Escrivá obliga a los funcionarios a atender a 15 personas al día para cobrar productividad

Desde Seguridad Social se aseguró a este diario que la orden de acelerar la entrada del personal en las centros de atención no se ha producido desde los servicios centrales y también puntualizaron que la demora actual de hasta tres meses en la gestión de una pensión está dentro del plazo legal para resolver los expedientes en la Administración, que es de 90 días. Lo que no reconoce el organismo que dirige el ministro José Luis Escrivá es que hace no muchos años este reconocimiento se producía en apenas ocho días. «¿Cómo vamos a tener a una viuda esperando a recibir una pensión tres meses?», aseguran las fuentes consultadas.

Como explicó ABC, el atasco en la gestión de prestaciones en la Seguridad Social ha generado una ola de descontento, que se refleja en el alud de quejas puestas en esta administración. Durante la pandemia se han triplicado las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%, según documentos internos del organismo público. De las 934 registradas en 2020 se ha pasado a 2.966 a finales de 2022, ejercicio en el que los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social no pudieron atender casi cuatro millones de llamadas.

Para aligerar los trámites y, con ello, evitar el tsunami de malestar que recorre el país, la Seguridad Social busca acortar los plazos de atención y de gestión de las prestaciones. Para lograrlo, ya está premiando a los funcionarios; ha elevado el listón en algunos casos de los puntos que deben reunir para recibir el plus de productividad, que es percibido mensualmente y se ajusta cada semestre, cuando es liquidado.

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La Administración que gestiona las pensiones fija para estos empleados unos objetivos de trabajo, y cuantos más puntos obtengan, más sueldo perciben. Si, por el contrario, no cumplen esas metas, el funcionario tendrá que devolver lo recibido a cuenta, aunque, en la práctica, nunca se ha dado el caso, según explican las fuentes consultadas por este diario.

Entre los objetivos que se han establecidos para el primer semestre del año hay algunas novedades respecto a los seis meses anteriores. Las modificaciones están encaminadas, fundamentalmente, a reducir esos tiempos de atención y de apertura y gestión de un expediente de jubilación y algunas otras modificaciones relacionadas con la satisfacción de los ciudadanos.

Más al detalle, en los pliegos se incluye un incremento de los niveles de atención directa en los centros de atención de información de la Seguridad Social (Caiss), que se sitúan en al menos 15 personas por empleado y día. «Cuesta cada vez más llegar al cumplimiento básico de las instrucciones de productividad», aseguran las fuentes consultadas por este diario después de recordar la merma de efectivos en el instituto de previsión en los últimos ejercicios.

En diez años la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 efectivos y hoy la edad media es de 60 años. Hay 10.000 trabajadores menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, que tienen que gestionar y administrar todas las prestaciones que abona el sistema público, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital (IMV).

Este escenario es responsable directo del tapón que existe en la gestión; lo que antes se tramitaba en cuestión de unos pocos días, ahora necesita meses, con el problema añadido de que pedir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social es prácticamente una misión imposible. Los teléfonos están bloqueados y es preciso dedicar tiempo a la gestión telemática, que no está al alcance de todos, especialmente de los mayores.

La angustia que viven los afectados les lleva a acercarse a las oficinas para reclamar ayuda de los funcionarios con las citas o con las prestaciones, o a recurrir a una gestoría, con el desembolso económico que supone, para intentar acelerar el proceso de cobro de una pensión de jubilación, de viudedad, de cobrar una ayuda por hijo o percibir el IMV, entre otras prestaciones.

Desde el departamento que dirige el ministro Escrivá reconocen a este diario que existe «un problema con la fuerte pérdida de plantilla», pero achacan el déficit de personal a una situación heredada. Aseguran que «se está tratando de revertir» y recuerdan que en la oferta de empleo público de 2022 se aprobaron más de 1.600 plazas para la Seguridad Social. El problema es que estos efectivos aún no se han incorporado a las oficinas, según explican las fuentes consultadas.

Acortar los tiempo de atención es clave para esta administración, teniendo en cuenta que son muchos los ciudadanos que están esperando su turno. En una circular interna se insta a la plantilla a reducir el tiempo de atención al ciudadano a 10 minutos en el mayor número de servicios y nunca sobrepasar los 15 minutos que fijan como tiempo máximo. Y en los objetivos de productividad para el semestre tiene mayor peso en la puntuación para lograr el plus mensual recortar los plazos de resolución de prestaciones por jubilación, muerte y supervivencia y por incapacidad permanente.

Algunos de los objetivos de trabajo son nuevos para los funcionarios, como alcanzar una nota del 8,2 en la encuesta sobre la valoración que hacen los ciudadanos sobre el tiempo de espera hasta ser atendidos por los empleados de la Seguridad Social. Y otros desaparecen, y ya no puntuarán para percibir el plus de productividad. Es el caso de la valoración general sobre la atención recibida en las oficinas del instituto, que en el segundo semestre del pasado ejercicio debía alcanzar una puntuación del 8,70.