Las empresas optaron por no acudir a uno de cada diez contratos licitados por el Estado en 2023

La información ofrecida no permite calcular el monto agregado que supusieron los contratos públicos que quedaron sin desarrollar por no haber conseguido atraer a ningún potencial adjudicatario, pero el impacto se cuenta como poco en cientos de millones de euros a juzgar por los datos proporcionados por la patronal de la Construcción, CNC, que hace apenas unos meses estimó en 883 millones de euros la inversión paralizada por las cerca de 2.000 licitaciones que quedaron desiertas en el ámbito de las obras de construcción.

El fenómeno se ha recrudecido con el despliegue de los fondos europeos, alentando las dudas respecto a la adecuada orientación de los proyectos elegidos, muchos de los cuales están teniendo dificultades para despertar el interés del tejido empresarial doméstico como se está viendo de forma particular en los proyectos estratégicos de inversión, los célebres Perte.

No se puede decir que las administraciones no estén avisadas de los motivos por los que las empresas no acuden a las licitaciones públicas. La espiral inflacionista ha desencadenado un sinfín de problemas entre las administraciones, especialmente el Estado, y sus contratistas por la negativa del sector público a actualizar los parámetros previstos en los pliegos de acuerdo con los sobrecostes que la subida de los precios o el encarecimiento de la prestación de los servicios por medidas regulatorias como las subidas del Salario Mínimo han generado a las empresas.

Muchas empresas afectadas por esta situación y que han tenido que prestar los servicios contratados con márgenes escuálidos o incluso a perdidas se lo piensan ahora dos veces antes de acudir a una licitación y optan por no hacerlo si consideran que los pliegos no les protegen lo suficiente ante las variaciones de esa naturaleza que se puedan producir, según admiten fuentes de varias patronales sectoriales muy vinculadas a la contratación pública.

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Bruno Pérez

La magnitud del asunto, que ha dado lugar a un fuerte incremento de la litigiosidad en la contratación pública, ha ascendido a la categoría de problema en el ámbito del diálogo social, con CEOE y en muchos casos los sindicatos de determinados sectores presionando al Gobierno para que se avenga a modificar la Ley de Desindexación, que regula la desvinculación de los contratos públicos de las fluctuaciones de los precios para evitar alimentar los temidos efectos de segunda ronda de la inflación.

Con todo, el ámbito en el que este problema de las licitaciones desiertas se ha manifestado de forma más agravada es en el de las concesiones públicas, donde cerca de un 18% de las convocatorias han quedado desiertas. La falta de interés del actual gobierno del Estado por esta fórmula de colaboración pública privada no solo ha reducido de forma drástica las licitaciones públicas de servicios bajo este sistema, sino que los escasos procesos que se impulsan se hacen bajo unas condiciones inasumibles para los potenciales concesionarios.

Las cifras recabadas por Oirescon hablan de números récord en la contratación pública en España. En 2023, y al calor de los fondos europeos, las administraciones públicas licitaron 196.763 contratos -no llegaban a los 100.000 hace apenas un lustro- por un valor agregado de cerca de 110.000 millones de euros, alrededor de un 8% del PIB. El valor de la adjudicaciones realizadas el año pasado fue algo inferior, superando levemente los 78.000 millones de euros.

El Plan de Recuperación ha incrementado de forma exponencial el peso del Estado en el conjunto de la contratación pública que se hace en España, alcanzando el año pasado un porcentaje de licitaciones equivalente al 36% del total, cerca del 40% que licitaron las comunidades autónomas, que por otra parte ejecutan más del 50% del gasto público.

Los datos de contratación pública atestiguan la escasa concurrencia de empresas a las licitaciones públicas. El número medio de aspirantes por contrato no llegó a tres, en tanto que el tiempo medio de resolución de los procedimientos entre que se licita un contrato y se adjudica supera los cuatro meses: 125 días.