Baleares pregunta a Bruselas si puede limitar las compras de vivienda a los no residentes

En Baleares, una de cada tres compraventas está hecha por ciudadanos del extranjero. Es, además, la comunidad con el metro cuadrado más caro de España, donde más han subido el precio de las casas y la firma de hipotecas y está en el podio de los territorios en los que los alquileres están por las nubes

La propuesta de limitar la compraventa de viviendas a no residentes en el archipiélago parte de Podemos, que trata de afianzar a sus votantes con un tema muy sensible para su electorado. La formación morada planteaba limitaciones mucho más radicales, consciente de que la vivienda -y en general cualquier tema donde pueda vender como excesivamente moderados a sus socios del PSOE - son bazas para mantenerse en el poder otra legislatura.

Por su parte, el PSOE siempre se ha negado a esta limitación y aduce que la Unión Europea no aceptará restringir así el mercado de la vivienda. Además, el Gobierno español tampoco está por la labor.

Pero la insistencia de sus socios y las necesidades electorales han forzado un acuerdo de mínimos, que consiste en «impulsar coordinadamente con el Gobierno del Estado y las instituciones de la Unión Europea una ley que contemple las medidas necesarias que permitan restringir la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes con el fin de evitar la especulación actual en torno a la vivienda».

Este pacto rebaja las primeras aspiraciones de Podemos, que había exigido que el Govern declarara de forma unilateral una nueva normativa para fijar la restricción sin contar con el beneplácito de España y de Europa. La propia portavoz del PSIB reconoció que esta propuesta era «engañar a los ciudadanos» al dar a entender que el ejecutivo tenía competencias para legislar sobre ello.

«Cualquier persona que sabe de leyes era consciente de que una normativa autonómica que no esté consensuada con el Estado y la Unión Europea está abocada al fracaso«, reprochó el diputado socialista Joan Ferrer dejando en evidencia a Podemos.

Aunque el PSOE balear lo veía inviable, finalmente acabó votando a favor de la iniciativa tras pactar con los morados una enmienda en busca de un posible «encaje legal» en la normativa estatal y europea con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez y de la UE.

Eso pese a que hace sólo una semana, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazaba de forma taxativa tales pretensiones utilizando los argumentos de la UE, recordando que cualquier restricción «por razones de orden público o de seguridad pública debía ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria».

Aun así, Podemos sigue alimentado la idea de que existe una posibilidad «real» en contextos de alarma social o interés general que permite arbitrar excepciones a reglas generales.

Alcanzado este acuerdo de mínimos, Podemos insiste en su relato de empuje izquierdista frente a su socio «conservador», mientras que el PSOE evita quedarse fuera de un debate que, pese a arrancar en la vertiente más radical del Govern, puede acabar calando sin problema a todo el Ejecutivo, algo que ya ha pasado en otros temas como el catalán.

Mientras tanto, el sector ha estallado. La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI) advierte de que limitar y prohibir no solucionaría la falta de vivienda sino todo lo contrario, ya que provocará la fuga de posibles inversores, el abandono de trabajadores peninsulares, o de cualquier otro territorio, ante la imposibilidad de adquirir una vivienda por llevar menos de cinco años residiendo en Baleares.

ABINI ya se pronunció sobre esta medida -que lleva sobre la mesa desde hace un año- y recordó que va en contra del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que prohíbe «todas restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países».

Las inmobiliarias acusan al Govern de Armengol de vender un discurso «irreal, estéril y que lleva al engaño, ya que prohibir la compra a no residentes tiene unas connotaciones excluyentes, no sólo para extranjeros sino también a nacionales.

ABINI pide «responsabilidad» a los partidos políticos y proponen un pacto de Estado, con una planificación realista y alejada de los vaivenes políticos para las siguientes dos décadas. «Queremos colaborar con la Administración para aportar ideas que mejoren el acceso a la vivienda, queremos que se nos escuche porque nuestra pretensión no es consumir más territorio sino modernizar y crecer en vertical a la vez que queremos que se aprovechen espacios en desuso o infrautilizados. Pensamos que Baleares puede ser referente a nivel internacional de un urbanismo moderno y respetuoso con el medioambiente en un contexto de presión humana. El equilibrio es posible si nos centramos en soluciones que han demostrado que funcionan», reclama.