La Fiscalía eleva al Supremo el 'no' del Banco de España a desvelar los beneficios del sector por los tipos altos

El caso tiene su origen en una solicitud de información de varios diputados de Sumar en el Congreso de los Diputados para que el Banco de España facilitara la «cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, con un desglose del pago individualizado para cada entidad». Se solicitaba una tabla desglosada por lo que ha recibido cada banco.

En esos años, el BCE elevó los tipos de interés al ritmo más rápido de su historia. Uno de esos tipos es el de la facilidad de depósito, que es lo que paga el BCE a las entidades financieras por depositar en la institución su dinero. Este tipo llegó hasta el 4%, con lo que los bancos recibieron hasta ese porcentaje por dejar 'durmiendo' sus fondos en el supervisor europeo. Se consideraba dinero fácil para las entidades financieras que obtenían un rendimiento por su dinero de hasta ese porcentaje, según el momento, y que fueron calificados por la coalición de Gobierno de PSOE y Sumar como beneficios extraordinarios.

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El Banco de España, dirigido entonces por Pablo Hernández de Cos, denegó en una resolución remitida al Congreso el acceso a la información individualizada debido a que se trataba de información sujeta a obligación de secreto profesional. Y Sumar optó por llevar el caso a la Audiencia Nacional. El supervisor español sí que dio «una tabla con los importes de intereses abonados por el Banco de España a las entidades españolas bajo la facilidad de depósito en los años 2022 y 2023, así como los saldos mantenidos con las referidas entidades», pero denegó facilitar la información relativa al «desglose individualizado para cada entidad».

La Audiencia Nacional desestimó las pretensiones del grupo parlamentario para torcer el brazo al supervisor español y ahora la Fiscalía ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo. «Se cuestiona el derecho fundamental de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios, de acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos (art. 23.2 de la Constitución), en su vertiente de acceso a la información de los poderes públicos, por no entregar a los diputados del Congreso la información solicitada al Banco de España conforme al Reglamento de la Cámara», indica la Fiscalía en un comunicado.

En su recurso, el Ministerio Público indica que «la sentencia recurrida desestima sin hacer ningún juicio de proporcionalidad entre el contenido y efectividad del derecho fundamental del art. 23.2 CE de los diputados del Congreso y la limitación denegatoria derivada de la medida instrumental de obligación de 'secreto' y del 'carácter reservado los datos, documentos o informaciones' que obran en poder del Banco de España».

El recurso indica que la sentencia desestimatoria «no valora, como se alegó, que en esa exigible motivación reforzada derivada del necesario juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y adecuación), los diputados están obligados a 'no divulgar las actuaciones' que 'puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas' (art. 16 RCD); así como tampoco que, para el supuesto de 'acceso de las Cortes Generales a la información sometida a la obligación de secreto', pueda hacerse, previa solicitud motivada del gobernador del Banco de España, mediante 'la celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas'». Es decir, que De Cos habría tenido formas de dar acceso a la información.

La Fiscalía también critica «que no consten y se desconozcan las razones sustantivas y concretas que justifican la 'obligación de secreto' y la denegación de acceso a la información; esto es, las razones por las que pudiera considerarse que facilitar la información solicitada por los miembros del Congreso de los Diputados, relativa al desglose individualizado de las cantidades pagadas por el Banco de España en 2022 y 2023 a las entidades de crédito por intereses de depósitos, pueda perjudicar en la actualidad (2024-2025) a los fines y objetivos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y en particular a la 'política monetaria – facilidad de depósitos', máxime cuando parte de las entidades financieras beneficiarias ya han hecho 'públicos los datos que individualmente las afectan'».

El Ministerio Público, así, es claro al destacar que «no basta una simple motivación» para denegar acceso a la información sino que debe estar fundada, «en el sentido de valorar si se produce una afectación grave y desproporcionada respecto de otros derechos fundamentales o bienes protegidos por nuestra Constitución, ya que solo razones convincentes pueden justificar el sacrificio del derecho del art. 23.2 CE, en cuyo núcleo esencial se integra la facultad parlamentaria de solicitar la información requerida».

Incluso, va más allá en su escrito al comentar que la resolución del gobernador del Banco de España «se limita a ofrecer una justificación formal y superficial» y que «en nada se motivan en la resolución –ni tampoco se intuyen- las razones sustanciales y concretas» para rechazar la petición de información de los diputados.