Los funcionarios llevan la protesta por los salarios a Moncloa

La petición la ha presentado Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, que es el sindicato mayoritario en la Administración y el que ha asumido el liderazgo de esta reivindicación, que ya empieza a ser histórica al menos en lo que al acuerdo salarial se refiere.

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Susana Alcelay

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Exactamente, los funcionarios quieren que se les abone esa subida adicional del 0,5% que debería corregir la variación del IPC en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024), y añádase a esto el hecho de que, a pesar de que abril ha terminado, el Gobierno aún no ha aclarado cuál será el incremento salarial para este año.

Mientras tanto, los precios no dejan de subir -un 2,2% en abril según el INE-, y a falta de un nuevo acuerdo los empleados públicos no dejan de perder poder adquisitivo. Según CSIF, han perdido un 8,2% de capacidad de compra desde la firma del último acuerdo y casi un 20% desde la reducción salarial aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, en plena crisis económica.

Según cálculos del sindicato a partir de las retribuciones medias, la congelación de las nóminas retiene ya 1.200 millones de euros en sueldos de empleados de todas las administraciones.

En todo este tiempo la estrategia del Gobierno ha sido la de vincular la mejora retributiva a unos Presupuestos que cada vez parecen estar más lejos. De hecho, hace algo más de un mes, y para enfado de los funcionarios, el propio ministro de Función Pública, Óscar López, insinuó en un encuentro con Europa Press que el compromiso al que se llegó con los sindicatos -ese 0,5%- depende, o bien de una nueva partida presupuestaria o de una modificación.

Frente a esto, CSIF esgrime que el Gobierno podría aplicar ese medio punto por vía de Real Decreto Ley, como ya sucedió en 2020 y 2024. Es más, no hay ninguna duda de que el Ejecutivo podría utilizar ese mecanismo, pues es el mismo que se ha empleado para subir los sueldos de las Fuerzas Armadas, una decisión se tomó en pleno debate europeo sobre la necesidad de incremento del gasto en seguridad.

Además del alza salarial, hoy los funcionarios han insistido en viejas reivindicaciones. Piden una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición, la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, entre otras cosas.