Baleares quiere restringir la compra de viviendas a extranjeros

Este miércoles, el Parlamento balear aprobó una moción presentada por Més per Menorca, por la que el Ejecutivo balear se compromete a estudiar durante tres meses la limitación de compra de inmuebles por parte de extranjeros. «Se insta al Gobierno de España y al Gobierno autonómico a que constituyan un grupo de trabajo para estudiar el impacto real que tienen esas operaciones sobre los precios de la vivienda, y la posibilidad jurídica de que se pueda establecer algún tipo de limitación o de condición», detalla Eduardo Robsy, director general de la conselleria balear de Vivienda.

En Baleares, una de cada tres compraventas en Baleares está hecha por ciudadanos del extranjero, principalmente procedentes del Reino Unido, Alemania y Francia. Hace 20 años se centraban exclusivamente en las viviendas de lujo pero ahora están comprando pisos y casas de nivel medio, que se convierten en inasequibles para los residentes porque los precios se han disparado. « Aquí es cuando empezamos a tener el problema », apunta la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y de la Asociación API Baleares, Natalia Bueno, que no ve «descabellada» la propuesta de limitar la compra de viviendas a extranjeros en las Islas.

Critica que el Estado es el primero que vende sus propiedades « al mejor postor » y no empiece la autolimitación por él mismo. Hace poco Natalia acudió con un cliente a una subasta pública de inmuebles. Antes de entrar, un alemán le advirtió de que se lo iba a quedar todo. Efectivamente, pujó ofreciendo precios por encima del mercado y se lo llevó. «Se quedó incluso un piso en Son Gotleu, el peor barrio de Palma, pagando una cifra desorbitada», relata sorprendida. Su cliente, un mallorquín que optaba a una primera vivienda, y otros residentes de las Islas se quedaron sin posibilidades.

«Cuando hay una subida de precios inmobiliarios en un segmento concreto del mercado, por ejemplo el lujo, ese efecto arrastra el resto del mercado y suben también los precios del sector medio », apunta Robsy. Este efecto, sumado a la alta presión demográfica y a la limitación del suelo de las Islas, entre otros factores, está tensionando el mercado hasta el punto de que cada vez más personas necesitan un sitio para vivir, los precios son más inaccesibles mientras el parque de viviendas no crece al mismo ritmo.

El Ejecutivo liderado por la socialista Francina Armengol es consciente de que no tiene competencia directa para establecer limitaciones en este sentido y que incluso «superan el ámbito decisorio del Gobierno de España». En el caso de los ciudadanos comunitarios, «se podría establecer algún tipo de restricción pero lo tendría que autorizar la Comisión Europea», avanza Robsy, que ve más viable aplicarlo a ciudadanos extracomunitarios, como es el caso de los británicos, aprovechando que Reino Unido no forma parte de la UE y que Baleares tiene mucho turismo residencial de este país. «Quizás sí se podría establecer alguna limitación pero esto es un ámbito que corresponde a la política exterior de España y la competencia exclusiva es del Gobierno del Estado. De ahí el interés de explorar de forma conjunta la magnitud de la situación que vive en Baleares y las soluciones».

Para Més per Mallorca, lo importante de la moción de este miércoles es que pide que se siente también el Gobierno de España porque consideran «que tiene el marco competencial para llevar a cabo esta medida», explica el diputado de Més per Mallorca Josep Ferrà, que reconoce que no sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez está por la labor pero advierte de que si no acepta sentarse, será el gobierno balear quien tome medidas «unilateralmente». Robsy matiza: «Cuando la moción habla de que si el Estado no participa se hará de forma unilateral se refiere a ese estudio, no a la aplicación de una normativa de forma directa porque sabemos que no somos competentes en ese sentido».

Més per Mallorca propone quitar todos los incentivos de compra a los extranjeros y apunta directamente a la Golden Visa, una normativa aprobada por el PP en 2013 que «premia» con el permiso de residencia a los extranjeros que adquieren una casa en España por valor de más de 500.000 euros y que puede fomentar la residencia en España de personas con capitales de dudosa procedencia.

«En 2021, más de 1.000 rusos [en toda España] se acogieron a esta medida que, además de aumentar la presión asistencial, es clasista», denuncia Josep Ferrà, que argumenta que en los años 90 el capital extranjero se limitaba a comprar las casas de lujo como «posesiones y chalets de alto standing » pero hoy la fiebre de la compraventa ha alcanzado las viviendas y pisos de la clase media, agravando un problema ya existente.