una sala de vistas: era un acto procesal, no era un acto de La Moncloa. Esas actuaciones no están calificadas como alto secreto y forman parte de una causa que además tampoco tiene decretado un secreto judicial. Por tanto, tiene la misma prevención que tenemos que tener los abogados en cualquier causa».

El juez actúa exactamente como si estuviese en su sala, sita a seis kilómetros de allí. Da instrucciones al secretario para que se asegure de que estén bien las conexiones y de que todo se está grabando adecuadamente. Obviamente, la instalación se ha revisado antes, pero el juez quiere ser precavido. Esta cuestión es una de las que ha propiciado la queja de la defensa del presidente, que pretendía declarar por escrito y evitar la grabación.

Pasadas las 11 de la mañana, todo está preparado para llamar al testigo. La puerta está detrás del juez, a su izquierda. Pedro Sánchez es llamado a declarar. Se abre la puerta.

El presidente del Gobierno entra apresurado, recorre la sala y se sienta en la mesa de despacho enfundado en su traje azul.

–¿Saludó al entrar?– pregunta ABC a la acusación popular.

–No, no. No dio los buenos días, y eso me sorprendió, porque me parece una falta de educación tremenda. Es testigo, pero también es presidente del Gobierno de España.

El marido de Begoña Gómez se sienta ante la mesa de despacho, que no tiene frontal. Cruza los pies a la altura de los tobillos. Apoya las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Y en esa postura, hierático, va a permanecer durante el tiempo que esté allí. Todo se está grabando y cualquier gesto es interpretable. También la ausencia de ellos.

La letrada de la acusación observa al testigo. Es parte de su trabajo. Ver cómo reacciona a las preguntas, cómo se comporta. «Traté de cruzar la mirada en algún momento con él, y ni siquiera me miró; en ningún momento. En veinte minutos lo normal es que los testigos me acaben mirando. Begoña Gómez me miró, me miró inquisitiva, pero Sánchez ni eso. Y yo creo que puede ser o mucha tensión o también, quizá, pues como yo soy Vox, también eso influye». Marta Castro es consciente de lo que su partido representa para el líder del Partido Socialista y encuentra en él la misma actitud «de repulsa absoluta» que tiene cuando debate con Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados.

El interrogatorio no comienza inmediatamente. Cuando se dirige al presidente del Gobierno, el juez recurre a la fórmula habitual: se le explica cuáles son los delitos, cuál es la causa, quiénes están investigados y en concreto, alude a que están siendo investigados doña Begoña Gómez, don Juan Carlos Barrabés y don Joaquín Goyache. La pregunta: «¿Tiene usted relación de amistad o enemistad con alguna de estas partes o concurren en usted alguna circunstancia especial con ellas?».

El presidente responde por primera vez que sí, que con Begoña Gómez, que es su esposa. El juez plantea la segunda pregunta de rigor: ¿va usted a declarar a las preguntas que le haga el fiscal o las partes? El presidente del Gobierno anuncia que no va a responder porque se acoge a su derecho constitucional, recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: los testigos pueden no declarar contra su cónyuges. Es una de las pocas excepciones que establece la ley, pues los testigos tienen obligación de decir verdad, a diferencia de los investigados, que además de acudir con asistencia letrada pueden mentir.

El juez vuelve a dirigirse al testigo para preguntarle si en relación con los demás investigados tiene alguna aclaración que aportar, a lo que Sánchez vuelve a acogerse al citado artículo.

Se hace el silencio. Se acaba de producir un momento histórico: por primera vez en la democracia española, un presidente del Gobierno ha sido citado a declarar como testigo por un juez que está investigando a su mujer por delitos de corrupción. El juez comprueba una vez más que la declaración se ha grabado adecuadamente y anuncia el final de la actuación. Sánchez se levanta y se va por donde ha entrado.

El conjunto de la sesión ha durado pocos minutos, no más de veinte en total. A la escena han asistido siete personas, pero está inmortalizada. Las imágenes viajaron ese mismo día hasta la caja fuerte del juzgado en una «tarrina de DVD», como lo define una de las diligencias de la causa. Cuando salgan de allí, vivirán en el imaginario colectivo.

El abogado de Begoña Gómez aseguró minutos después que «el presidente estaba absolutamente tranquilo» y que la declaración había «durado exactamente dos minutos». La acusación popular lo vio de otra manera: «Altanero, muy soberbio, muy rígido. En realidad estaba muy tenso. Cuando tienes que tener tanto control sobre todos tus gestos estás mostrando tensión. No me extraña, su mujer está investigada, es normal. No está tranquilo, porque si estás tranquilo, primero declararías, y segundo tendrías una actitud colaboradora».

Preguntados por ABC, en Moncloa rehusaron comentar los detalles de la sesión. El letrado de Gómez y exministro Antonio Camacho la resumía así: «El juez le ha preguntado al inicio si tenía relación con alguno de los investigados, ha dicho que sí, y a partir de ahí le ha comunicado que tenía derecho a no declarar, se ha firmado el acta y ha terminado».

¿Y el juez? De nuevo las discrepancias. «Yo lo vi muy tranquilo, muy seguro y sin afectación por estar en Moncloa», explica Marta Castro: «Él quería practicar las diligencias con todas las garantías y con rigor». Unos minutos después, la Abogacía del Estado presenta una querella contra el juez Peinado por prevaricación. El querellante es Sánchez, pero no el marido de Begoña Gómez, sino el presidente del Gobierno. Esto también es la primera vez que sucede en democracia: el jefe del Ejecutivo querellándose contra un juez y utilizando para ello los servicios de la Abogacía del Estado.

«La querella de Sánchez tiene muy poco rigor, es absolutamente instrumental. Nos parece que es burda y que trata de poner piedras en el camino a la investigación», explica Castro, que considera que la poca colaboración de Sánchez y de Gómez es una prueba de culpabilidad y que no oculta su intención de pedir la imputación de Pedro Sánchez en el caso Begoña. Ya el jueves por la mañana, Vox responde al presidente presentando una querella en la que le acusa de usar «abusiva y arbitrariamente» la Abogacía del Estado.

Y, a la espera de algún día ver la grabación de Sánchez y, sobre todo, dando tiempo a que el Estado de derecho dé y quite razones, así transcurrió una sesión histórica en la que el Palacio de la Moncloa se convirtió, provisionalmente, en una sala de vistas.